Jueves, 19 de enero de 2017

| 2016/04/02 00:00

No comparecer no es desacatar

La decisión de la Corte de La Haya no es la que esperaba Colombia, pero tiene aspectos en los que nos dieron la razón. Análisis de la canciller.

María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores. Foto: Juan Carlos Sierra

Quiero referirme al ar-tículo publicado en la revista SEMANA del pasado 19 de marzo titulado ‘¡Desacato a La Haya!’ con el fin de aclarar ciertas imprecisiones, y resaltar algunos puntos que, además de los ya mencionados por ustedes, se pueden tener en cuenta para contextualizar.

El título ‘¡Desacato a La Haya!’ no corresponde a la realidad. El 17 de marzo de 2016, el presidente Juan Manuel Santos informó que Colombia no va a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la plataforma continental extendida. No comparecer es muy distinto a desacatar. No comparecer incluye medidas como no participar en las reuniones con el presidente de la corte y el agente de Nicaragua, no entregar alegatos escritos formales, y no tomar parte en las audiencias públicas. La no comparecencia es una potestad de los Estados concebida en el propio estatuto de la corte. A ella han recurrido países como Francia, Turquía, Estados Unidos, Irán e Islandia.

 En el artículo se afirma que “la argumentación colombiana llegó a incluir tesis que no solo tenían muy pocas posibilidades de éxito, sino que pueden haber sido contraproducentes.” Aquí cabe preguntarse a qué tesis se refiere el autor. Las tesis que defendió Colombia fueron enteramente jurídicas, respaldadas en sólidos argumentos, con asidero en la propia jurisprudencia de la corte, y elaboradas por reputados abogados internacionales con experiencia en litigios ante la corte y otros tribunales internacionales y tomando en cuenta sugerencias de abogados internacionalistas colombianos.

 Se menciona en el informe periodístico que la sentencia “incluyó frases con tono de evidente regaño” en lo relacionado con la denuncia del Pacto de Bogotá con efecto inmediato. Esto es una evidente exageración. El mismo hecho de que en sus sentencias la corte tuviera que dedicarle no menos de 15 páginas a argumentar el rechazo de esta excepción preliminar, muestra que el problema jurídico que le planteamos a la corte era real y requería un serio esfuerzo interpretativo para poder resolverlo. No hubo ningún regaño a Colombia.

 Definitivamente, no era esa la decisión que esperábamos de la corte toda vez que se apartó de sus fallos y de su doctrina sobre cosa juzgada; pero no por eso debemos dejar de mencionar aspectos en los que nos dieron la razón; aceptaron algunas importantes tesis de Colombia y desarticularon puntos que Nicaragua consideraba eran fundamentales en sus demandas.

 En el caso sobre incumplimiento, por ejemplo, Colombia logró que la corte, de forma unánime, decidiera que no había entre los dos países controversia alguna en relación con amenazas del uso de la fuerza. Esto quiere decir que nuestra Armada Nacional en el mar Caribe, a diferencia de lo que quiso presentar Nicaragua, está actuando en el marco de las normas del derecho internacional que regulan el uso de la fuerza. Seguirá en la región en defensa de nuestros pescadores igual que lo viene haciendo.

 En el caso sobre plataforma continental, Colombia logró que la corte, de forma unánime, declarara inadmisible una de las dos pretensiones nicaragüenses según la cual buscaba que ese tribunal declarara un régimen provisional en las zonas marítimas objeto de la reclamación, mientras se llegaba a una delimitación.

 Sin lugar a dudas hay que dimensionar también lo que representa que la corte tuviera que recurrir a un desempate para rechazar nuestro argumento sobre la cosa juzgada –algo solamente visto dos veces en la historia de la corte–. La mitad de los jueces validaron la sustentación de Colombia; la votación quedó 8 contra 8, un empate que fue dirimido por un tecnicismo que establece que para estos casos el voto del presidente de la corte valdrá por dos. En una extensa opinión, los jueces disidentes afirmaron que dicha decisión fue equivocada, contraria a la propia jurisprudencia de la corte y violatoria del principio de cosa juzgada y otros principios básicos del derecho internacional.

 Las excepciones preliminares presentadas por Colombia evitaron que la corte entrara a analizar todas y cada una de las pretensiones nicaragüenses y el mérito de las mismas. No haberlas presentado, como algunos plantearon, hubiera sido una irresponsabilidad histórica con el país y estaríamos hoy frente a una decisión de fondo con relación a todos estos temas.

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