¿CANTARON?

Quienes escucharon las noticias el pasado 29 de octubre seguramente no entendieron nada. Pocas veces como ese día los noticieros de televisión y de radio, y al día siguiente los periódicos, habían presentado una noticia tan confusa. Por un lado, afirmaron que Gilberto Rodríguez había aceptado que el cartel de Cali creó empresas de fachada para financiar campañas políticas, entre ellas la del hoy presidente Ernesto Samper. En la otra orilla, los medios desconocieron la presunta importancia de esa revelación y afirmaron, en cambio, que Rodríguez aceptó pagarle al Estado una multa de 105.000 millones de pesos.Las dos versiones surgieron después de que Gilberto Rodríguez acudiera esa mañana a la Fiscalía Regional de Bogotá para llegar a un acuerdo con los fiscales sin rostro respecto de varios procesos que se le siguen allí, entre ellos el de enriquecimiento ilícito. Se trataba de la diligencia de sentencia anticipada, que consiste en que la Fiscalía formula unos cargos y el procesado los acepta. De lo contrario debe ir a juicio.En un momento de la diligencia los fiscales afirmaron que Gilberto Rodríguez hizo aportes "a las cuentas corrientes que se reflejaban contablemente con los códigos LTD2, LTD4 y LTD4 Especial". Está última era identificada además como Exportcafé Ltda., la que según la Fiscalía y las revelaciones de Guillermo Pallomari, contador de los Rodríguez, fue abierta para"la financiación de las pasadas campañas al Congreso y a la Presidencia de la República".Ante esta afirmación y después de que los fiscales leyeran las pruebas que tenían en su contra, Gilberto Rodríguez se limitó a decir que "Sí, señor Fiscal, acepto todos y cada uno de los cargos que me han sido imputados y la responsabilidad que en ellos me cabe".Con respecto al enriquecimiento ilícito Gilberto Rodríguez solamente reconoció una multa de 4.500 millones de pesos, no obstante que los fiscales le demostraron que por intermedio de unas 20 cuentas corrientes movió cerca de 105.000 millones.Dos días después, en desarrollo de una diligencia similar, Miguel Rodríguez Orejuela aceptó un enriquecimiento ilícito de 3.500 millones de pesos, frente a los 58.000 millones demostrados por los investigadores.Pero, a diferencia de su hermano, Miguel Rodríguez se presentó más preparado y negó su responsabilidad en los cargos relacionados con las cuentas abiertas _Exportcafé, es decir, LTD4 Especial_ para financiar políticos.Frente a esta diferencia de versiones la defensa de los Rodríguez planteó que simplemente se trata de la aceptación de unos cargos que están contenidos en la parte motiva de la sentencia, pero que no involucra la presentación de las pruebas pertinentes.No obstante, fuentes de la Fiscalía y otros penalistas afirmaron que los cargos son presentados después de una larga etapa investigativa y que si el sindicado los acepta es porque es responsable de los hechos que se le imputan.Ante la divergencia en las versiones de los hermanos Rodríguez Orejuela, es claro que se está ante un problema de interpretación jurídica, el que solo será dilucidado por los jueces regionales que les impondrán una pena de cárcel. Pero si los juristas llegan a aceptar que Gilberto Rodríguez confesó la financiación de las campañas de 1994 se habrá cerrado el círculo en torno del espinoso proceso 8.000.En cuanto a la campaña presidencial, de confirmarse esta interpretación el asunto no tendría más que un valor simbólico pues los dos principales implicados, Fernando Botero y Santiago Medina, ya se encuentran sentenciados. Al tercero, el presidente Ernesto Samper, la Cámara archivó su caso. En el futuro y con base en esta interpretación jurídica, algunos historiadores podrán decir que los hermanos Rodríguez terminaron por aceptar un día que habían financiado buena parte de la campaña de 1994 .