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| 1/18/2014 2:00:00 AM

El trancón que genera la renovación de licencias

En lugar de culpar a los ciudadanos por el caos en la renovación de las licencias de conducción, el Ministerio de Transporte debería revisar su propia gestión frente a los operadores privados a los que les entregó los trámites.

El reciente intento de cambiar las licencias de conducción, de manera rápida y eficiente, fracasó. El Ministerio de Transporte está tratando de resolver el problema y con tal fin puso en práctica un sistema de pico y pase, con el cual aspira a completar la tarea en noviembre de este año.

Sin embargo, el país todavía no ha tenido una respuesta clara sobre dónde está el problema. El viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, trató de culpar a los colombianos y le cayeron rayos y centellas. Aunque las cifras en el power point le decían que se podían sacar 17.000 licencias al día, en la práctica no era tan cierto, pues el sistema de cómputo colapsa y la espera es de hasta seis horas o más.

Lo que no se ha dicho es que parte de la explicación puede estar en que cuando el Ministerio de Transporte, en el gobierno de Álvaro Uribe, les entregó el manejo de los trámites de tránsito a los empresarios privados, soltó las riendas. Y estos, sin un órgano rector que los controle, no siempre hacen las cosas bien.

En este caso se trata de los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Los CRC deciden quiénes son aptos para conducir, pues hacen exámenes físicos y mentales. La tarea del ministerio es dar el visto bueno a los CRC, después de cumplir con requisitos como que tengan profesionales en Medicina, Sicología y Optometría.

Pero lo que pasó, según la Contraloría, es que de los centros aprobados por el ministerio hasta 2011, apenas el 44 por ciento cumplía con los requisitos. Encontraron centros de garaje que terminaron diciendo quién podía conducir y quién no, cada quien terminó cobrando lo que quiso e incluso se aprobaron 185.477 licencias sin presentar los exámenes.

Esas ligerezas no son cosas del pasado. Una investigación del ministerio encontró que entre 2012 y 2013 se aprobaron 48 CRC con documentos que se manejaron ‘bajo cuerda’ entre funcionarios del ministerio y empresarios. Ni siquiera la mitad de aquellos centros tenía optómetras profesionales. El año pasado, la Superintendencia de Transporte les abrió investigación a 193 de los 287 CRC que hay en el país por no haber instalado un sistema que les permita a las autoridades estar informadas sobre las licencias que aprueban. En otras palabras, se convirtieron en ruedas sueltas.

Ese desorden parece explicar en parte por qué, en los últimos años, a casi 3 millones de ciudadanos –sin que ellos se dieran cuenta– les aprobaron licencias de ‘transporte público’ (que tiene fecha de vencimiento a los tres años) a pesar de que lo único que muchos de ellos querían era manejar un vehículo particular. En un momento dado, el ministerio expidió un comunicado de prensa según el cual esas licencias solo se vencían para quienes manejaran bus o taxi. Ahora el ministerio dice que no sabe de dónde salió esa idea. “¿A quién se le ocurre que a una persona se le venza la licencia para alguna actividad y pueda seguir ejerciéndola?”, ha dicho el viceministro Estupiñán.

En informes de la Contraloría se lee que el ministerio también quedó ciego frente la información registrada en el Runt. Uno de los hallazgos dice que “el sistema no está permitiendo la recategorización hacia arriba y hacia abajo”. Es decir, si a una persona le daban un pase para conducir transporte público y después quería cambiarlo, no podía hacerlo.

El Runt es el registro del tránsito que fue entregado a privados mediante licitación en 2006. El ministerio en su momento descartó a tres pulpos del tránsito: las empresas Taborda Vélez y Quipux, y al empresario Juan David Ángel. Pero eso no impidió que después compraran la concesión y se volvieran otra rueda suelta.

En el Runt se tienen que registrar todas las diligencias de tránsito y eso le permite al ministerio tener el panorama completo. Pero, a juicio de la Contraloría, el gobierno quedó desconectado. La mayor prueba es que por inconsistencias en los registros, en 2010 el Ministerio dejó de recibir 20.000 millones de pesos y en 2011 se embolataron más de 5.000 millones.

Pero eso es apenas un detalle comparado con el dolor de cabeza que ha causado el Runt en las recientes jornadas de renovación de licencias. La queja constante son las demoras por las caídas del sistema. En diciembre se llenó la copa y el ministerio sancionó al concesionario con una multa de 2.853 millones de pesos por incumplir sus obligaciones. El castigo parece que no bastó, pues a comienzos de año el sistema se seguía cayendo.

¿Por qué los contratistas no invierten lo suficiente en tener la banda ancha apropiada para atender al país? ¿Por qué no hay en los Centros de Reconocimiento más personas atendiendo y así evitar que los usuarios tengan que esperar dos, tres y hasta seis horas, en temporadas de gran afluencia como esta?
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