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| 8/9/2014 2:30:00 PM

Cambio de ritmo en el proceso de paz

Acaban de crear una comisión para discutir la dejación de armas y el cese al fuego. Y por otra parte, la Corte Constitucional le dio vía libre al Marco Jurídico para la Paz.

En medio del escepticismo que han despertado los atentados y declaraciones de la guerrilla y las advertencias del presidente, la negociación entre el gobierno y las Farc recibió dos empujones que pueden mejorarle notablemente el ritmo y despejar el camino para algunos de los temas más espinosos. 

El martes 5, las partes anunciaron que empezarán a discutir en paralelo, a partir de la tercera semana de agosto, la dejación de armas y el cese al fuego. Al día siguiente, la Corte Constitucional dejó, como quería el gobierno, las condiciones de participación en política contenidas en el marco de Justicia Transicional que se aplicará a guerrilleros y agentes del Estado, cuyos detalles debe regular el Congreso.

El comunicado conjunto número 40 del gobierno y las Farc dejó claro que, pese a los sobresaltos en Colombia, en La Habana se avanza: tres comisiones que se habían acordado en junio para acelerar la negociación empezarán a funcionar a partir del 21 de agosto. 

La primera puede cambiarle el ritmo a las conversaciones: diez miembros de cada delegación van a discutir, en paralelo con el punto de víctimas, el tema denominado fin del conflicto, desde el 22 de agosto. Esto significa empezar a hablar de cese de hostilidades y dejación de armas. Que las Farc acepten tocar este último tema es elocuente. Y que se inicie desde ahora la discusión sobre un punto que incluye, además, desmovilización y reintegración de los exguerrilleros y otros temas, puede agilizar notablemente la negociación en el futuro.

Se instalará la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, una instancia que les interesa a las Farc en la discusión sobre víctimas, para justificar su alzamiento y los crímenes cometidos en el conflicto como reacción a la violencia estatal. Doce expertos y dos relatores escogidos por las partes tendrán cuatro meses, a partir del 21 de agosto, para producir informes individuales y un informe general sobre los orígenes del conflicto y sus impactos sobre la población. Estos servirán de insumo a una futura Comisión de la Verdad.

Una comisión más buscará asegurar que los acuerdos tengan un enfoque de género.

Un día después de ese anuncio, la Corte Constitucional resolvió la segunda y última demanda que enfrentaba el Marco Jurídico para la Paz y dejó en manos del Congreso definir cuáles serán los delitos conexos al delito político, un asunto definitivo para la participación en política de los guerrilleros que dejen las armas.

El Marco es una reforma constitucional aprobada en 2012 que permite que no se juzguen todos los centenares de miles de crímenes cometidos en el conflicto armado sino que se prioricen y seleccionen los más notorios y sus máximos responsables para ser juzgados y, eventualmente,  sean objeto de una pena alternativa u otro mecanismo de Justicia Transicional. 

La Corte había declarado exequibles estos elementos, pero consideraba una demanda contra un artículo del Marco que faculta al Congreso para definir, mediante ley estatutaria, cuáles son los delitos conexos al delito político, y exceptúa de los mismos los “crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”, cuyos responsables no podrán participar en política. La demanda pedía que quedaran vetados de la política también los autores de crímenes de guerra, actos de terrorismo y delitos internacionales como el narcotráfico.

La Corte dejó el artículo como estaba (como quería el gobierno), con un argumento clave: la participación en política, dice su comunicado, “es uno de los elementos esenciales en los procesos transicionales en los cuales la reconciliación es una de las metas que más relevancia adquiere para la comunidad política”. 

Como dijo a SEMANA el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, la decisión “constituye un respaldo al marco jurídico  establecido por el Congreso de la República para la aplicación de justicia transicional y especialmente para permitir la participación en política de las personas que dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Corresponde al legislador estatutario, en ese marco declarado exequible, regular la participación en política.” (ver entrevista)

Que se excluyan de la participación en política los autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio puede parecer una restricción pero, de hecho, no excluye a nadie. SEMANA consultó a la Fiscalía y hasta ahora no hay nadie condenado en Colombia por esos crímenes, los cuales, además, no figuran en el Código Penal.

Esto no quiere decir que todo guerrillero o agente del Estado que haya cometido crímenes en el conflicto tenga vía libre para participar en política después de que sea juzgado y condenado. El Congreso deberá definir si otros crímenes pueden ser o no considerados conexos al delito político. ¿Secuestrar, poner bombas que mataron civiles, financiarse con narcotráfico o desaparecer sospechosos pueden ser conexos y, en consecuencia, sus autores podrían llegar al Congreso o a una alcaldía? Con el uribismo a bordo y las expectativas de las víctimas sobre la mesa, el debate va a ser muy duro.

El gobierno ya tiene el marco constitucional para la paz como lo quería y las Farc están hablando de dejación de armas y cese al fuego. Notables avances en el tortuoso camino hacia el acuerdo final. Pero queda por delante lo más difícil. 
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