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| 9/7/2013 2:00:00 AM

Campus a la deriva

La insólita y agresiva toma de un pequeño grupo de trabajadores de la Universidad Nacional la tiene paralizada y deja en evidencia la profunda crisis por la que atraviesa y la urgente necesidad de que el Estado la salve.

Que los estudiantes de la Universidad Nacional protesten es algo normal para los colombianos, pero que los trabajadores administrativos como las secretarias, los técnicos, los jardineros y el personal de mantenimiento hayan decidido clausurar con cadenas o barricadas los edificios y sacar a estudiantes y profesores de sus actividades académicas sí es noticia. Toda una demostración de que la crisis en la Ciudad Blanca tocó fondo. 

Este inusual bloqueo liderado por unos 100 trabajadores que buscan que el gobierno les aumente su salario en un 30 por ciento llevó a que la universidad suspendiera, además de las clases de pregrado y posgrado de más de 30.000 estudiantes, los exámenes de admisión programados para este sábado. Más de 67.000 aspirantes en Colombia y en más de 30 consulados están a la espera de que se les informe una nueva fecha.

Para prohibir el ingreso a los edificios, los empleados han recurrido a medidas de hecho, como romper chapas, intimidar o agredir a los profesores que han tratado de entrar a los salones de clase. 

La situación ha llegado a un punto en el que la rectoría se niega a hablar con ellos hasta que no despejen el campus, y los empleados no lo quieren hacer hasta que las directivas y el propio gobierno les paguen el aumento que les han prometido desde hace varios meses. 

De hecho, en marzo pasado estos mismos empleados, agremiados en Sintraunal (en el que no están los profesores), llegaron a un acuerdo después de 27 días de paro en el que la universidad se comprometió a darles un bono 1.350.000 pesos a cada uno de los 2.900 trabajadores administrativos, a la vez que se acordó adelantar un estudio técnico para determinar si había o no un rezago salarial de estos empleados frente a otras universidades.

La universidad pagó el bono, que le costó unos 4.000 millones de pesos, mientras dos técnicos del sindicato, dos de la universidad y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) adelantaron el estudio. Al final, frente a las divisiones de criterios, decidieron presentar tres escenarios de aumento salarial del 19, el 30 o el 66 por ciento. Si se acogiera el segundo, como quieren los empleados administrativos, la universidad tendría que adicionar 20.000 millones de pesos a su presupuesto, algo difícil debido a la precaria situación económica por la que atraviesa. 

El rector, Ignacio Mantilla, le dijo a SEMANA que decidió enviar el estudio al Ministerio de Hacienda y al Departamento de la Función Pública para que lo validen y lleguen a una conclusión. Pero esto, que puede leerse como una medida prudente, fue entendido por los empleados como una dilación de los compromisos y decidieron irse al paro. 

En la madrugada del 27 de agosto, hace más de un mes, bloquearon las entradas principales, rompieron las chapas de algunas facultades e hicieron barricadas para impedir el acceso de los estudiantes y los maestros. Las seis sedes del alma máter se sumieron en la anormalidad.

La rectoría, en una decisión inusual en una universidad acostumbrada a que la comunidad discuta y opine sobre todo, retomó la semana pasada los edificios con los guardias de seguridad. Pero de nuevo, el martes, entre la una y las cinco de la mañana los empleados retomaron las sedes de Bogotá y Palmira. “Y ahora han recurrido, incluso, a la violencia y han agredido a los profesores que han tratado de entrar a sus laboratorios”, dijo Mantilla. 

Este conflicto llevó a las directivas a suspender las clases, a posponer las pruebas de admisión y a radicalizar más su posición: denunciaron a los empleados ante la Procuraduría y la Fiscalía para que, si es el caso, los sancionen o judicialicen. El viernes la situación era sumamente tensa, pues incluso algunos directivos le han pedido a la Policía desalojar a los empleados y retomar el control, algo que podría alborotar a los estudiantes y a los maestros y meterlos en una pelea en la que han pasado de agache.

Sin embargo, más allá de cómo se resuelva, esta insólita protesta puso al descubierto una verdad de la que pocos quieren hablar: que ni la rectoría ni el Estado controlan el orden y la seguridad en la Ciudad Blanca y sus demás sedes, y lo que es más grave, el abandono de la universidad pública, insignia del país. 

Hoy es claro que la rectoría, los directores de sede y los decanos ejercen un control académico, pero afuera de los edificios y de los salones los estudiantes y los profesores quedan a merced de la ley de la calle. Grupos armados, vendedores ambulantes de discos compactos, películas y libros piratas, puestos de comidas y una creciente informalidad han hecho de las sedes de la universidad una especie de plaza de mercado al aire libre.

Por la famosa autonomía universitaria, la Policía solo puede entrar en casos excepcionales al campus, y cuando lo hace, envía al Esmad para reprimir y enfrentarse a los estudiantes. Ese vacío de autoridad, que muchos profesores creen debe ser construido por toda la comunidad, ha hecho que la universidad quede a merced de quien quiera entrar. 

“En días pasados un grupo de encapuchados que lucía brazaletes de las Farc desfiló por la plaza y salió a tirar piedra, sin que pasara absolutamente nada. Eso es visto como algo normal”, dijo un profesor. Es común que en las protestas estudiantiles, que le dejaron una valiosa enseñanza el año pasado al país, se infiltren vándalos de todo tipo de corrientes.

A la presencia de grupos armados, que desde los años sesenta han usado a la universidad para hacer proselitismo y vincular a estudiantes, se suman otros problemas. Varios profesores consultados por SEMANA reconocieron el deterioro físico y la falta de control dentro de la Ciudad Blanca. “El año pasado tuve que suspender varias sesiones en la tarde del viernes, pues el sonido del reguetón que salía de una carpa improvisada, montada sin que nadie dijera nada, no me dejó dar la clase”, dice un profesor. 

De hecho la vicerrectoría decidió, de manera temporal, que los viernes las clases vayan solo hasta medio día para evitar que la venta de licor, de drogas y la rumba afectara las actividades académicas. “La rectoría, los decanos y los maestros somos autoridades académicas, pero no autoridades policivas”, dice Matilla. Sin embargo, él y varios rectores están estudiando con el gobierno alternativas para controlar los campus. Una de ellas es crear una policía universitaria.

A todo esto se suma el evidente deterioro físico de decenas de edificios que, como el de Bellas Artes, tuvieron que ser cerrados para evitar una tragedia. De hecho, la universidad le presentó al gobierno un plan para remodelar, reforzar, modernizar o construir más de 150 edificaciones en las sedes de Bogotá, Medellín, Palmira, Manizales, Leticia y San Andrés. El problema es que eso valdría 1,1 billones de pesos, a los que habría que agregar 500.000 millones si se quiere abrir el hospital Santa Rosa, que queda en el CAN y que es de propiedad de la universidad.

Sin duda la Nacional, a pesar de sus dificultades financieras, de cobertura o de calidad, entre otros, sigue siendo, junto con la de Los Andes, la mejor del país. Se requiere que el Estado se la juegue a fondo no solo con recursos sino definiendo asuntos prioritarios, como si financia el gigantesco pasivo pensional, si va a presentar una reforma a la educación superior o si va a destinar más recursos. 

Y, sobre todo, si está dispuesto a asumir el desafío de retomar con inteligencia y no por la fuerza el control de los campus de todas las universidades. Por el momento, no solo los estudiantes están perdiendo el semestre. 
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