Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2007/06/02 00:00

Cambio de tercio

Pese a que ha pasado un cuarto de siglo, la multimillonaria demanda de Coloca contra el Banco del Estado aún sobrevive y acaba de tener varios sorpresivos movimientos.

El financista Jorge Castro es la cabeza de Coloca Corporation S. A., que tiene un pleito en contra del Banco del Estado en liquidación por más de tres billones de pesos

Jorge Castro Lozano era considerado en los años 80 como el "banquero de los banqueros" o el "eslabón perdido". En esa época el sector financiero vivió una crisis que muchos lograron sobreaguar gracias a este financista, desconocido en ese momento por la opinión pública. Su nombre llegó a las primeras páginas de los medios cuando, en 1982 demandó al Banco del Estado por una deuda de 16 millones de dólares, dinero que la entidad financiera no reconocía. Dicho préstamo se habría hecho a través de la firma panameña Coloca International Corporation S. A.

Este pleito inició un extenso capítulo ante la justicia que aún no se cierra, y que con frecuencia vuelve a aparecer, pues las condiciones del préstamo reclamado, más las pretensiones de la demanda, han llevado la deuda a un monto superior a los tres billones de pesos. Como el Banco del Estado fue nacionalizado, el tema tomó una insospechada dimensión pública. En caso de que las cosas salieran como Castro pretende, la millonaria contingencia de la deuda se deberá cubrir con el dinero de todos los colombianos y exigiría al menos una reforma tributaria para poder pagar.

Pero un concepto reciente de la Procuraduría General de la Nación, un pronunciamiento de la Corte Constitucional y una resolución de la liquidadora del Banco del Estado, están enredando las pretensiones de Castro. Y como en el mundo de los toros, parece ser el momento del sonido de clarines y timbales que anuncia que la larga corrida llega finalmente al tercer tercio. Cuando el torero entra a matar.

Desde su inicio, la marca de la lid entre Coloca y el Banco de Estado ha sido que el segundo no reconoce el préstamo del primero. Ni en los balances, ni en los registros de transacciones de moneda extrajera del Banco apareció algo relacionado con la deuda. A la faena se sumaron acusaciones de supuestas irregularidades de Coloca por no cumplir los requisitos exigidos para quien se dedica a la actividad financiera, además de decenas de mutuas acusaciones acumuladas en un voluminoso expediente e incluso denuncias penales por supuesta falsedad procesal.

Las diferencias civiles terminaron discutiéndose en el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá, que debía resolverlas a través de un proceso ejecutivo normal. El juzgado ordenó una caución por más de 23.000 millones de pesos para no embargar al Banco y cuando estudiaba el caso, el gobierno en 2005 dispuso liquidarlo. Por ley, todos los procesos en contra de la entidad financiera deben ser trasladados al liquidador de la misma, quien con esa medida parecía quedar con la última palabra.

Esto fue apelado por los abogados de Castro, que buscaban que su caso lo dirimiera el mencionado juzgado, y se negó. Este rechazo fue tutelado y estudiado por el Tribunal Superior, luego en segunda instancia y casación en Corte Suprema de Justicia y finalmente, por lo delicado del caso, llegó a revisión de la Corte Constitucional. Esta magistratura hace pocos días, apoyada en un concepto de la Procuraduría, en el que invoca la defensa del patrimonio nacional, la negó de nuevo. Sin calificar el pleito, ordenó terminar el proceso por la vía ejecutiva y trasladar la reclamación a la liquidación del Banco.

Las cosas, ya de por sí difíciles para las pretensiones de Castro, se complicaron más al llegar a manos de la liquidación. Allí la reclamación fue rechazada al considerar la "inexistencia de la obligación".

Con esta estocada parecería que el toro queda tendido malherido en la arena. Sin embargo, aún no ha habido una notificación de esta última decisión y están aún vigentes los términos para interponer una reposición.

Castro tiene suficiente espacio para sobreponerse, y como las decisiones del liquidador son asumidas como tomadas por un servidor público, éstas pueden ser demandadas ante los Tribunales Contenciosos Administrativos y luego apeladas en el Consejo de Estado. Allí se espera una nueva corrida tan larga como esta primera, que parece llegar al final de su tercer tercio.

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