Sábado, 25 de octubre de 2014

| 2013/07/25 00:00

Campesinos de Cundinamarca marcharán contra proyecto de EPM

Los habitantes afirman que de concretarse el proyecto de alta tensión Nueva Esperanza, quedarían prácticamente desplazados.

Páramo de Chingaza. Foto: .

Los campesinos de Ubaque, Guasca, La Calera, Choachí, Gachetá y Sopó marcharán este viernes 26 de julio a las 9:00 de la mañana desde el mirador de la Paloma en la vía a La Calera hasta el Ministerio del Medio Ambiente para oponerse rotundamente al proyecto de red de alta tensión de EPM “Nueva esperanza”.

Simón García, presidente de la Junta de acción comunal (JAC) de la vereda Buenos Aires, del municipio de La Calera, afirma que ninguna de las comunidades por donde pasaría el proyecto eléctrico a cargo de EPM está de acuerdo con la instalación de las torres y la red de alta tensión. “El proyecto afectaría una de las zonas hídricas más importantes de la región. Aunque EPM lo niega, nosotros sabemos que por costos no tienen en cuenta otras alternativas. La situación es grave para los campesinos de la zona porque vamos a quedar desplazados”, asegura García.

Los campesinos están preocupados porque el proyecto se supone beneficia a cerca de dos millones de personas en el sur de Bogotá y ellos son unas cuantas familias de campesinos, por eso creen que sus peticiones no son tenidas en cuenta.

La mayoría de personas que viven en las zonas rurales de estos municipios se dedica a la agricultura o a la pequeña ganadería y tienen pequeños lotes. “Hay gente con terrenos de menos de 100 metros, si tenemos que ceder 30 metros a lado y lado para que instalen la red y las torres, además de que por ley debemos ceder terreno si estamos cerca de nacederos de agua o quebradas, ¿nos queda acaso algún espacio para cultivar? Prácticamente nos quedamos sin lote”, comenta el presidente de la JAC de Buenos Aires.

Según habitantes del sector, han tenido cerca de 20 reuniones con EPM pero no han llegado a ningún acuerdo; aunque la empresa dice que ya socializó el proyecto y la comunidad estuvo de acuerdo, ellos argumentan que eso no es cierto. Por otro lado, el proyecto no busca comprar los lotes sino pagar un precio por usar las tierras de los campesinos, precio que ellos consideran irrisorio.

La población ha enviado comunicados a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, pero no han obtenido respuesta, por eso han decidido marchar.

Luis Clavijo, veedor del proyecto, también se encuentra preocupado, ya que, según él, el proyecto Nueva Esperanza tendría un costo ambiental grande a futuro, “pasaría por las raíces del páramo grande de Guasca y por encima del túnel de acueducto y alcantarillado del municipio de La Calera. También tocaría terreno en el páramo de Chingaza, el cerro de Tunjaque y el río Blanco”.

La preocupación de campesinos y resguardos indígenas que habitan el sector no para ahí, pues, según ellos, aparte del proyecto Nueva Esperanza, por sus predios también pasaría la carretera Perimetral de Oriente, con lo que tendrían que ceder más terreno. Clavijo asegura que no es legal que dos proyectos de alto impacto nacional afecten los mismos terrenos.

“El proyecto afectará muchos nacimientos de agua y los bosques donde vive el Yataro o tucán de montaña (Andígena nigrirostris), especie en vía de extinción. La solución de EPM es poner banderas para espantarlos y que así no se electrocuten. Eso no es serio”. Además, agrega el veedor, “imagínese qué riesgo representa estar poniéndoles el lomo todo el tiempo a 230.000 voltios encima. No aceptamos la socialización”.

La problemática social

Luz Elena Hernández, antropóloga de la Universidad Nacional y veedora ambiental, asegura que desde el punto de vista social la situación es grave porque ninguno de los municipios quiere el proyecto. “El desarrollo del proyecto implicaría la pérdida de la forma de vida campesina de la región y una importante pérdida cultural porque aún hay relación directa con el espacio, los referentes simbólicos son importantes, existe un respeto desde los remanentes muiscas y un respeto por la naturaleza. Esos han sido factores importantes para que la zona aún esté conservada”, asevera la antropóloga.

Los diseños para la carretera son demasiado agresivos y ese proyecto está aprobado, pero los campesinos sienten que con la red eléctrica de alta tensión no se benefician de ninguna manera. “Los beneficiarios son personas que viven mucho más lejos”, afirma Hernández, quien además se pregunta qué tan bien está sacrificar agricultura y agua (de la cual se beneficia Bogotá) por una red eléctrica que no es vital ni suple necesidades insatisfechas.

Para la antropóloga también es incoherente sacrificar el medio ambiente cuando a la par hay un proyecto para proteger los corredores ecológicos que rodean Bogotá.

Por su parte, Germán Páez, zootecnista de la Universidad Nacional, afirma que aunque no se ha comprobado que las líneas de alta tensión tengan repercusión directa sobre la salud humana, las vibraciones y la corriente sí afectan el bienestar de los animales que están cerca. “Esto reduce la producción de los campesinos ya no sólo en la agricultura, sino también en actividades ganaderas, lo cual le suma un problema económico al grave problema social”, comenta Páez.

El experto asegura que el ministro de Minas dijo que el proyecto no era vital para Bogotá. Lo que la población quiere es que el costo social sea mejor estudiado y mejor planeado.

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