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Cambio generacional

Una nueva norma obligaría a jubilar 600 profesores de la Universidad Nacional. Su aplicación indiscriminada produciría un grave desequilibrio académico.

13 de marzo de 2005

Apartir de este fin de semana la Universidad Nacional empezó a publicar un escueto aviso en los principales medios de Colombia. Busca vincular a 300 nuevos profesores investigadores y catedráticos al centro docente más importante del país. Este concurso de méritos, que se extenderá a otros países para traer a profesionales colombianos y extranjeros, terminará por agitar el caldeado debate que hay entre los docentes y directivas de la universidad.

El aviso no sólo busca llenar las vacantes naturales en una organización de varios miles de profesores. También tiene que ver con la posibilidad de que en 2005 y 2006 salgan pensionados, de un solo golpe, más de 600 docentes, lo que ha generado controversia por el posible desequilibrio académico que se produciría.

Detrás de todo ello está una resolución, la número 1454 de 2004, por la que el rector Marco Palacios, acatando la Ley 797 de 2003 que modificó el sistema general de pensiones, estableció los parámetros para la jubilación y desvinculación de los docentes de la universidad, es decir, aquellos que tengan 55 años edad y 20 de servicios. Igualmente el texto, además de aclarar los trámites, le dio por primera vez a la universidad un mecanismo para jubilar obligatoriamente a los docentes.

Estas normas llegaron en un momento trascendental en el que se está definiendo parte del futuro de la universidad. Debido a la expansión en programas y estudiantes que tuvo en la década del 70, fue necesario vincular a un importante número de profesores, que hoy son los más experimentados y se encuentran en su madurez académica.

Alexis de Greiff, vicerrector general de la Universidad, dijo a SEMANA que "no queremos pensionar a personas de manera indiscriminada, ya que traicionaría lo que estamos buscando, que es mantener a los mejores profesores en edad de jubilación y atraer a académicos jóvenes, con formación doctoral y experiencia en docencia, para que reemplacen a los que se vayan".

El problema es que la ley equiparó el trabajo intelectual y académico con el físico. Mientras que un obrero a los 55 años puede tener un bajo rendimiento y es tiempo de una merecida pensión, en la academia, un maestro está en su madurez intelectual, listo para empezar a producir sus mejores trabajos. Un ejemplo de este absurdo es el gran historiador Jaime Jaramillo, que se pensionó en la década del 70 en la Nacional y durante estos 35 años ha tenido una profunda vida académica en Los Andes.

Y la otra dificultad es que ni la ley, el gobierno o el Ministerio de Educación crearon incentivos para retener a los mejores profesores, sino para marcharse. Mientras que en las universidades públicas los salarios son incrementados en el 50 por ciento de la inflación, la mesada pensional crece en la totalidad de la misma, lo que significa que mientras más años deje pasar desde la edad de jubilación, menor será la mesada.

Para tratar de salvar una sangría académica, como la que se produjo con la salida de 87 profesores que se pensionaron voluntariamente entre diciembre y febrero pasado, la universidad les pidió a las facultades diseñar los parámetros para 'calificar' y determinar quiénes deben ser retenidos y quiénes no. Entre esos están la formación del docente, publicaciones, dirección o presencia en grupos de investigación reconocidos por Colciencias, evaluación de los estudiantes y número de tesis de maestría y doctorado bajo su cargo. Con esto, dice el rector Palacios, esperan que por pensiones voluntarias y retiros forzosos no salgan más de 350 profesores en los próximos dos años.

De todas formas, el concurso terminará por agitar los ánimos. Ojalá la ganadora de la polémica sea la universidad.