El caos de la Superintendencia de Puertos y Transporte

Un grupo elite de Informática Forense de la Dijín se tomó la sede principal de la Superintendencia de Puertos y Transporte en Bogotá hace unos meses. El hecho, que se mantuvo en reserva, permitió a las autoridades revisar y llevarse la información de los discos duros de la entidad, además de realizar varias entrevistas a sus funcionarios.

El operativo se produjo a raíz de las denuncias que el superintendente, Javier Jaramillo, realizó en la Fiscalía y los organismos de control. El funcionario descubrió que empleados de la Superintendencia y personas externas accedían a las bases de datos para ocultar las multas, dejar que se vencieran o ampliar los plazos para el pago. También para modificar los valores de las sanciones o borrar cifras de las tasas que las casi 8.000 empresas de transporte terrestre, fluvial, férreo o aéreo que operan en el país le deben pagar a la entidad. La Dijín investiga los delitos de acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales y daño informático.

Además, las autoridades investigan una mafia que manipula los comparendos o Informes Únicos de Infracción al Transporte (IUIT) que impone la Policía en las carreteras, que quedan centralizados para su revisión y cobro en la Superintendencia. Al año se imponen, en promedio, 15.000 comparendos. Cuando Jaramillo llegó a la entidad, a finales de 2014, se encontró con 85.500 a los que nunca se les dio trámite o que permanecían olvidados en cajas y pasillos. Aunque aún no se ha podido hacer una auditoría total, se cree que desde 2000 la entidad dejó de recibir 165.000 millones de pesos. Según el superintendente Jaramillo de no haberse invertido en tecnología y en más personal, hubieran podido caducar 70.000 comparendos más y la suma ascendería a más de 200.000 millones.

Este desorden motivó una investigación interna cuyos hallazgos están a disposición de la Fiscalía, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. En marzo del año pasado, la Superintendencia denunció en la Procuraduría que entre 2007 y principios de 2015 se acumuló una cartera por cobrar de cerca de 25.000 millones de pesos y casi 3.000 millones más en riesgo de caducar.

Ese caos sirvió como caldo de cultivo para la aparición de diversas mafias en la Superintendencia, que han desarrollado diferentes modalidades de corrupción. La primera se origina en la venta de la base de datos de la entidad a personas externas que usaban la información, placas de vehículos, nombres y cédulas reales para crear actas falsas en las que exigían el pago de comparendos o infracciones caducados. La plata iba a parar a sus cuentas. Si bien esto fue denunciado en julio del año pasado, y en esto estarían involucrados algunos funcionarios, la Fiscalía aún no ha determinado cuántas empresas o personas resultaron estafadas con el uso de esta información.

Solo por la falta de cobro de la tasa de vigilancia a las empresas se estima que la Superintendencia tiene un faltante de más de 40.000 millones de pesos. “Aquí no se sabía cuánta plata nos debían, ni cuántas multas existían, y el cúmulo de irregularidades desprestigió a la entidad. Por fortuna hemos avanzado muchísimo, pero aún estamos organizando la casa”, asegura Jaramillo.

Pero los hallazgos no pararon allí. Hace seis meses la Superintendencia denunció ante la Contraloría un posible detrimento patrimonial de 2.000 millones de pesos por cuenta de dos contratos para software de gestión documental que buscaban integrar especialmente los procesos de cartera, tasa de vigilancia, cobro persuasivo y jurisdicción coactiva. Según reza en un apartado de la denuncia, “se evidencia un posible detrimento económico toda vez que no ha sido posible utilizarlo correctamente por los errores existentes en el aplicativo…”.

En este momento, la Superintendencia espera que tanto Fiscalía, Procuraduría y Contraloría entreguen resultados sobre lo denunciado. Como la casa aún no está del todo limpia, es posible que salgan a la luz nuevas irregularidades y mafias alrededor del pujante negocio del transporte de carga y pasajeros del país.