CAMARA INDISCRETA

Desde un comienzo la atmósfera estaba cargada. Todos los observadores sabían que la cita del martes 5 de diciembre en el salón elíptico del Capitolio Nacional iba a ser definitiva. Se trataba, ni más ni menos, de votar el articulado del proyecto de reforma constitucional que había venido sufriendo constantes modificaciones. De estas, la más trascendental había sido la hecha la semana inmediatamente anterior, cuando en la Comisión Primera de la Cámara se incluyó sorpresivamente la extradición dentro del temario del referendo.

Ese gol, que en su momento produjo una dura reprimenda del ministro de Gobierno, Carlos Lemos, a los parlamentarios, volvió a discutirse el martes. Pero no sin antecedentes.
Horas antes de que comenzara la sesión en la Cámara, el ex presidente Julio César Turbay y los precandidatos liberales--con excepción de Hernando Durán Dussán y Alberto Santofimio--se reunieron en el Palacio de Nariño con el ministro Lemos para planear en frío lo que iba a ser una tarde caliente. De tal manera, se acordó en principio cambiar toda la estrategia de la reforma por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, al tiempo que se aceptaba salvar del actual proyecto la modificación del artículo 218 de la Constitución Nacional, con el fin de convocar un referendo para aprobar la circunscripción especial para la paz. La estrategia no sólo le había parecido buena a los precandidatos, sino que, además, la clase política parecía estar de acuerdo. El ex presidente Turbay aseguró que había hablado con el presidente de la Cámara, Norberto Morales Ballesteros, quien se había comprometido a aplazar la votación para permitir que se siguieran haciendo contactos con los sectores liberales y conservadores del Congreso.

Pero cuál no sería la sorpresa de quienes creían que la iniciativa iba a funcionar, cuando en lugar de posponer la votación, Morales Ballesteros, apoyado por un nutrido grupo de parlamentarios, abrió la votación del proyecto. Sin que hubiera tiempo para que los opositores del texto pudieran hablar, el articulado comenzó a ser votado inmediatamente. El espectáculo se tornó bochornoso. Entre silbidos, gritos e insultos, el texto de la reforma fue aprobado. Lejos de mantener una actitud independiente el propio Morales Ballesteros lideró el bando de los rebeldes. Incluso, diferentes testigos afirmaron que este llegó a depositar varias balotas para influir en el resultado de la votación.
Al día siguiente la indignación del gobierno fue evidente. Pocas horas después del atentado dinamitero contra el DAS, el ministro Lemos Simmonds, le dijo a los periodistas: "Esta es la respuesta que el narcotráfico le da al sí de la Cámara a un proyecto envenenado con un fuerte tóxico: el de la consulta sobre la extradición ".

Frases como esa confirmaron el rompimiento de las relaciones entre el gobierno y el Congreso, el cual no se quedó atrás. Morales Ballesteros sostuvo que "el gobierno tiene sus propios sicarios que nos amenazan y hostigan hasta a nuestras familias. Si algo nos pasa será culpa del gobierno".

El episodio no acabó ahí. Impotente al ver la rebelión de su partido, el ex presidente Turbay amenazó con renunciar a la dirección liberal, anotando que "uno debe irse de la fiesta cinco minutos antes de que lo echen".
También Morales Ballesteros anunció su retiro de la dirección alterna del partido de gobierno.

Semejantes hechos produjeron la reacción de los precandidatos liberales, quienes en compañía del propio Turbay empezaron a buscar fórmulas de arreglo. Al final de la semana había tres escenarios posibles. El primero, que el Senado apoyara lo aprobado por la cámara, lo cual, sin embargo, era visto como poco probable. En esa eventualidad, el gobierno dejó en claro que el Presidente se abstendria de aprobar la reforma.

La otra alternativa --propuesta por algunos miembros de la Comisión Primera del Senado--consiste en salvar el proyecto, sin el referendo sobre la extradición, pero con la intención de convocar un nuevo referendo para el mes de agosto de 1990, cuyo temario sería definido por el próximo Congreso. Finalmente, está la posibilidad de que la reforma se hunda. En ese caso, el gobierno debería "revolar en cuadro" para mantener la paz con el M-19, lo cual habría precipitado la crisis de gobernadores del jueves pasado, buscando al ente de los departamentos personas que garanticen la limpieza del proceso electoral.

Pero, independientemente del resultado, lo sucedido la semana pasada demuestra no sólo las limitaciones del Congreso, sino las del mismo gobierno a la hora de manejar a su propio partido. Tal como le dijo a SEMANA un parlamentario liberal, "en este asunto hemos pecado todos".
Pero lo que pocos comprendían al final de la semana pasada es por qué también en materia constitucional deben acabar pagando los colombianos justos por los legisladores pecadores.-