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El jueves pasado, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la reforma política, en la Casa de Nariño. Lo acompañaron el ministro del Interior, Germán Vargas, y los directores de los partidos políticos. Según Santos, con esta reforma buscan una política “más ordenada y transparente”.

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¿Cambiará la política?

Aunque las leyes no necesariamente cambian las costumbres, la nueva reforma política incluye modificaciones drásticas para los candidatos, las campañas, las elecciones y, sobre todo, los partidos. SEMANA explica los más importantes.

16 de julio de 2011

La ley estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos -la segunda reforma política en ocho años-, sancionada por el presidente la semana pasada, es un avance importante hacia una política más transparente y ordenada y hacia un régimen de partidos más sólido en el país. La norma entra en vigor justo cuando empieza el proceso electoral hacia los comicios de octubre. Según varios expertos consultados por SEMANA, es difícil y riesgoso cambiar las reglas en medio del juego, y hay varios temas que han despertado incertidumbre y cuyo impacto podría ser mayúsculo si llegaran a aplicarse para estas elecciones -una perspectiva poco probable, pero que afectaría una eventual candidatura de Antanas Mockus, cambiaría las reglas con las que Gina Parody y Gustavo Petro han recogido firmas para inscribirse y complicaría las listas de los partidos, que tendrían que incluir un 30 por ciento de mujeres entre sus candidatos, entre otros eventuales problemas.

En principio, la incertidumbre debe resolverse esta semana. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió un concepto al Consejo de Estado sobre los temas espinosos, cuya respuesta se espera en estos días. El Consejo Nacional Electoral (CNE), al que le corresponde reglamentar y aplicar la reforma, la tiene bajo estudio. Y el registrador Carlos Ariel Sánchez no es partidario de aplicarla en estas elecciones, pues cree que eso afectaría el derecho de participación de todos los candidatos.

Sean cuales fueren las decisiones, lo claro es que desde ahora en la política han cambiado las reglas de juego. No todo vale y, ahora más que antes, el que la hace, la paga. Estos son los cambios más importantes en la vida política de Colombia:

¿Más mujeres, mejor política?

La reforma incluyó la polémica 'discriminación positiva' en favor de las mujeres: en adelante, en todas sus listas de candidatos a concejos, asambleas y Congreso, los partidos deberán incluir una cuota femenina del 30 por ciento. La norma pone sobre el tapete un importante debate. Unos alegan que no hay tantas mujeres en política y que la obligación de incluirlas llevará a poner a muchas de 'relleno' en las listas. Otros, en cambio, creen que sí las hay, pero las directivas de muchos partidos, por machismo, no las promueven. Otros más ven la cuota como un mal necesario para incentivar la participación de las mujeres en la política. Y hay hasta quienes alegan que, como el texto de la ley dice "géneros" y no "mujeres", en ese total deberían contarse homosexuales o transexuales. En todo caso, con polémica o sin ella, ya hay una norma para tratar de acercar el día en que haya mucho más de 30 por ciento de mujeres en la política por decisión propia.

Tecnología de punta

Colombia salta al primer mundo en materia de identificación de los votantes: aun sin voto electrónico, que solo será implementado en 2014, la reforma manda utilizar el mecanismo de identificación biométrica (verificar que la huella digital de la cédula coincida con su versión digitalizada en una base de datos). La Registraduría ya tiene las cédulas y las huellas correspondientes de los ciudadanos en una base de datos, y los recursos para comprar los aparatos que demanda el nuevo sistema deberán proveerse antes de 2014. De Cundinamarca a Dinamarca en materia de identificación de votantes: ahora será más complicado que los muertos voten o que la misma persona lo haga varias veces.

Conmigo o sin mí...

Desde ahora queda expresamente prohibido pertenecer a más de un partido simultáneamente, pues la reforma hace un gran esfuerzo por reglamentar y evitar la doble militancia. Todo miembro de un partido que quiera ser candidato por uno distinto debe renunciar a su partido original con 12 meses de anticipación. Si no lo hace, incurrirá en doble militancia, cuya sanción es la revocatoria de la inscripción. También se considera doble militancia que los directivos de los partidos apoyen a candidatos que aspiran por otra colectividad. Por último, quienes resulten elegidos deben mantenerse en su partido original mientras ocupan el cargo. Es decir, el puesto pertenece al partido más que al particular. La disciplina partidista ahora es en serio.

Cambia la financiación estatal…

Por primera vez se establece que la ayuda estatal se entregará en porcentajes ligados a varios criterios que, en general, benefician a los partidos más grandes. Solo el 10 por ciento de los recursos estatales será distribuido entre todos los partidos con personería, y otro tanto premia la inclusión de mujeres y jóvenes. La parte del león se repartirá de acuerdo con la votación: el 65 por ciento proporcionalmente a las curules obtenidas en la elección anterior y otro 15 por ciento solo entre los partidos que hayan superado el umbral del 3 por ciento en esa elección. Medidas que, obviamente, hacen más ricos a los partidos más grandes.

También por primera vez se autorizan los anticipos de dinero estatal a los candidatos, y su cuantía se liga al resultado obtenido por el partido en la elección anterior al mismo cargo, lo cual también beneficia a los partidos grandes.

…Y se pone en cintura la privada

En cuanto a la financiación privada de campañas, ningún particular podrá contribuir con más del 10 por ciento del total del tope de gastos, que será fijado anualmente por el Consejo Nacional Electoral. Dueños de empresas de suerte y azar y contratistas que reciban más del 50 por ciento de sus recursos del Estado no podrán aportar a ninguna campaña. Ahora, personajes como Enilse López, 'la Gata', y otros de su estirpe la tendrán más difícil.

Partidos, a caminar derecho

De un régimen de sanciones ambiguo y en el que las autoridades electorales se pasaban la bola sin atreverse a castigar a los partidos y sus directivos se pasa a un catálogo de sanciones claras y de responsables para aplicarlas.

Los partidos tienen dos años para ajustar sus estatutos e incluir sanciones a sus directivos, que van de la amonestación a la expulsión por diversas faltas. Los partidos estarán obligados a sancionarlos por permitir financiación de fuentes prohibidas, violar topes e inscribir a candidatos inhabilitados, condenados, que hayan cometido delitos o estén relacionados con grupos ilegales. Serán responsables si candidatos de su partido, electos o no, cometen delitos. Y será obligatorio sancionarlos cuando cometan delitos contra la administración pública. Aunque queda el interrogante de qué pasará en el lapso de dos años mientras se ajustan los estatutos, más de un director de partido ya mira con lupa los avales que entrega.

El CNE puede suspender a los partidos la financiación estatal, revocarles el derecho de inscribir candidatos, cancelar su personería jurídica y decretar su disolución. Por primera vez, los partidos serán responsables por sus congresistas condenados. Se les restarán los votos de cada padre de la patria en esa situación y si debido a eso quedan por debajo del umbral, perderán su personería jurídica.