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| 12/18/2010 12:00:00 AM

¡Caos electoral!

Las denuncias de fraude y las demoras en la entrega de los resultados de las elecciones de Congreso mostraron las debilidades del sistema electoral colombiano.

El 14 de marzo fue un día largo para el registrador, Carlos Ariel Sánchez. Más de 2.000 candidatos de todas las corrientes políticas y regiones del país se disputaron 268 curules del Congreso de la República y cinco más para el controvertido Parlamento Andino. Por si fuera poco, las consultas internas del Partido Verde y del Partido Conservador también tuvieron lugar en esa fecha. Pero, por más trabajo que hubiera, Sánchez no se imaginó que 24 horas después estaría todavía en Corferias en medio de reclamos de Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, de una inesperada visita de Rodrigo Lara y de cuestionamientos por haber repartido licor con la medida de ley seca vigente. Y, mucho menos, que no tuviera resultados oficiales.

Pero más allá de la anécdota, este año las elecciones de Congreso evidenciaron la debilidad del sistema electoral colombiano. Desde los años 80, la Registraduría colombiana se había preciado de ser una de las más eficientes de América Latina, pero en este proceso electoral quedó demostrado que -tal y como están diseñados- los procesos electorales son una pesadilla. No en vano los resultados de la consulta conservadora solo se conocieron una semana después de los comicios y los del Congreso se demoraron cuatro meses. Solo un día antes de su posesión, los colombianos supieron a ciencia cierta a quiénes habían elegido como sus representantes. Por si fuera poco, se reportó fraude masivo en más de 10 departamentos del país y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio obligado a trasladar más de 12.000 mesas a Bogotá para volver a contar los votos. Así, en urnas descuadernadas y bolsas plásticas llegaron a la capital los votos de Atlántico, Valle, Santander, Bolívar, Magdalena, Chocó y Norte de Santander. El costo de esta revisión fue de 3.201.193.153 millones de pesos, que se suman a los más de 30.000 millones que se invirtieron en la temporada electoral. Casos como el del Valle del Cauca fueron tan graves en términos de fraude que, incluso, la Misión de Observación Electoral se atrevió a declarar ilegítimos los resultados de las elecciones en el departamento.

Por varias semanas, los colombianos vieron sorprendidos cómo los candidatos se disputaban sus curules y cada día los boletines 'quemaban' a unos y 'salvaban' a otros. Poco conocidos anteriormente, formularios electorales como el E-14 y el E-26 se volvieron familiares en las conversaciones de periodistas, observadores y ciudadanos. Personajes de la talla de la senadora Dilian Francisca Toro se vieron cuestionados, mientras otros, como Rodrigo Lara, se vieron quemados por pocos votos e interpusieron demandas argumentando que les habían robado sus curules.

Por todo lo anterior, no se necesita ser experto para saber que en 2010 el sistema electoral colombiano hizo crisis. O bien porque la corrupción y la compra de votos desbordan cualquier institución, o bien porque tiene problemas de diseño. Los que creen esto último argumentan que estos comicios fueron los primeros luego de la reforma política de 2009, la cual delegó la revisión de los resultados al CNE y le otorgó autonomía y nuevas competencias para inspeccionar y vigilar, a su juicio, todo el proceso de revisión y escrutinio. 

Con este espectáculo de ineficiencia y demoras se abrió el debate sobre la urgencia de una reforma estructural al sistema electoral del país. La reforma política que se tramitó este semestre en el Congreso no atacó los puntos claves del problema, y cada vez se oyen más voces calificadas que piden a gritos instrumentar el voto electrónico, las listas cerradas y una revisión a las facultades del CNE. Aunque la compra de votos ha sido parte de la cultura política del país durante años, 2010 será recordado por ser aquel en que el caos electoral se hizo evidente y se destapó ante la opinión pública en sus justas proporciones.
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