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| Foto: pixabay.com / SEMANA

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Veinte 'antecedentes' de los 78 candidatos a la JEP

SEMANA le dio una mirada a los perfiles de los hombres y mujeres que están cerca de conquistar una silla en la Jurisdicción Especial de Paz. Abanderados de sonados casos de corrupción, académicos, representantes de minorías y juristas que han hecho historia, entre los clasificados.

19 de septiembre de 2017

La suerte está echada: con la lista de finalistas en mano, es cuestión de días para que se conozcan los nombres de las 51 personas que conformarán la Jurisdicción Especial de Paz. 

De un paquete de 2.378 nombres, la lista que se conoció este lunes se redujo a 78 personas donde sobresalen las regiones, las mujeres y las minorías afros e indígenas. Lo que se viene para los próximos 15 años no es una menuda tarea, bajo su responsabilidad estará investigar e impartir justicia frente a todos los delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado.

La jurisdicción que contempla no sólo un Tribunal de Paz sino también una Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos, una Sala de Amnistía e Indulto, una Sala de definición de situaciones jurídicas y una Unidad de Investigación y Acusación, será la encargada de los procesos contra guerrilleros, agentes de estado y terceros civiles involucrados con el conflicto. 

De ahí la importancia de conocer los rostros de los  51 hombres y mujeres que llegan a administrar la justicia transicional en el país:

Estas son algunas de las características:

1. De los 78 abogados seleccionados para la fase de entrevistas, 44 son mujeres y 33 son hombres. Pese a que el tribunal quedó con una mayoría masculina, ellas arrasaron en las salas. Aunque todavía no se conocen los finalistas, sin duda, tienen la dura tarea de ayudar a legitimar una rama con altísima percepción de corrupción en el país.

2. Pese al temor de que la elección fuera centralizada, la primera impresión que dejó el resultado de finalistas es que le dio prioridad a la región. En ese sentido, de las hojas de vida se puede concluir que hay representantes no solo de Bogotá, sino también Cali, Villavicencio, Riosucio, Sumapaz, Manizales, Cartagena, Tasco, Popayán, Huila, Palmira, Bucaramanga, Barranquilla, Pasto y Quibdó.

3. Las cargas no sólo se trataron de equiparar territorialmente sino también en materia política. Es decir, del grupo de aspirantes se pueden identificar personas cercanas a los militares, empresarios, políticos y a las Farc.

4. Entre los candidatos se encuentra el hombre que fungió como abogado del espía Werner Mauss, que en los años 90 terminó involucrado en un escándalo en Colombia. El hombre y su esposa estuvieron contactando a los comandantes del ELN con el fin de buscar la liberación de unos ingenieros secuestrados. Lo que a simple vista parecía una misión casi imposible de cumplir terminó en un trabajo elemental porque el alemán y los ‘elenos‘ simpatizaron desde el primer momento.

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5. Un buen porcentaje de los candidatos está vinculado actualmente al servicio público en diversas entidades del Estado como la Corte Suprema de Justicia, Ministerio del Interior y Consejo de Estado. Además, hay hombres y mujeres vinculados a las consultorías de organizaciones internacionales de distinta índole como la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional. 

6. Las comunidades indígenas también quedaron con voz y voto. No solo fueron seleccionados varios juristas que han dedicado su vida académica a defender los derechos de las minorías sino también que entre el universo de preseleccionados hay varios indígenas. 

7. Uno de los tantos jueces que tuvo en sus manos el caso de Dragacol, uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de Colombia, también aparece en la lista. También está el abogado que se opuso a firmar los contratos millonarios de Natalia Springer. 

8. Está la magistrada que profirió la primera sentencia por la masacre de Mapuján, contra los paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz. La misma que obligó al Estado a pagar más de 100.000 millones de pesos. 

9. Una de las aspirantes, es una exalcaldesa de Sumapaz (Cundinamarca).

10. A la larga lista, se suma el jurista que enjuició y dictó sentencia en el caso de la retoma del Palacio de Justicia, especialmente en lo relacionado con los exmiembros del B2 del Ejército Nacional.

11. Uno de los estudiantes de la Séptima Papeleta que ayudó a producir una de las mayores transformaciones de la historia reciente y precipitó una nueva Constitución, fue convocado.

12. Sobresalen los perfiles de abogados que enfocaron sus estudios en desaparición forzada, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado.

13. De hecho, a entrevista pasó la jurisa que tuvo la primera investigación de falsos positivos en el país. Es decir, quien se puso al frente del caso de los jóvenes desaparecidos en Soacha. 

14. Tanto en el tribunal como en las salas, hay juristas que asesoraron y ayudaron a diseñar la Jurisdicción Espacial de Paz. Es decir, el nuevo supertribunal que se encargará de impartir justicia después de más de cinco décadas de conflicto y por los próximos 15 años.

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15. Víctimas directas del conflicto armado también aparecen en la lista de convocados que pasaron a la fase de entrevistas. 

16. También fue convocado uno de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que llevó los procesos contra el general en retiro Miguel Maza Márquez, Andrés Felipe Arias y la ex reina Valerie Domínquez, por Agroingreso Seguro.

17. En materia de tierras también hay vocería. Una exdirectora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras también fue convocada.

18. En la lista de abogados que se han abanderado de sonados casos en el país, se suma el de la fiscal que llevó tras las rejas a los empresarios de Interbolsa y el caso de Andrés Colmenares. 

19. A la siguiente fase, también pasó la primera arhuaca que se convirtió en magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura 

20. También hubo repitis para varios ternados a las altas cortes y a la Defensoría del Pueblo. 

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