Semana de pasión para los militares

Precipitó la crisis el informe ‘Los negocios del Ejército’, publicado por SEMANA en el que se revelaban unas comprometedoras grabaciones que dejaban en evidencia una presunta red de corrupción en el Ejército. El martes 18, el presidente Santos anunció desde Sincelejo la salida del general Leonardo Barrero y cambios en la cúpula. “No sale por ningún hecho de corrupción, sino sale por unas expresiones irrespetuosas y desobligantes que le restan majestad frente al poder judicial y frente al país”, precisó. Poco después el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció los integrantes de la nueva cúpula militar. El general Juan Pablo Rodríguez, comandante del Ejército, pasó a ser el comandante general. El general Javier Alberto Flórez asumió la jefatura del Estado Mayor Conjunto y el general Jaime Alfonso Lasprilla ascendió a la del Ejército.

El ministro anunció la salida de otros cuatro altos mandos del Ejército, por no tomar medidas o no actuar con contundencia “frente a lo que estaba ocurriendo” o por evaluaciones con resultado “inferior a lo normal”: los generales Manuel Guzmán, Fabricio Cabrera, Jaime Reyes y Diego Sánchez. En solidaridad con sus colegas renunció el general Javier Rey, jefe de operaciones conjuntas del Comando General. Otra media docena de oficiales debió pasar a retiro para dar paso a los ascendidos. Dos días después, se anunció que dos altos mandos de la Policía también salían, el general Janio León Riaño, jefe de Planeación, y el general Gustavo Ricaurte, director del Inpec, cuya sede, además, fue allanada por el CTI.

El revolcón fue, pues, de gran calibre y no solo produjo la habitual polvareda de comentarios y especulaciones sino una reacción sorpresiva. En una inesperada ruptura del protocolo que siempre rodea estos episodios, algunos de los generales pasados a retiro salieron a los medios –en uniforme– a criticar la decisión. “Yo renuncio por honor y dignidad (...) Y lo hago ahora porque lo que uno ve es un complot contra las instituciones, entre ellas el Ejército”. Así explicó su renuncia el general Rey a RCN Noticias. “Se lavan las manos con los generales”, dijo en la radio el general Guzmán. El más duro fue el general Reyes, quien habló de “persecución” y dijo: “Muy seguramente con su falta de carácter el señor ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se dejó asesorar por el señor comandante del Ejército, Juan Pablo Rodríguez, y tomó la decisión de llamarnos a calificar servicios”.

Esta nueva crisis ha sido objeto de las más diversas interpretaciones. Desde las más radicales que plantean que se trataría de un complot más contra las Fuerzas Armadas, hasta las de quienes creen que denuncias como la corrupción en la contratación y los privilegios de los militares presos ratifican que las Fuerzas Armadas arrastran problemas de fondo que no se han solucionado.

En el ojo del huracán está el ministro de Defensa. Su manejo de la crisis produjo molestias entre los generales y la percepción de la opinión pública fue de falta de consistencia. El 17 de febrero, Pinzón sugirió que tras las denuncias podría haber interesados en debilitar a las Fuerzas Militares y que los medios podían “estar siendo utilizados y engañados para sembrar información falsa”. Ese día se limitó a informar que se creará una comisión para investigar las denuncias y que fueron llamados a calificar servicios el coronel involucrado en las grabaciones y algunos mandos de las cárceles militares, entre otras medidas. Solo al día siguiente, después de que habló el presidente, anunció medidas más drásticas.

La crisis no tardó en ser aprovechada por los opositores políticos. El expresidente Álvaro Uribe habló de “profunda desmotivación” de los militares y se fue lanza en ristre contra Santos. Su candidato, Óscar Iván Zuluaga, dijo que el presidente se lavaba las manos despidiendo generales a raíz de la denuncia de un medio de comunicación. Se le podría criticar al presidente Santos que su decisión tiene probablemente un elemento de cálculo político en medio de la campaña electoral. Pero hay que recordar que actuó de manera igual de tajante como ministro de Defensa cuando, por ejemplo, llamó a calificar servicios a 11 generales de la Policía, o cuando retiró a 27 altos oficiales del Ejército, luego de que salió a flote el escándalo de los falsos positivos, a finales de 2008.

Lo más preocupante, sin embargo, no son las repercusiones políticas de esta crisis. Pese a los cambios en la cúpula y los anuncios de “investigaciones exhaustivas”, ni el presidente ni el ministro ni los generales han dado respuesta a inquietudes de fondo que flotan en el ambiente. Muchos colombianos no encuentran todavía explicación a cómo, pese a reiteradas denuncias sobre los escandalosos privilegios de los que han gozado los militares detenidos en guarniciones como Tolemaida o la PM 13, acusados de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes graves, estos siguieran disfrutando, al menos hasta bien entrado el año pasado, de salidas, uso de celulares y, si se confirman las grabaciones, de desvíos de contratos y otras gabelas. Este sería un sistema para comprar su silencio y evitar que comprometan a oficiales de más alto rango en la tristemente célebre práctica de los falsos positivos.

Por otra parte, si bien las grabaciones publicadas por SEMANA son la punta del iceberg de una posible red de corrupción en el Ejército, no es esta la primera vez que se habla de este fenómeno. Ni tampoco de posibles actuaciones ilegales como interceptaciones sin autorización de un juez.

Aunque razones de seguridad nacional justifiquen mecanismos como los gastos reservados y por la lucha contra el terrorismo sea justificado montar fachadas que espíen el espectro electromagnético, al amparo de la Ley de Inteligencia, lo que ponen de presente denuncias como las chuzadas de Andrómeda o los contratos del coronel detenido, son los riesgos de la escasa transparencia y autorregulación de una institución estratégica que maneja la mayor fuente de recursos del Estado. Es evidente que no se le puede pedir la misma transparencia al Ministerio de Defensa que a otras entidades públicas, pero los controles internos, la toma de decisiones, la capacidad de investigación interna y las facultades para tomar decisiones drásticas se vuelven cruciales para poder combatir la corrupción cuando muchos de los gastos son reservados por razones de seguridad nacional.

Con el remezón en la cúpula, el presidente intentó salir al paso a las denuncias periodísticas. Cambiar unos altos oficiales puede ayudar a resolver el problema pero no es suficiente. Cabe preguntarse si hacen falta medidas más de fondo. En materia de contratación se están considerando iniciativas parlamentarias para hacer los procesos más estrictos y con participación civil, como ha propuesto el senador Juan Manuel Galán. ¿Son necesarios ajustes en la Ley de Inteligencia para que los organismos de seguridad puedan moverse mejor; hace falta darle más dientes a la comisión respectiva en el Congreso? ¿Qué mecanismos podrían evitar que el espíritu de cuerpo prevalezca sobre la Justicia en casos de irregularidades?

Después de la tempestad, quedan varias conclusiones. Un gobierno que prefirió asumir el costo político de tomar una decisión drástica y dolorosa y mandar un mensaje de cero tolerancia a la corrupción. Un ministro de Defensa que inevitablemente queda herido, por lo cual tendrá que retomar su liderazgo con la nueva cúpula. Un sector de los militares, encabezado por los generales recién retirados, que piensan que toda esta crisis no es más que un complot contra la institución del Ejército. Y un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas que cree que la mejor manera de fortalecer la institucionalidad es luchar contra la corrupción y que este tipo de escándalos va a ayudar a depurar las manzanas podridas.  

Los que salen
El gobierno hizo un remezón en la cúpula militar que significó la salida de una docena de generales. Estos son los más importantes. Además, salieron dos generales de la Policía.