Cámara indiscreta

En las principales ciudades de Colombia diariamente son atracadas 73 personas, 40 residencias son asaltadas y 82 carros son robados. Según los informes de criminalística de la Dirección de Investigaciones Judiciales de la Policía Nacional —Dijin—, 67 personas resultan heridas cada día. Durante el año pasado 600 entidades bancarias fueron asaltadas, dejando como resultado 17.000 millones de pesos robados. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país por cada 100.000 habitantes se cometieron 73 homicidios en el año 2000 por delitos comunes, mientras que en todo el continente la tasa de asesinatos por esta causa tan sólo llegó a 16. Estas estadísticas simplemente dejan al descubierto, una vez más, el problema grave que enfrenta el país: la delincuencia común. La compleja situación de orden público, los problemas de guerrilla, paramilitares y narcotráfico se han llevado toda la atención, dejando de lado el verdadero azote de los ciudadanos. Las cifras del Instituto de Medicina Legal revelan que en el país un colombiano es asesinado cada 20 minutos por la delincuencia común. Un estudio adelantado por Edgar Trujillo, de la unidad de análisis macroeconómico del Departamento Nacional de Planeación, estimó que en el último lustro el país perdió, sólo en términos de capital humano, el 6,20 por ciento del PIB como consecuencia de los asesinatos relacionados con la delincuencia común. La situación de inseguridad llevó a que tan sólo una compañía de seguros, La Previsora, tuviera que cancelar 2.300 millones de pesos en indemnizaciones por robos y atracos a sus afiliados en el primer semestre del año pasado. Grabando, grabando… Frente a este panorama la pregunta que muchos ciudadanos se hacen a diario es qué puede hacer el Estado para combatir eficazmente este fenómeno. Programas como las escuelas de seguridad ciudadana, los frentes organizados de vecinos, la ley zanahoria y el desarme de los ciudadanos, sin duda, han contribuido a mejorar las estadísticas de seguridad con relación a años anteriores. Sin embargo estos programas no son suficientes para mantener lejos y, sobre todo, detener a los atracadores o ladrones de carros. Es por esto que la Policía Nacional y la Fiscalía han recurrido a las que se han convertido en una herramienta muy eficaz para combatir la delincuencia común: las cámaras. “El video se ha convertido en un apoyo tecnológico fundamental para mejorar la vigilancia en las grandes ciudades”, afirmó a SEMANA el subdirector de la Policía Nacional, general Alfredo Salgado. En el país sólo el 35 por ciento de los casos de atracos y robos son denunciados. El engorroso proceso de instaurar una denuncia o el temor a represalias hace que los ciudadanos no acudan a denunciar a los asaltantes. Esto impide que la Policía pueda capturarlos y la Fiscalía judicializarlos, lo que representa que los delincuentes continúen en las calles. Para contrarrestar este fenómeno la Policía, apoyada por la Fiscalía, ha optado por filmar a los atracadores. “Al grabar a los delincuentes cometiendo un delito ese video se convierte en una prueba fundamental para los fiscales, quienes pueden ordenar las capturas y judicializar a los delincuentes”, afirma Salgado. Según estimativos de las autoridades esta metodología ha permitido que el nivel de impunidad en los delitos comunes disminuya en cerca de 30 por ciento en el país. De acuerdo con los reportes de Medicina Legal y la Policía Metropolitana durante el año pasado en la capital de la República las muertes violentas disminuyeron en 9,9 por ciento respecto a 1999 y los delitos de impacto social —robos, asaltos y atracos, entre otros— decrecieron en un 18 por ciento. Para la Policía es claro que gran parte de esta reducción se logró gracias al uso del video como herramienta judicial, lo que ha permitido desvertebrar y encerrar numerosas bandas de atracadores. “El video es una prueba demasiado contundente para que los delincuentes nieguen sus acciones”, afirma el general Salgado. La idea de utilizar los videos como pruebas judiciales realmente no es nueva. Nació hace cinco años en Medellín cuando la Policía instaló las primeras 100 cámaras ocultas. Sin embargo lo importante y lo novedoso es que su empleo y su efectividad se están ampliando. En Bogotá existen 33 cámaras y otras 100 serán instaladas en las próximas semanas; en Bucaramanga un buen número entrarán en funcionamiento en febrero. La eficacia ha sido tan alta que la Policía espera instalar varias en las principales ciudades del país en los próximos dos años. Como complemento se ha optado por ampliar el uso del video. Es así como tan sólo en Bogotá 200 policías que recorren las calles están equipados con cámaras de video portátiles que les permiten realizar seguimientos y cubrir zonas en donde no existen cámaras fijas. El video, sin duda alguna, no será la solución definitiva. Sin embargo lo que es evidente es que día a día será de mayor importancia como herramienta contra la delincuencia común.