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| 12/24/2011 12:00:00 AM

Capital del desorden

El caos en que se hunde Bogotá tiene causas mucho más profundas que unas obras inconclusas. Urge un estatuto que aclare quién manda de verdad en la ciudad y un alcalde que le devuelva un rumbo claro.

Esta semana, en el norte de Bogotá, se hundió la carrera 11, aparentemente por efecto de la construcción de un edificio, y la arteria tuvo que ser cerrada, lo que hizo colapsar el tráfico de un importante sector. Más que una inocentada adelantada, el hecho demostró lo difícil que es gobernar una ciudad en la que muchos se sienten con el derecho de imponer sus posiciones por encima de las normas y del bien común. Y lo que es peor: agudizó aún más la idea de que la capital perdió su rumbo.

El lunes, la alcaldesa encargada Clara López había advertido que la vía podría estar cerrada entre dos y tres meses, mientras se determinaban las causas de la falla y se hacían las obras de reparación. Pero en la madrugada del martes la constructora Pijao, dueña del edificio, por cuenta propia y como “un regalo a la ciudad”, pavimentó la vía y la puso en servicio. Al conocer esa decisión inconsulta, la alcaldesa ordenó de nuevo el cierre hasta tanto la Empresa de Acueducto y los estudios de suelos aclaren por encima de toda duda las causas de lo sucedido.

Pero si muchas vías no están bien, en otros frentes la situación tampoco mejora. A este caso se sumó la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto la sonada licitación para la recolección de basuras de la ciudad, en la que están en juego cerca de 2,5 billones de pesos y los intereses de recicladores y grandes empresarios. Según el magistrado Juan Carlos Henao, las condiciones en los pliegos para ese contrato “no aseguran que todas las
asociaciones de recicladores tengan acceso a utilidades ciertas y periódicas”.

La Corte ordenó que se reinicie el proceso desde cero y puso como plazo el 31 de marzo de 2012 para que se entregue una estrategia en la que se diga cómo se va a realizar la licitación. Si bien en torno a este proceso había todo tipo de dudas por la transparencia y por el posible rol del cartel de la contratación, la forma como la Corte se le metió al rancho a la capital también tiene divididos a los juristas.

Para la alcaldesa López, lo que ha pasado en Bogotá deja en claro que los gobernantes de la ciudad tienen que lidiar no solo con que buena parte de sus habitantes tengan como regla irrespetar las leyes y pasarse por encima a la autoridad, sino con la tendencia de muchos funcionarios nacionales, departamentales o de otras ramas del poder de querer opinar y tomar decisiones que afectan a la ciudad.

Lo anterior, junto con el caos de la movilidad, el invierno –que ha desnudado la falta de planeación y los abusos de constructores y curadores–, los escándalos de corrupción –que tienen al alcalde titular en la cárcel–, han aumentado el pesimismo de los capitalinos sobre su futuro. Crece entre ellos la idea de que la metrópoli perdió el buen rumbo que comenzó con Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, que la habían convertido en un modelo.

Unas cuadras más al norte del gigantesco bache de la 11 hay otra manifestación de esa problemática tendencia. Desde hace diez años el Ejército se ha opuesto de todas las formas posibles, pasando por los estrados judiciales, a que se construya una prolongación de esa avenida, crucial para destrabar el norte de la ciudad, por predios del Cantón Norte. Solo ahora, cuando el nuevo puente sobre la carrera novena termina contra los muros del complejo militar y tras una larga concertación, parece que la vía podrá hacerse en 2012. El Consejo de Estado deberá aprobar la conciliación en las próximas semanas.

Otro ejemplo de la falta de coordinación institucional es lo que ocurre con la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, la autoridad ambiental de la zona rural de la ciudad, que maneja el río Bogotá. “Esta entidad recibe el 15 por ciento del recaudo del predial de la capital, pero hoy, a pesar de que ya logramos hacer el cierre financiero para sanear el río, no sabemos qué hizo la plata de los bogotanos. Lo lógico es que la ciudad, que tiene su propia autoridad ambiental, pudiera decidir sobre este y otros temas, como los cerros orientales o la expansión hacia Usme”, dijo la alcaldesa.

Y como si los líos de Bogotá fueran pocos, aún están pendientes de definición algunos temas relacionados con el aeropuerto Eldorado. El gobierno nunca escuchó lo que la ciudad quería de la terminal aérea y hoy todavía está sin definirse la forma como TransMilenio va a llegar hasta allí. Además, quedó demostrado que su ampliación quedó pequeña. Para que no sea un aeropuerto “pichurrio”, como lo calificó el exalcalde Lucho Garzón, a partir de 2015 se hará una segunda ampliación, cuando se conozcan los estudios del nuevo Plan Maestro.

Para la saliente alcaldesa, Bogotá necesita que se le reconozca el régimen especial que le dio la Constitución política, y no que ministros, funcionarios o jueces la traten como otro municipio más. De ahí que se requiere un nuevo estatuto o un marco jurídico para la capital que le dé su mayoría de edad y ponga fin a la torre de Babel que creó la Constitución de 1991 y a las zonas grises que generan constantes choques de poderes. Mientras esto no ocurra, buena parte de las grandes decisiones del futuro de la capital deberán pasar por los escritorios del gobierno central.

Para el exalcalde Paul Bromberg, el alcalde de Bogotá tiene un gran poder, presupuesto y empresas poderosas que debe usar para enfrentar temas que se salieron de las manos, como la planeación urbana, la función de los constructores y los curadores urbanos. “Esta ciudad se construyó de afán y con una alta informalidad, por lo que es el momento de empezar a solucionar lo que no se hizo décadas atrás”.

La dificultad radica en que solucionar los problemas de planeación urbana y de movilidad es muy difícil. El último proyecto de planificación responsable y con perspectiva de futuro se hizo hace más de 50 años, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. En los últimos tiempos, el crecimiento de la ciudad se basó en legalizar barrios piratas, y las curadurías urbanas, antes de conducir un modelo de planeación, son títeres de las constructoras. Así las cosas, no es que la ciudad haya perdido el rumbo, sino que está sufriendo las consecuencias de décadas de mala gestión.

Para Enrique Borda, exsecretario de la alcaldía de Lucho Garzón, los problemas en la ciudad no se deben a la falta de normatividad, de reglamentación o regulaciones, sino a que no hay un buen sistema para ponerlas en práctica y hacerlas cumplir. La inspección, vigilancia y control es muy débil, en especial en el uso del suelo. “Las alcaldías locales no tienen el peso necesario. Por ejemplo, una alcaldía como Ciudad Bolívar, en la que caben dos Bucaramangas, tiene 40 funcionarios. Y el otro problema es que la Policía, incluso la de Tránsito, no depende de las autoridades locales sino de la Dirección Nacional”.

Ahora bien, la desorientación en la que cayó Bogotá con Samuel Moreno es un tema mucho más complejo. Desde que en 1910 fue municipalizado el tranvía y en 1914 la empresa de acueducto, la ciudad comenzó una larga batalla para lograr una cobertura universal de servicios públicos. Un siglo después, con el impulso de Mockus, Peñalosa y Garzón, se logró la cobertura universal en agua potable, alcantarillado, luz, teléfono, gas domiciliario y hasta de recolección de basuras. A esto se le suma que la educación y la salud pública también dejaron de ser un problema.

Samuel Moreno ganó la Alcaldía con la promesa de hacer el metro y mantener el programa Bogotá sin Hambre. El problema, dice el historiador y experto en Bogotá Fabio Zambrano, es que la batalla por la movilidad es una guerra que nunca termina y, lo que es peor, es perdida. Ni París, que tiene una de las redes de metros, trenes y vías más sofisticadas del mundo, la ha ganado.

Con el metro enredado y el caos del tráfico en su peor momento, quedó al descubierto que Moreno no tenía una meta para la ciudad, como fueron la cultura ciudadana, la vida y los recursos sagrados, los 2.600 metros más cerca de las estrellas o la lucha contra el hambre de la Bogotá sin Indiferencia.

De ahí que el reto más importante de Gustavo Petro, por encima de devolver la credibilidad en el manejo de los recursos, sea mostrar para dónde quiere dirigir la ciudad y cómo va a imponer el orden. Pero hasta ahora ni en su discurso casi presidencial, con el que dio su parte de victoria en las elecciones, ni en las entrevistas que ha dado como alcalde electo ha podido hacerlo.
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