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| 9/19/2017 11:20:00 PM

¿Por qué quiero ser magistrado de la JEP?: las respuestas de los entrevistados

Todos los candidatos escribieron un texto en el que describen por qué aspiran a conformar este nuevo organismo judicial. SEMANA presenta fragmentos de los 40 textos de quienes concursan para ese organismo crucial para el posconflicto.

Más de 2.378 persona comenzaron la carrera por una de las 27 sillas del Tribunal de Paz, pero apenas algunos pasaron a la fase de entrevistas que se realizan desde este martes y con las que se terminará de definir quienes entrarán a conformar lo que será el organismo decisivo de la jurisdicción especial de paz. 

En el camino, los aspirantes no sólo han tenido que desenfundar los mejor que tienen para justificar por qué son los indicados, sino que también tuvieron que lidiar con una fase de cuestionamientos públicos. Todos los aspirantes tuvieron que llenar un formulario con las motivaciones que tenían para aspirar la JEP. "El reto será poner la justicia al servicio de la reconciliación nacional, juzgando los abusos del pasado con los mecanismos de la justicia de transición", "todas las batallas que he dado en la vida, cobran sentido ahora", "mi genuina motivación es la de trabajar por la paz y la reconciliación en mi país", "no me motiva el aspecto económico ni ansia alguna por alcanzar honores", "la paz debe ser una tarea conjunta, coordinada y armónica", son algunos de los comentarios que agregaron en las postulaciones.

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De los 32 departamentos que tiene el país, quedaron representantes de 18 de ellos. Palmira, Valledupar, Armero, Bucaramanga, Pensilvania, Riohacha, Ocaña, Toca, Espinal, Tumaco, Cértegui, Cali, Bogotá y Popayán, son algunas de las ciudades y municipios que componen el universo de aspirantes. Quienes resulten elegidos el próximo 26 de septiembre serán los encargados de impartir justicia en el marco del conflicto. Son ellos, quienes asumirán los casos de los excombatientes, agentes de Estado y terceros civiles que deben rendir cuentas ante la Jurisdicción Especial de Paz. Esto fue lo que dijeron algunos de los aspirantes en su aplicación. 

1. Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia

"Mi vida laboral ha transcurrido entre la academia y el ejercicio profesional, con una preocupación constante por explicar y utilizar el derecho penal como una herramienta de superación de conflictos sociales, tanto respecto de los que ocurren dentro del sistema (criminalidad ordinaria) como de aquellos que surgen como un cuestionamiento de facto al sistema (los de naturaleza política). Creo que el derecho penal debe ser utilizado de manera racional, como uno de los mecanismos (pero no el único) para enfrentar la criminalidad; esto significa emplearlo como un complemento de otro tipo de medidas de control social orientadas a la prevención del delito. Pero parte de esa racionalidad implica también usar el derecho penal solo en la medida y proporción que sean necesarias para conseguir la superación del conflicto que todo delito plantea; solo de esa manera puede conservar su legitimación social

El acuerdo de La Habana responde a esta concepción del derecho penal, porque concibe la JEP como uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lo que significa que debe funcionar de manera limitada (no se ocupa del universo de delitos ocurridos durante el conflicto) y coordinada con los demás elementos del sistema, porque el éxito de la llamada Justicia Transicional depende del correcto funcionamiento de todos esos componentes y no de uno solo de ellos.  Estas herramientas teóricas brindan una oportunidad histórica para cerrar un largo ciclo de violencia en el país y ofrecer alternativas de vida distintas a las nuevas generacione". 

2.  Alejandro Ramelli Arteaga, magistrado auxiliar Corte Constitucional

"Me motiva a postularme mi profunda convicción de que la consolidación de la paz en Colombia pasa por la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas, la aceptación de las diferencias, el fortalecimiento de la democracia y la aplicación de instrumentos eficaces de justicia transicional. He dedicado toda mi vida a formarme y difundir temas relacionados con derecho internacional público, derechos humanos, DIDH, Derecho Internacional Humanitario, derecho penal internacional, justicia transicional y derecho constitucional. He acompañado la academia con el ejercicio profesional como Fiscal Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, fiscal delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia con funciones de jefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. La interacción entre academia y práctica judicial me brinda los conocimientos y experticia necesarios para adelantar juicios en asuntos de macrocriminalidad. Deseo contribuir decididamente en el desarrollo de la función del Tribunal para la Paz, con el fin de esclarecer los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado interno, sancionar a los máximos responsables y reparar integralmente a las víctimas, en especial, en casos de delitos sexuales y crímenes contra integrantes de grupos étnicos".

3.  Ana Manuela Ochoa, abogada en organizaciones sociales

"Soy indígena Kankuama, abogada con amplios conocimientos en derechos humanos, DIH, políticas públicas, derechos de los Pueblos Indígenas con enfoque de género, derechos de los niños y niñas desvinculados del conflicto armado y Jurisdicción Especial Indígena (JEI). Tengo experiencia en instancias internacionales como la CIDH, donde trabajé durante dos años como abogada-becaria de la relatoría de los pueblos indígenas. Durante más de 15 años me he desempeñado como abogada en diferentes organizaciones del país. Mi principal motivación para este cargo es contribuir en la construcción e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en articulación con la JEI. Asimismo, busco aportar medidas específicas y diferenciadas para el acceso de los pueblos étnicos a la justicia y el establecimiento de procedimientos diferenciados para personas indígenas que participaron en el conflicto armado".

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4.  Ana Caterina Heyck Puyana, magistrada auxiliar de Consejo de Estado

"Dos décadas de trabajo, investigación y vocación humanitaria; promoviendo la liberación de los secuestrados, el fin del conflicto armado y los derechos humanos, evidentes en: Doctorado, Maestría y libros sobre DIH; años de asesoría ad honorem a familiares de secuestrados y aportes a la Justicia, desde la Fiscalía – como Directora de Fiscalías Nacionales Especializadas, a mi cargo 7 direcciones (Justicia Transicional, Terrorismo, Corrupción, Crimen Organizado, Extinción de Dominio, Derechos Humanos y DIH)- y en el Consejo de Estado, son el fundamento de mi postulación. Cuando inicié este camino, expertos decían que el acuerdo humanitario era nulo de pleno derecho. La única opción de libertad era el rescate militar. Se desconocía la vigencia del DIH. Por eso escribí mi libro: Sí al Acuerdo Humanitario. Luego el DIH se utilizó como soporte legal del accionar letal (bombardeos). Contra esto, desde la Fiscalía, oficié al Ministro de Defensa.

El Acuerdo de Paz se firmó. Ahora es tiempo de la Justicia transicional como instrumento de reconciliación. Es allí donde quiero aportar lo aprendido en la investigación y en la práctica - como asesora de 5 ministros, secretaria general del Ministerio del Interior, gobernadora E del Amazonas y promotora del DIH. Especialmente, quiero contribuir desde mis lecciones y logros: bajo mi liderazgo, avances en casos de violencia sexual (J Bedoya), desaparición forzada en la Escombrera y en la Cárcel Modelo, condenas a Mancuso y líderes paramilitares, falsos positivos, rescate a víctimas de trata de personas, excarcelación de detenidos ilegalmente en el conflicto; también, el legado de coraje de mis denuncias de corrupción en la Fiscalía por vínculos con la mafia y paramilitares y el esfuerzo por lograr, como candidata, el liderazgo de la mujer en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría y en la mesa con el ELN. Todo esto, con la convicción del derecho y de la justicia como herramientas de paz y respeto por la vida".

5.  Camilo Andrés Suárez Aldana, exmagistrado del Tribunal Superior Militar

"Deseosos de contribuir con el propósito de la paz entendemos que el capítulo de justicia es uno de los componentes fundamentales para a garantizar los derechos de las víctimas, alcanzar la reconciliación, esclarecer la verdad, garantizar la no repetición, establecer responsabilidades, fijar sanciones para aquellos que han cometido graves crímenes cometidos en el marco del conflicto. El formar parte del tribunal para contribuir con el esclarecimiento de hechos que nos agobiaron como sociedad, es un compromiso con mi sentido de justicia es el respeto y reconocimiento a las víctimas. He dedicado mi vida profesional al estudio del derecho penal, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho constitucional, el derecho penal internacional, las normas que regulan el accionar de la Fuerza Pública, la justicia transicional y el estudio del conflicto colombiano. De igual forma y por espacio de más de veinticuatro (24) años ejercí la función jurisdiccional en la Justicia penal Militar en los diferentes cargos de primera como de segunda instancia hasta fungir como magistrado y presidente de la corporación en dos periodos. El desempañarse como funcionario de Justicia Penal Militar comportó estudiar nuestro conflicto armado, el conocimiento, estudio y permanente aplicación del derecho internacional humanitario, así como del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal, procesal penal, constitucional. Mis estudios en resolución de conflictos, y en derecho internacional de los derechos, en DIH han contribuido en la labor academia como profesor de posgrado en las áreas referida". 

6. Danilo Alfonso Rojas Betancourth, consejero de Estado 

"La principal motivación para aspirar al cargo es mi compromiso con la paz y los DD.HH en Colombia. Desde un ejercicio equilibrado de justicia restaurativa, quisiera sumarme a los esfuerzos políticos y sociales que han permitido el desarrollo del Acuerdo de Paz. No es un compromiso coyuntural sino que hace parte de un curso vital, como lo muestra una hoja de vida en la que destaco la condición de juez de Alta Corte en Colombia, el ejercicio de la docencia, la investigación y la consultoría en asuntos específicos de DD.HH y DIH. A lo anterior se suma una motivación jurídico-institucional: Es posible asumir que cuando se adelanta un proceso de transición en países que poseen algún grado de desarrollo y estabilidad institucional, el modelo de justicia transicional que se adopte debería tomar en cuenta al menos tres asuntos: (i) el estado de cosas en materia de derecho aplicable –nacional e internacional-, (ii) las relaciones con la justicia permanente –nacional e internacional-, entendida como el conjunto de procesos de investigación, juzgamiento y sanción que, a través de una determinada estructura burocrática administrativa y/o judicial, de hecho se adelantan contra los responsables de graves violaciones a DDHH e infracciones al DIH, y (iii) la claridad conceptual necesaria para que (i) y (ii) fluyan.

El principal reto de la JEP es la constitución, interpretación, consolidación y aplicación de lo que puede llamarse el Corpus Iuris de Derechos Humanos y DIH –CIRDH-en cada una de las situaciones jurídicas que la JEP deba resolver. El resultado de ello no sería otro que la mejor solución que el derecho puede ofrecer y la vernácula contribución al fortalecimiento del corpus iuris, a través de una suerte de diálogo jurisprudencial simétrico. Si se quisiera enfatizar esto último, la correcta adjudicación del CIRDH y DIH, es el mejor mecanismo para garantizar un adecuado canal de comunicación entre la justicia transicional y la justicia permanente".

7. Claudia López Díaz, docente universitaria

"Como colombiana, que ha vivido desde niña el conflicto armado interno, me siento motivada para participar en esta convocatoria, que encuentro interesante desde el punto de vista académico, pues he sido profesora en derecho penal, constitucional y civil, por más de 30 años, en el Externado de Colombia (1987-2006) y en la Sergio Arboleda (2008-2012), y también, como asesora jurídica desde 2008 a la fecha, de la Cooperación Alemana GIZ.  Con los cooperantes alemanes, implemento temas de justicia transicional, DDHH; DIH; DPI; y construcción de paz con enfoque territorial. Igualmente, hemos trabajado con las victimas más vulnerables: niños, mujeres, indígenas y afrodescendientes" (...) "Con la experiencia profesional y académica descrita, me siento suficientemente preparada para enfrentar el reto que significa ser magistrada del Tribunal Especial para la Paz. Mi labor consistirá en resarcir a las víctimas, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH. Como magistrada contribuiré a la construcción de confianza, la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia, luchando contra la impunidad para esclarecer la verdad, reconstruir la memoria histórica y, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en ella".

8. Corina Duque Ayala, abogada experta en derechos humanos y cooperación internacional

"Pongo a su consideración mi trayectoria como defensora del pueblo regional Cundinamarca, en especial mi experiencia en DIH en la zona de distención, la Macarena y San Vicente del Caguán durante el periodo 1999-2002. La ejecución de proyectos de cooperación internacional con la GIZ, ASDI y ACNUR; la Casa de los Derechos en Altos de Cazucá-Soacha; la escuela de 300 líderes con el Parque de la Vida en Cogua; el parque de la naranja en Pacho; y, la implementación del Sistema Penal Acusatorio con USAID. Además, mi experiencia en la Rama Judicial como jueza y magistrada en el periodo 2009-2017, con 1.000 casos relacionados con falsos positivos, capturas masivas, masacres, atentados terroristas y desplazamiento forzado" (...) "Creo firmemente en la justicia transicional, por cuanto ésta atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido, además de garantizar la seguridad jurídica de los victimarios, con el fin último de impulsar la transición de la guerra a la paz, reconstruir el tejido social y fortalecer el Estado social de derecho. Por ello, considero fundamental garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas en los supuestos de priorización y selección de casos, con una justicia pronta, cumplida y eficiente, que permita fortalecer el sentimiento de ‘querer volver a vivir juntos. Estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para lograr la credibilidad, la confiabilidad y la estabilidad del sistema en la búsqueda de la verdad sobre los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones a DD.HH, sin desconocer que las consecuencias son más graves cuando son cometidas contra mujeres o grupos vulnerables‘".

9. Carlos Enrique Torres Meléndez, juez 52 Penal del Circuito 

"Como profesional del derecho he dedicado mi actividad profesional por espacio de 30 años al servicio de laadministración de justicia en mi país, teniendo la oportunidad de enfrentar retos íntimamente relacionados con el conflicto armado, como adelantar el juicio y dictar sentencia en el caso seguido por la retoma del Palacio de Justicia, en lo relacionado con los exmiembros del B2 del Ejército Nacional; por lo que considero que la experiencia adquirida a lo largo de esos años como juez de la República, en contacto permanente con innumerables asuntos socialmente sensibles, me permite aspirar a participar activamente en la construcción del legado de paz que este proceso dejará para nuestros hijos y sus descendencias, como una obligación que estábamos en mora de asumir, para cuyo fin estoy dispuesto a entregar todo mi compromiso, responsabilidad y dedicación".

10. Deicy Jaramillo Rivera, fiscal delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz

"En mis 30 años de labores como juez y fiscal en los Departamentos del Huila, Caquetá, Atlántico, Cesar, Guajira, Meta, he podido interactuar con los colombianos en el marco de la Justicia Transicional construyendo paz a través de las jornadas de víctimas, permitiendo no solo el registro de los hechos victimizantes, toma de muestras de ADN, sino generando espacios de reconciliación entre víctimas y victimarios en sus versiones libres con arrepentimientos, reencuentros y perdón . La participación de unos y otros en transmisiones y con presencia en salas alternas nos permitirá darnos una oportunidad de paz y se resurgimiento. Haber trabajado primero con los grupos armados AUC y luego con los grupos insurgentes me permitió establecer que los colombianos merecemos una oportunidad de vida.

Acercarse a los pueblos alejados así se en transmisión es hacer sentir que todos merecemos seguir adelante sin rencores. Es necesario que unos y otros pregunten, cuenten sus historias y contribuir con la suerte de los desaparecidos, secuestrados, menores incorporados, que nos escuchemos y que los actos de violencia basada en genero jamás se vuelvan a presentar. Hemos construido a través de 45 tomos la evolución de la Farc, con sus cinco bloques, dos comandos conjuntos, sus estructuras, regiones, avances, evolución histórica, sus conferencias, plenos, órdenes impartidas que nos han permitido conocer el grupo armado, he laborado en su proceso de desmovilización y desvinculación durante 17 años a través del CODA. Conocidas sus estructuras sus órdenes y su modo de actuar, nos permite llegar con más facilidad a la región y en ellas que conozcan sus verdades y que esto jamás vuelva a repetirse. Los fallos judiciales consignaran el pasado y la verdad de todos. Comenzamos un país con oportunidades para escribir nuestra historia vista de toda las regiones sus componentes". 

11.  Diana Patricia Quintero Mosquera, docente universitaria

"La certeza de que la jurisdicción será fundamental para la consolidación de una sociedad respetuosa de los derechos de las víctimas motiva mi interés en poner mis habilidades, conocimientos, y experiencia a su consideración. Como becaria Hubert H. Humphrey de Fulbright 2012 - 2013 en la Universidad de Minessota amplié mi experiencia en derecho internacional de los derechos humanos. En 2002 adelanté los cursos en sistemas interamericano y universal en American University. En 2008 participé en una iniciativa del CICR para integrar el DIH en mis cursos. Al terminar mi doctorado en 2008 gesté la clínica jurídica de la Facultad, GAPI, enfocada en la defensa jurídica de personas desplazadas, mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y de población LBGT.

Adelanté trabajo comunitario, orientando talleres sobre derechos, y recopilando material probatorio para el litigio estratégico. Tengo experiencia coordinando equipos interdisciplinarios de trabajo, y en el manejo de grandes cantidades de información, mediante herramientas metodológicas de las ciencias sociales. He desarrollado habilidades y estrategias para ejecutar proyectos socio-jurídicos en contextos de gran debilidad institucional. Desde 1997 como profesora nombrada por concurso de méritos de la Universidad del Valle y desde 2001 en la Universidad Icesi, me he enfocado en la teoría jurídica, y en la enseñanza de los derechos fundamentales. Desde entonces brindo asesoría pro bono y realizo publicaciones en temas ligados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y en reparación a víctimas del conflicto. La salud mental de las víctimas me ha ocupado tanto a nivel académico como en la incidencia internacional. He sido perito ante la Corte Constitucional en el seguimiento a una sentencia estructural sobre salud". 

12.  Eduardo Cifuentes Muñoz, ex magistrado Corte Constitucional y ex defensor del Pueblo

"El proceso de paz comporta dos momentos. Uno formal y otro material. El primero atañe al encuentro de voluntades enderezado a ponerle fin al conflicto armado y se proyecta en un conjunto de normas de diferente jerarquía y en la creación de una serie de instituciones. El segundo tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo que se encuentra en la génesis de dicho proceso y su objeto es asegurar que en la realidad histórica se construya una paz estable y duradera. En mayor o menor medida, la brecha derecho-realidad, es común a casi todos los sistemas sociales y políticos (...) "Si este hiato derecho-realidad no se supera a propósito del acuerdo de paz, integrando los dos momentos de manera pública, sostenida y firme, es decir, el sustrato normativo ya concluido y el relativo a su cumplimiento efectivo, la suerte de la nación como un todo quedará sujeta a una ruta trágica y anómica de perpetua guerra y venganza". 

13. Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, experto en derecho penal internacional

"En mi calidad de aspirante a la plaza de Magistrado Titular del Tribunal de Paz, sería para mí un gran honor poder contribuir en el proceso de implementación del acuerdo de paz, sumado a mi experiencia profesional y académica. Mi experiencia combina el derecho penal interno, así como el derecho penal internacional y la judicatura. 
Desde el derecho penal interno, he sido profesor en derecho penal general, especial y procesal penal, autor de varios textos y artículos sobre estas materias, además de abogado litigante en el sistema acusatorio. En el ámbito internacional, he tenido la oportunidad de ser delegado por Colombia en las Comisiones Preparatorias para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional, en Naciones Unidas en Nueva York. En la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

Asimismo poseo formación en política criminal y derecho penal internacional en la Escuela Económica de Londres y Ciencias Políticas (LSE). También he escrito diferentes artículos y textos sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Uno de esos artículos titulado: “Delitos de Lesa Humanidad”, fue citado por la Corte Suprema del Perú en la sentencia condenatoria contra el expresidente Alberto Fujimori. De igual manera, en la academia he venido dictando desde hace algún tiempo sobre los temas propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. De igual manera, tengo el privilegio de ser el primer abogado colombiano en ser aceptado en la barra de abogados litigantes de la Corte Penal Internacional. He contribuido con la judicatura en mi calidad de Conjuez tanto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como del Tribunal Superior de Bogotá. Con todo lo anterior, pongo, de manera humilde, mi hoja de vida en consideración del Comité de Escogencia, convencido que la JEP, no es solo una Jurisdicción para la Paz, sino también para la reconciliación".

14.  Fabio Enrique Araque Vargas, magistrado Tribunal Superior Militar

"Los acuerdos de paz que ponen fin al conflicto armado interno (CANI) y que generan una oportunidad histórica de materializar el derecho a la paz, es el fundamento de mi aspiración a ocupar una magistratura dentro de la JEP, y a la vez compromiso con las víctimas y la sociedad en el establecimiento de la verdad y la reparación, como columna vertebral de la reconciliación nacional. El DIDH, el DIH y el derecho penal, han sido mi camino de profundización académica en ciclos de especialización, maestría y doctorado; mi trayectoria de más de veinte años en el ejercicio de la judicatura como juez y magistrado, generan una amplia experiencia fortalecida al ser alternada con la docencia universitaria en programas de posgrado en aquellas materias, así como en la formación de operadores jurídicos y asesores jurídicos operacionales y en la capacitación de integrantes de la sociedad civil y miembros de la Fuerza Pública.

Mi compromiso profesional y académico me llevó a ser integrante de las mesas técnicas de acompañamiento del Ministerio de Defensa en la construcción de herramientas jurídicas de implementación de los acuerdos de Paz, aportando mi criterio para el fortalecimiento del Estado de derecho. Esta experiencia laboral y académica me permite tener una visión pluralista y dinámica del derecho, necesaria para afrontar los retos de esta justicia de transición y garantizar el desarrollo de los demás componentes del Sistema Integral como la Verdad, la Reparación y las Garantías de No Repetición. También será compromiso, lograr un equilibrio entre los derechos de las víctimas y la aplicación de la JEP a quienes cometieron violaciones a los DD.HH e infracciones al DIH, dentro del marco de los estándares internacionales de administración de justicia. El reto será poner la justicia al servicio de la reconciliación nacional, juzgando los abusos del pasado con los mecanismos de la justicia de transición". 

15.  Gloria Guzmán Duque, procuradora judicial II penal

"Todas las batallas que he dado en la vida, cobran sentido ahora. He trabajado más de 25 años como fiscal y jueza. En la actualidad me desempeño como procuradora judicial II Penal. Mi genuina motivación es la de trabajar por la paz y la reconciliación en mi país. Soñar con la posibilidad de generaciones viviendo bajo un cielo en el que quepamos todos y todas, es un reto realizable con la puesta en marcha del SIVJRNR. Creo firmemente en el poder transformador del Derecho. Mis decisiones judiciales dan cuenta de ello, pues incorporando el DIDH por bloque de constitucionalidad, han hecho realidad la inclusión de personas discriminadas; han devuelto el trato digno que el Estado les debe a las personas privadas de la libertad; han declarado responsables penalmente a quienes apartados de las reglas del DIH utilizaron el cuerpo de las mujeres como arma de guerra y cometieron otras infracciones, ordenado medidas que garanticen la no repetición. No me he dejado llevar por prejuicios ni cobardías, guiada solamente por el faro de la Justicia, la Verdad y la reparación de las víctimas (...) Un reto que requiere un espíritu sin odios, que con sus decisiones justas posibiliten la reconstrucción del tejido social y un unánime “Nunca más” para Colombia".

16.  Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, docente universitario

"La paz y los derechos humanos, como vida y convicción, son mi ropaje labrado a lo largo de una vida coherente. La JEP sería la oportunidad para continuar ese largo camino de mil leguas que empezó, dirían los taoistas bajo mis pies, con mi trabajo de grado en derecho, Derechos Humanos y responsabilidad del estado en la U. de los Andes (...) Casi 25 años recorriendo el país, primero como asesor jurídico del Alto Comisionado para la Paz y luego como investigador del Observatorio de DD.HH y DIH de la vicepresidencia de la República, me llevaron a participar en el CODA y los procesos de paz con la CRS, las Milicias de Medellín, el Frente Francisco Garnica del EPL, el MIR-COAR y fallidas aproximaciones con el Jaime Bateman Cayón y las AUC. Especialista en justicia transicional, resolución de conflictos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conflictos, derecho internacional humanitario y situaciones postconflicto, he asumido mi labor docente con el rigor y la pasión del académico que, testarudo, se mueve hacia la esperanza sin dejar de caminar en la realidad".  

17.  Heidi Abuchaibe Abuchaibe, docente

"Con gran vocación por lo público, la mayor parte de mi vida profesional y académica ha girado alrededor de los derechos humanos y la justicia transicional. Desde la función pública, la academia y la sociedad civil he contribuido al fortalecimiento de la justicia y a la construcción de la política pública alrededor de la paz, las víctimas y la reincorporación a la vida civil de excombatientes. Más allá de las competencias técnicas, me ha guiado un alto valor de lo ético, alejada de militancias políticas. Mi paso por el Ministerio Público y haber sido directora de justicia transicional, me llevó a entender la transición como un proceso complejo e integral, que requiere la transformación de las condiciones que dieron lugar al conflicto. La justicia no puede entenderse aislada de las garantías de no repetición y el involucramiento de la sociedad en la construcción de paz. Como abogada, mis estudios de posgrado se desarrollaron en las áreas del derecho internacional, la solución de conflictos y el análisis de problemas políticos e internacionales contemporáneos (...) La magistratura me permitiría aportar esta experiencia en un proceso que, siendo excepcional, requiere de una alta capacidad de comprensión de la realidad nacional, al igual que dominio de las fuentes jurídicas nacionales e internacional, su interacción y aplicación en contextos de justicia transicional. La justicia como reflejo del anhelo social, dotado de seguridad jurídica para todos los intervinientes guiaría mi actuación en la Jurisdicción, entendiendo el proceso como una oportunidad de legitimar la acción de la justicia, fortalecer la institucionalidad y contribuir al ejercicio de las garantías constitucionales".

18.  Hermán Galán Castellanos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

"No he sido víctima del conflicto interno sufrido por el país, por consiguiente al concurrir a la convocatoria para hacer parte del Tribunal para la Paz, no me asiste ánimo de retaliación ni de perdón. De resultar escogido tendría que suspender el recibo de holgada pensión proveniente del erario, por tanto no me motiva el aspecto económico ni ansia alguna por alcanzar honores si ya desempeñé la magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Como ciudadano he sido testigo de situaciones de desigualdad e inequidad que han afectado a mis compatriotas sin haber contribuido efectivamente a superarlas o evitarlas, salvo desde la judicatura en particulares situaciones jurídicamente evaluadas y reprochadas con justicia. Deseo la oportunidad de colaborar positivamente para que la nación erradique sus graves conflictos y allane los caminos que la conduzcan a una paz estable. Comparto el criterio según el cual la paz no implica ausencia de guerra sino reconocimiento de los derechos fundamentales y respeto irrestricto a la dignidad como supremo e inalienable valor del ser humano que impide su instrumentalización, explotación o marginalidad. Estimo la dignidad humana como principio y fin del derecho. Considero errado confrontar paz con justicia, como si para alcanzar una se sacrificara la otra. La guerra niega tanto la paz como la justicia. Suprimir la confrontación implica la paz como fin y la justicia como medio, como debe ser: imparcial, severa, serena y sobretodo humanizada (...) Es la justicia transicional, de un estado conflictivo a uno pacífico sin impunidad, pragmática y con el hilo conductor de la paz. Dedicarme a ella constituye mi única motivación".

19.  Jesús Ángel Bobadilla Moreno, exmagistrado auxiliar Sala de Casación Penal 

"Aspiro a desempeñarme como magistrado del Tribunal para la Paz, por las siguientes razones:  el papel que desempeñará el aludido tribunal (...) será histórico, pues aportará, sin duda, en la construcción de nuestra nación, para superar, décadas de conflicto armado. En concreto, considero de vital importancia, que la aplicación razonada y ponderada del sistema de justicia transicional, permitirá que los actores enfrentados en el conflicto, resuelvan sus diferencias, su situación judicial y construyan nuevos escenarios para promover pacífica y políticamente sus ideas y proyectos vitales. Pero, trascendental, será igualmente, el papel y la reivindicación de las víctimas de citado conflicto, quienes serán protagonistas de primer orden en la activación de sus derechos. Es sumamente alentador y estimulante, advertir la transparencia y objetividad del proceso de selección de los funcionarios encargados de operar el sistema, reflejado en la probidad, calidad y capacidades de los integrantes del Comité de Escogencia, lo que permite blindar al sistema (...) Considero que mi experiencia judicial, profesional, académica, docente e investigativa, me permiten cumplir con el perfil exigido, y aportar, sin ningún sesgo, en la materialización de cada uno de los objetivos y fines que se trazó la nación y la sociedad colombiana, al dar vía libre a los acuerdos que permitieron superar el conflicto armado.

20.  José Edwin Hinestroza Palacios, dirige Hinestroza Abogados Asociados OHAS

"Mi mayor motivación para aspirar al cargo de magistrado del Tribunal para la Paz es mi formación como abogado con casi veinte años de experiencia profesional destaco el magíster en Defensa de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales y Especialista en Derecho Penal y Criminología. Tengo vasta experiencia específicamente en temas de Justicia Transicional Ley 975 de 2005, en Defensa de Derechos Humanos, como Procurador Judicial Penal II, fui pionero de Las Leyes 975, 1424 y la 1448, como Procurador en representación de la Sociedad y de las Víctimas Indeterminadas en todas las etapas del proceso transicional, muchas de ellas sirvieron para consolidar la Jurisprudencia de hoy en el Proceso de Justicia y Paz (...) Estuve preclasificado para ocupar el cargo de fiscal general de la nación para el periodo 2016-2019. Fui pionero en el ejercicio del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004) desempeñándome como Procurador Judicial Penal I. Fui elegido por el Consejo Municipal de la ciudad de Pereira como Personero Municipal, Defensor Público en la Defensoría de Risaralda. Soy afrodescendiente y espero hacer parte del Tribunal para la Paz y desde la magistratura que ocupe, haré valer el Derecho, Honraré los términos de los Acuerdos de la Habana en lo que corresponde, con Plena Transparencia y Apego a lo Reglado, visibilizar la participación de los grupos étnicos, los cuales hemos sido las principales víctimas del conflicto armado del país". 

21.  Juan Ramón Martínez Vargas, docente universitario

"En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyos principios fundantes se basan en el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, el acceso a la verdad, la construcción de la memoria histórica y el reconocimiento de responsabilidad, el papel de la academia en el Tribunal para la Paz es un factor fundamental para garantizar la observancia del orden internacional. Ser magistrado del tribunal es un compromiso que tenemos como abogados expertos en las áreas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, siempre que seremos los llamados a armonizar los principios establecidos en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con los estándares internacionales, cuyo cumplimiento es fundamental para Colombia y la sociedad internacional. Es esencial conocer las experiencias y desarrollos legales internacionales de previos procesos de justicia transicional y restaurativa alrededor del mundo, como también lo es entender que los hechos que dieron lugar a nuestro conflicto armado conllevan la necesidad de un análisis jurídico que comprenda las características propias de nuestro contexto, para que con la justicia impartida se logre una paz estable y duradera". 

22.  Luis Manuel Lasso Lozano, magistrado Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección Primera

"La JEP tiene la posibilidad de convertirse en la instancia que asegure una reconciliación duradera para Colombia. Esta aseveración encuentra base en el carácter judicial y prevalente de sus determinaciones, que le permitirá revisar sentencias dictadas y ajustar las que se dicten, teniendo como parámetro principal la revelación de la verdad. A propósito de lo dicho, estimo que mi formación profesional y mi trayectoria personal pueden contribuir a ese logro. Combino una experiencia en la actividad no gubernamental de trabajo con comunidades de base (4 años), en la primera parte de mi ejercicio profesional; seguida del desempeño laboral específico en la gestión de protección de derechos humanos desde instituciones gubernamentales: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Vicepresidencia de la República (7 años); y, en los últimos 15 años, desde la Rama Judicial, en mi condición de magistrado auxiliar de alta corte y magistrado de tribunal, cargo actual en el que fuí nombrado en 2007 por concurso (oposición) y en el que me encuentro con derechos de carrera".

23. Luz Marina Avellaneda Rueda, fiscal Delegado ante Tribunal Superior de Justicia y Paz

"La trayectoria judicial de 27 años, nueve (9) de ellos en las Direcciones de Fiscalía Nacional de Justicia Transicional y de Análisis y Contextos como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito, han permitido adquirir un amplio conocimiento y experiencia en la investigación de temas como Justicia Transicional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Delitos de Lesa Humanidad, Resolución de Conflictos, así como destreza en el análisis criminal para la construcción de contextos y patrones de macrocriminalidad de grupos armados como las Farc - EP entre otros (...) Conocerá de forma exclusiva las conductas perpetradas “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Sus objetivos son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera".

24. Gloria Amparo Rodríguez, docente y experta en pueblos indígenas

"La paz debe ser una tarea conjunta, coordinada y armónica de todos por la cual estoy dispuesta a trabajar para que desde el área del derecho, se pueda lograr conseguir la verdad de lo acontecido, la justicia y reparación para todas las víctimas. La experiencia de trabajo con comunidades a través de procesos de investigación en campo, me ha permitido conocer de primera mano las problemáticas relacionadas con el conflicto armado teniendo en cuenta sus causas y consecuencias vistas además desde la diferencia y la inclusión. Me incentiva postularme a trabajar en este escenario, el deseo de contribuir a garantizar la no repetición de los hechos, la defensa de los derechos y la construcción de un país en paz. Considero que con los conocimientos que poseo y el ánimo por lograr la justicia social, puedo aportar a una Colombia mejor, teniendo en cuenta instrumentos innovadores para esclarecer los hechos y el abordaje de asuntos fundamentales que tuvieron incidencia en el conflicto, como los que involucran las mujeres, los grupos étnicos y los temas ambientales (...) Además, desde la experiencia académica e investigativa, puedo aportar hacia al avance conceptual y pedagógicos para garantizar no solo la justicia, sino la educación y divulgación de los hechos. Me inspira la posibilidad de trabajar para que, en unión con las generaciones presentes y futuras se logre la reconciliación y una Colombia en paz (...) El trabajo que he efectuado con mujeres indígenas en pos de sus derechos me ha permitido establecer el importante aporte que ellas han dado a la construcción de la identidad cultural y a la construcción de paz en Colombia". 

25. María del Pilar Valencia García, asesora jurídica 

"Como ciudadana y profesional de larga trayectoria con población vulnerable, en especial con sujetos colectivos e individuales de grupos étnicos y sectores rurales, podría hacer un aporte pertinente, coherente con los fines del Estado, para contribuir a la superación de factores subyacentes, conexos y vinculados agravantes del impacto desproporcionado del conflicto armado, profundizado por la discriminación y marginalidad de la población más débil en las regiones periféricas. La formación jurídica acerca de los DDHH bajo el enfoque de universalidad, interdependencia e integralidad, sumada a la participación institucional en los debates nacionales sobre justicia transicional o internacional en los sistemas de derechos humanos, así como la experiencia con población desplazada o en riesgo, me da una comprensión integral, favorable para la adopción de decisiones pertinentes con una cultura de paz, convivencia y reconciliación.

Ejercer la profesión en territorios altamente conflictivos tales como Urabá, la amazonia o el Chocó biogeográfico, o haber abordado desde distintos ámbitos la promoción, protección, visibilización y defensa de los derechos humanos, me permitiría hacer aportes en pro de una paz estable y duradera desde un enfoque diferencial de derechos, del que se resaltan aspectos como: 1) visibilización de los pueblos y comunidades como sujetos colectivos de derechos. 2) identificar medidas de reparación acordes con las particularidades culturales, por género y generación. 3) buscar medidas complementarias que satisfagan derechos individuales y colectivos. 4) tender puentes de coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial étnica para el esclarecimiento de la verdad, a favor de la aplicación de medidas con de carácter integral y garantías de no repetición".

26. María Trejos Tapasco, asesora jurídica 

"La paz es el blanco a donde enderezan su intento y el bien a que aspiran todas las cosas", "Cada período del desarrollo humano tiene su tipo particular de conflicto, sus problemas distintos que, aparentemente sólo pueden resolverse por la fuerza. Y jamás, por decepcionante que esto sea, la fuerza resuelve el problema". "Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz.

Desde que nací la muerte y la violencia han rodeado mi comunidad y mi vida, pertenezco al Resguardo Indígena de San Lorenzo, por esto toda mi experiencia laboral, académica y personal la he encaminado ha trabajar con poblaciones indígenas y vulnerables , es mi deseo mas intenso contribuir con este proceso hacia la Paz iniciado por mi país y al que le puedo dar mi experiencia académica, laboral, familiar, comunitaria y personal. ‘Ya no habrá más niños en la guerra, ahora se dedicaran a estudiar y a jugar como debe ser… los jóvenes tampoco tendrán que ir a la guerra‘: Juan Manuel Santos". 

27. María Martina Sánchez Triana, experta en derechos humanos

"Como mujer soltera cabeza de hogar y jurista quiero contribuir en la implementación del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, documento que puso fin a un conflicto armado interno de más de cincuenta años. Es este la comprobación de que “todavía no es demasiado tarde y no estamos condenados a 100 años de soledad” -conforme palabras del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez-, para emprender la tarea de construir un sistema de justicia para que los colombianos tengamos “una segunda oportunidad sobre la tierra” con la finalidad de establecer la convivencia pacífica a través de este sistema de justicia transicional y superar ese periodo de violencia por medio de los instrumentos diseñados dentro de un sistema especial de justicia que se ajustó a los principios y reglas de la Carta Política de 1991, del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, del Estatuto de Roma, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De otra parte, para las mujeres colombianas es una oportunidad histórica de participación. Las motivaciones que me llevan a inscribirme combinan un deber democrático, una obligación moral y un compromiso personal. Tengo la firme convicción de que el sistema logró conciliar los derechos de las víctimas así como la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz. Mi visión desde la academia, la práctica judicial y mi formación personal será mi aporte".

28. Martín Antonio Moreno Sanjuan, fiscal delegado ante la Corte Suprema

"A lo largo de estos 25 años de carrera profesional he acumulado una gran experiencia en el área del derecho penal, derechos humanos, investigaciones en contexto de crímenes de sistema y en el macro proceso de justicia y paz. Hoy se presenta esta magnífica oportunidad de ofrecerla al servicio del país aplicando este modelo de justicia del cual soy un convencido y que se ajusta a los más altos estándares internacionales y que será referente para muchos países en transición de un estado de conflicto a la paz con más herramientas que los instrumentos de la justicia penal ordinaria. Sin duda vivimos un momento histórico, y es una realización profesional llegar a la cúspide de mi carrera con la posibilidad de aportar y contribuir en el logro de los fines del proceso transicional, principios de Joinet que hoy cobran toda la vigencia e importancia por ser el centro de este sistema, toda vez que la justicia está ligada con la verdad y la reparación, sin verdad no hay justicia, ni reparación, todas ellas están entrelazadas y son vitales en la aplicación del acuerdo.

Mi aporte a la paz es dar ese compromiso con la comunidad nacional e internacional, mi sentido de pertenencia, mi conducta intachable y proba, así como mi independencia en la toma de decisiones que me ha caracterizado en el ejercicio de la profesión y en mi desempeño como Fiscal por 23 años. Toda la formación adquirida a lo largo de los años en los cargos de Fiscal Delegado (por concurso de méritos) desde municipal hasta fiscal ante la Corte, sumada al conocimiento y aplicación del derecho Europeo, donde me forme por dos años en la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa, me permite tener esa concepción cosmopolita en el componente de justicia que se pretende en el acuerdo de paz, pues sin duda es un cierre muy complejo que requiere de un sistema especial, que, además de estar basado en las normas penales del país, (que conozco y he aplicado) acude a otras herramientas del derecho internacional".

29. Mirtha Patricia Linares Prieto, asesora jurídica de la Contraloría

"Crecí en medio de una guerra sin tregua de la cual las principales víctimas han sido las mujeres, los niños, los campesinos y las comunidades étnicas. Me hice abogada asumiendo que en el derecho encontraría herramientas para transformar una sociedad injusta y excluyente y me adentré en del DIDH y el DIH. En los 80 inicié mi carrera en un contexto de violencia exacerbada a la que el Estado respondía con represión, lo que reforzaba la convicción de quienes encontraron en la rebeldía y la insurrección un camino para transformar la sociedad que los excluía. Desde la Rama Judicial aporté a la Asamblea Constituyente que expediría la C. P. de 1991, que consolidaría el Estado Social de Derecho y en la C. Constitucional como magistrada auxiliar contribuí a desarrollarla. Como Procuradora para DH y Asuntos Étnicos me confronté con una realidad que trasciende los límites del ser humano y me dediqué a los derechos de mujeres, hombres, niños y comunidades étnicas víctimas del conflicto, reconociendo la desigualdad y la exclusión que los afecta, exigí la aplicación del DIH en los escenarios de guerra y acompañé a las víctimas en procesos como el de justicia y paz.

En el Centro de Memoria Histórica desarrollo investigaciones socio – jurídicas sobre justicia transicional, DH, DIH, género y tierras y apoyo procesos pedagógicos especialmente con la Fuerza Pública, asesoro organismos internacionales en temas de paz y posconflicto. Hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del A.F. de Paz y estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento y en la JEP administrar justicia restaurativa que sirva a los propósitos de reconciliación, que alivie el dolor de las víctimas y reconozca la voluntad de los excombatientes que acudirán a una jurisdicción cuyo compromiso es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra".

30. Rafael Arturo Prieto Sanjuan, docente universitario

"Como ciudadano colombiano, con algo más de 2 décadas de estar estudiando el conflicto armado, tratando de encontrar desde la academia fórmulas para alcanzar la paz, me llena de ilusión que se nos brinde la oportunidad de contribuir de manera significativa, ahora, desde los estrados judiciales, al preciado anhelo de justicia en Colombia. Sin lugar a duda, esa esperanza que ha hecho brotar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convierte en un compromiso y una responsabilidad del más alto nivel ético y profesional para quienes aspiramos a servir en ella. Permítanme que les presente de manera muy sumaria cuál ha sido mi formación y experiencia, para exponerles enseguida mi más profunda motivación como aspirante a ser parte de la JEP.

Una vez graduado, y con alguna experiencia profesional en mi ciudad de origen, viajé con rumbo a París, donde tuve la oportunidad de adelantar 2 maestrías en Ciencias Políticas y otra en Derecho Internacional, área en la que obtuve mi Doctorado (2000) y en donde siempre, los procesos de paz, así como la responsabilidad internacional derivada de los conflictos armados, constituyeron mi centro de atención. Consecuentemente, desde mi regreso a Colombia ese mismo año, y durante los últimos 17, he estado esencialmente dedicado a la academia, como docente e investigador de la materia, particularmente en Derechos Humanos, DIH y Derecho Penal Internacional. En dicho sentido, además de varias publicaciones, son muchos los funcionarios públicos (fuerzas armadas, rama judicial, organismos de control, etc.) al igual que particulares, estudiantes y profesionales del Derecho y de otras ciencias sociales, que he tenido el honor de formar y capacitar. Dicha experticia, también ha sido muy puntualmente puesta al servicio del Estado colombiano o de organizaciones internacionales como consultor o asesor. Ahora, sueño con ponerla al servicio de la justicia en Colombia, sin la cual, difícilmente se podría alcanzar y consolidar nuestra soñada paz.

31.  Elsi Gabriela Angulo España, procuradora regional y asesor grado 24

"Haber sido víctima del conflicto armado y pertenecer a un grupo étnico que históricamente ha sido marginado en Colombia representa una diferencia. Mi lucha como mujer negra por mejorar las condiciones de iniquidad y la falta de oportunidades en las que nací, me autoriza para decir que en el Tribunal deben estar personas calificadas, con capacidad de comprender el fenómeno, para así poder investigar y juzgar a los responsables de los delito del conflicto, lo que implica entender que la existencia de los grupos insurgentes en Colombia obedeció a procesos históricos y múltiples causas y factores. El conflicto armado afectó de manera desproporcionada a la población étnica del país, en especial a la afrocolombiana. Muchos de los victimarios y de las víctimas del conflicto son negros, y, por tanto, creo que el juez que juzgue los casos debe ser conocedor de las diferencias étnicas. Tener experiencia para trabajar con comunidades negras me hace entender a estas comunidades".

32. Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, experta en derechos humanos

"Quiero contribuir de manera directa a la materialización de los acuerdo de paz y hacer efectivo los derechos de las víctimas con una clara y debida aplicación de los procedimientos, las normas constitucionales y legales, haciendo una adecuada ponderación con las garantías del investigado. Hacer desarrollos jurídicos, decisiones judiciales humanistas, que contribuyan a la seguridad jurídica, a fortalecer la institucionalidad, a construir confianza entre los ciudadanos, fortalecer el Estado Social de Derecho y la democracia como un imperativo ético y político.

Mi vocación por la defensa de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las mujeres, mi formación académica y la experiencia caminada, garantizará que desde la magistratura se apliquen sin ambages la hermenéutica de género que tenga en cuenta las situaciones de discriminación y desigualdad existente en la sociedad, particularmente contra la mujer".

33. Roberto Carlos Vidal López, docente de la Universidad Javeriana

"Desde mi posición como profesor-investigador al tiempo que actor de la promoción de la paz y los derechos humanos, he entendido que la academia tiene un papel fundamental en la búsqueda de la paz negociada y en la construcción de la paz. Desde mi comunidad de investigación e intervención, he conducido varios procesos de trabajo conjunto con las víctimas, las organizaciones sociales, la fuerza pública y los actores políticos, contribuyendo a los debates de la transición. Considero que la integración de casos emblemáticos esa es una de las herramientas centrales de la JEP, basado en la selectividad pero al mismo tiempo en la responsabilidad de ocuparse de asuntos centrales de la construcción de la paz, de manera que un número limitado de sentencias pueda transformar el sistema jurídico en su conjunto. He estado convencido de la importancia del contexto global de producción y recepción de Derecho, por lo cual me he vinculado a redes internacionales de investigación, en el contexto de las cuales he podido hacer ejercicios de intercambio desde la experiencia colombiana frente a un Mundo jurídico y político interconectado por los lenguajes del derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho Penal Internacional.

Me interesa la Justicia Especial para la Paz por el lugar central que tienen en la construcción de soluciones locales, al tiempo que pueda mantener un fluido intercambio que contribuya al avance de la costumbre internacional. El sistema de Justicia Especial para la paz tiene una dimensión interna, que plantea el desafío no sólo de operar los contenidos de los acuerdos, sino que en su dimensión de mediano e incluso largo plazo, tiene la función de producir la transición. Entiendo el desafío de la transición como un cambio cultural, donde la estructura institucional para la paz tiene la capacidad de generar emociones políticas que pueden dirigirse a la construcción de la paz, como en las últimas décadas lo realizó la Corte Constitucional". 

34. Rodolfo Arango Rivadeneira, docente y ex magistrado auxiliar 

"La JEP es el vehículo concebido en Colombia para garantizar los derechos de las víctimas, los actores del conflicto y la sociedad en general. Cumplir sus postulados permitiría consolidar el Estado constitucional, social y democrático de derecho y cimentar una paz estable y duradera en Colombia. Mi formación y experiencia pueden contribuir a ello. Mi trabajo de magistrado auxiliar en la Corte Constitucional y luego en el Consejo de Estado; mis aportes académicos e intelectuales en las áreas del derecho constitucional, la filosofía del derecho, la filosofía política y moral; y mi experiencia en la defensa de derechos humanos y fundamentales en Colombia y Latinoamérica son elementos que pueden aportar decididamente al logro del objetivo de la reconciliación por vía de la justicia transicional.

En especial, la relación entre emociones morales, decisiones judiciales y normas, objeto de mi investigación durante varios años, ofrece una promisoria perspectiva para el diseño, implementación y control de sanciones alternativas en el marco de la JEP. Este enfoque puede enriquecer las estrategias y medidas para restaurar y reparar a las víctimas, centro del proceso reconciliatorio. La imaginación narrativa y una justicia sensible a las condiciones reales de vida de los involucrados en el conflicto armado son recursos fundamentales en la tarea de reconciliación. De ser escogido para desempeñar la honrosa función de magistrado del Tribunal Especial de Paz dejaría en alto la dignidad de la justicia; garantizaría los derechos de víctimas y de sujetos cobijados por la JEP; contribuiría a la reconciliación nacional; interpretaría el derecho nacional e internacional vigente como un todo integral y coherente; y pondría toda mi inteligencia e integridad al servicio de la realización de los derechos humanos".

35. Sandra Rocío Gamboa Rubiano, consultora Derecho Penal

"La JEP es un inédito esfuerzo por cumplir las obligaciones del Estado y reconocer a las víctimas al ser un sistema integral y fundarse en la justicia restaurativa. Esta nueva realidad exige funcionarias que reconozcan su valor y busquen realizarla con trabajo esforzado y ético. Reconocer la relación entre realidad y la teoría, entendiendo complejidades y particularidades, son exigencias para las altas magistraturas. La relación teoría/realidad se sembró en mí como estudiante, ejerciendo la defensa de los derechos humanos (DDHH) como voluntaria y dependiente judicial. Tras mi graduación, he seguido el ejercicio sin pausa, acompañando víctimas en lo nacional e internacional. He sido defensora en lo penal desde un momento temprano, por lo que me es esencial la exigencia de un debido proceso para los procesados.

Con el tiempo, continué mis posgrados junto a la defensa de los DDHH. En mi tesis de maestría revisé la aplicación de la Ley 975/05, llamando a su vinculación con el Derecho Internacional frente a la CPI. Por mi desempeño pude iniciar estudios doctorales al culminar las materias. En mi tesis, con reconocimiento meritorio, elaboré una teoría diferencial para las víctimas de crímenes de Estado en la CPI. Días después de su defensa, una decisión de una Sala de Cuestiones Preliminares, confirmó algunas de mis conclusiones. La vinculación entre el Derecho nacional e internacional, me ha permitido ampliar la defensa de las víctimas. Como docente, solo he impartido asignaturas relativas a los DDHH, DIH, DIDH y DPI.

He formado juezas(es), víctimas y defensoras(es). Asesoré técnicamente organizaciones de víctimas hondureñas en comunicaciones inéditas en el litigio latinoamericano ante la CPI. Mi personalidad y vocación por los DDHH caracterizan mi independencia y búsqueda de la ética y la congruencia. Junto a mi formación y experiencia, me habilitan para el cargo de magistrada y a hacerlo en condiciones éticas e independientes, y comprometida a realizar la justicia".

36. Saúl Emir Ramírez Quesada, docente universitario

"Aspiro a integrar la Jurisdicción Especial de Paz en condición de magistrada, ya que, como abogada que ha realizado un largo recorrido por la judicatura colombiana, desde fiscal local hasta fiscal delegada ante la CSJ, y como profesora de Derecho Penal Internacional, me siento profundamente identificada con los principios y valores que inspiran dicha jurisdicción. Comparto plenamente, como un credo personal e íntimo, que las víctimas deben estar en el centro de cualquier sistema integral de justicia transicional, que la reparación es el instrumento más importante para garantizar la no repetición de la violencia y que la memoria histórica y la verdad, no solamente la judicial, constituyen elementos indispensables para superar los graves hechos victimizantes ocurridos con ocasión del conflicto armado. De otro lado, comparto plenamente, cómo una convicción ética y moral que para la superación de los conflictos y para la transición del grupo armado a organización política son insuficientes los instrumentos convencionales de la amnistía y el indulto, pero tampoco bastan los mecanismos de la justicia ordinaria". 

37. Adolfo Murillo Granados, docente universitario

"Tengo la preparación académica para el cargo, conozco la realidad de Colombia, deseo poner mi capacidad al servicio de proceso que pone fin a la confrontación armada dentro de parámetros racionales y apegados a los estándares internacionales de justicia".

38. Zenaida de Jesús López Cuadrado, experta en justicia transicional

"El rotulo de justicia transicional reúne procesos y mecanismos para superar un estado de graves y sistemáticas violaciones a los DDHH, pero toda definición es insuficiente para contener los matices de una justicia que llamada a accionar mirando hacia el pasado, tiene que ser prospectiva como señala el Acuerdo Final de Paz suscrito con las FARC-EP. En el año 2006 fui destacada para formar parte de la Unidad de Justicia y Paz y me interrogué sobre mi rol en esa jurisdicción. Le encontré sentido desde lo jurídico, y lo social, aunque consciente de las improvisaciones, los aciertos y desaciertos, las críticas y falencias; pero también, de los esfuerzos prácticos para obtener la confesión de hechos; la salvaguarda de la dignidad y seguridad de las víctimas, sin afectar la de los perpetradores; los argumentos normativos sobre reparación integral de las víctimas y responsabilidad de los victimarios de manera directa, o por mando (...) Sumado a ello, las jornadas en terreno, que generaban el respeto absoluto ante las víctimas, su valentía y dignidad; las emociones encontradas ante el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos; los encuentros con las víctimas de violencia de género; el gozo de las familias por la restitución de las tierras arrebatadas; la documentación en consenso con sus autoridades, de las afectaciones diferenciales de los pueblos indígenas, superar su desconfianza institucional, y saber que aún me honran con la confianza construida". 

39. Zoraida Anyul Chalela Romano, experta en justicia transicional

"Colma mis expectativas personales y profesionales pertenecer a ese gran Tribunal a fin de poner a su servicio con ética y compromiso, mi formación judicial (básica y superior como certifico) y mi experiencia a lo largo de más de 15 años tanto en la justicia ordinaria como en la justicia transicional (más de 11 años Como Magistrada de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, con intercambios judiciales internacionales -Perú y Argentina- a través de la ICTJ e innumerables paneles, conversatorios e intercambios internos sobre justicia transicional, Derechos Humanos, DIH y DIDH, con organizaciones no gubernamentales (la GIZ, ICTJ), así como a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Ministerio de justicia.

Además constituye un compromiso moral poder contribuir con la paz de mi país y conocer más a fondo la dinámica del conflicto armado desde la orilla del grupo rebelde FARC-EP., y las instituciones estatales aplicando las normas que regularán dicha jurisdicción sobre la base del acuerdo Final de Paz y las normas que lo implementen, garantizando no solo el derecho de los postulados y demás intervinientes, privilegiando a las víctimas, todo en la realización de los bastiones sobre los cuales descansará el proceso; esto es la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación en todas sus formas y la no repetición, para así mediante decisiones integrales, justas y garantistas impactar en la sociedad Colombiana en rescate de la confianza en la Justicia y la bondad del proceso pacificador implantado a través de la normativa aplicable".

40. Uldi Teresa Jiménez López, magistrada Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá

"Como abogada egresada de la Universidad la Gran Colombia, especialista en derecho penal, y magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal superior de Bogotá, conozco los desafíos de la paz, de lo que implica implementar acuerdos políticos que buscan poner fin a la violencia, la armonización del derecho penal internacional con la legislación interna, y las dificultades de la aplicación de una ley de transición en una realidad desbordante como lo es la Colombia del posconflicto. A pesar de los obstáculos que se puedan presentar, diferentes experiencias de Justicia Transicional - incluida la nuestra -, han demostrado que se requiere de concesiones, de flexibilidad, de carácter y madurez para generar cambios estructurales y propiciar así un equilibrio entre la justicia y el perdón, entre el reconocimiento de los crímenes cometidos y el señalamiento de los responsables. En mi trayectoria profesional, he podido constatar que no hay nada más legítimo que el dolor de cientos de miles de víctimas, así como las muchas fórmulas de resarcir su dolor, cada una a su manera; de responder a esa ira, sin generar venganza, sino una justa reparación, esa que permite reconstruir tejidos. Tal como lo expresó el presidente Oscar Arias en la Cumbre de Nóbeles de paz celebrada en Bogotá, ‘Por duro que parezca, una sociedad en guerra eventualmente debe elegir entre sancionar el pasado o habilitar el futuro. Siempre habrá quienes digan que la impunidad es incompatible con la paz. Y llevan algo de razón‘., No obstante, es indiscutible que cierto grado de perdón es inherente al proceso mismo de justicia transicional, y que las experiencias de reconciliación han surgido de situaciones de injusticia, o al menos así lo he podido constatar en estos 11 años al frente del proceso de Justicia y Paz". 

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