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| 8/5/2016 10:26:00 PM

Una ‘ayudita’ que le costará millones a la EPM

El Consejo de Estado le ordenó a la empresa reparar a un campesino que sufrió un accidente cuando ayudó a sus técnicos a instalar un trasformador.

EPM y su contratista Ingeomega deberán indemnizar a una familia de campesinos por un grave accidente que se presentó durante la instalación de un transformador en La Unión (Antioquia) en la cual los pobladores de la zona tuvieron que colaborar por falta del personal necesario para el trabajo.

Con ponencia de María Claudia Rojas Lasso, el alto tribunal determinó que las dos empresas deben responder por la totalidad de los gastos de reparación, a raíz del grave accidente que sufrió uno de los habitantes de la población que, voluntariamente, aceptó colaborarles en la complicada maniobra.

Lo reprochable del caso es que aun cuando los vecinos del lugar acudieron solidariamente a la ayuda de los técnicos responsables de la instalación, estas pretendían también que asumieran las culpas de cualquier imprevisto que pudiera suceder.

El 4 de febrero del 2008, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y su contratista Ingeomega S. A. programaron la instalación de un inmenso transformador de energía en la vereda la Chalarca, en La Unión.

Sin embargo, al llegar al lugar donde sería ubicado el complejo y peligroso artefacto, los operarios se dieron cuenta de que no contaban con el personal suficiente para realizar la operación, por lo que decidieron servirse de la colaboración de los pobladores de la zona.

Al sitio acudieron algunos campesinos que, como es costumbre en Colombia, se mostraron prestos a colaborar en lo que fuera necesario por el simple placer de atender como buenos anfitriones a los forasteros.

Pero lo que parecía una tarea sencilla a la que todos se unían por pura solidaridad, por poco termina en tragedia. El transformador se fue deslizando peligrosamente hasta golpear en el rostro a una de las personas que colaboraban con los técnicos enviados por EPM y su contratista. El artefacto golpeó tan fuertemente a este hombre, que le ocasionó lesiones severas en el ojo izquierdo y su nariz.

Por eso, la víctima y su familia le exigieron a la empresa una indemnización. La firma que ofrece diferentes servicios domiciliarios se negó a pagar el resarcimiento, argumentando que fueron los campesinos quienes se ofrecieron voluntariamente a ayudar, a pesar de que les explicaron los riesgos.

Al no obtener la respuesta que esperaban, la víctima y los suyos interpusieron una demanda ante un juez de Medellín, que ordenó reparar los daños causados a este ciudadano. Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que la culpa era compartida y que por eso la EPM e Ingeomega sólo debían asumir la mitad de la culpa.

El caso llegó a oídos del Consejo de Estado, por medio de una acción de tutela. La corporación determinó que la totalidad de la reparación (cuyo monto se desconoce) debe ser asumida por las firmas demandadas, pues no podían pretender que los campesinos que tan inocente y despreocupadamente decidieron ayudarlos asumieran también los posibles daños que se pudieran originar con la peligrosa operación.

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“(…) En este proceso se probó, por el contrario, que fue la empresa de servicios públicos quien solicitó la ayuda de los campesinos y sin informar de los riesgos de la acción, ni poner a disposición equipos de seguridad, resolvió hacerlos parte de una maniobra peligrosa, a sabiendas de que estos eran ajenos a la empresa, no contaban con la protección industrial debida y era neófitos en las materias técnica”, puntualizó la sentencia.

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