Capoteando la corrupción

Hecha la ley, hecha la trampa, dice el adagio popular. Con seguridad, mientras usted lee esta nota un grupo de congresistas y funcionarios tiene en mente cómo el próximo martes logran sacar adelante una reforma a la ley de contratación, la Ley 80. Una norma muy valiosa para el país no sólo por lo que implica en términos de transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino porque se calcula que bajo su régimen cada año entidades públicas compran bienes y servicios por 56 billones de pesos. Casi la mitad del presupuesto de la Nación.

Pero mientras esto pasa, otro grupo de oscuros personajes estará haciendo el ejercicio contrario: estudiando la forma para lograr poner a última hora una coma, una palabra o un inciso que les permita el día de mañana utilizar esa misma ley para socavar el erario.

El debate previsto en la plenaria de la Cámara de Representantes será el remate de una gestión accidentada de cinco años en los que las presiones y los intereses económicos en juego empantanaron más de una vez su aprobación.

La discusión en torno a esta ley es álgida. "Es una colcha de retazos", llegó a decir el contralor general, Julio César Turbay. "Mejor dejar así que aprobar lo que está quedando", era el comentario de funcionarios de alto nivel en otros organismos de control. Esto, junto a la permanente presencia de lobbistas de todo tipo en el Congreso, ha encendido todas las alarmas. Sin embargo las cosas en las últimas semanas parecen haber cambiado. "Es una colcha con bastantes menos retazos", dijo a SEMANA en tono conciliador el contralor Turbay.

¿Dónde están los mayores huecos por donde se podría colar la corrupción? ¿Cuáles son los temas que han tenido más presión? Lo que se busca con una ley de este tipo es que esta sea la norma de normas en la materia y que con ella se garantice transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. De ahí que sean cuatro los aspectos esenciales que se busca revisar. Que la ley tenga el menor número de excepciones, que haya procedimientos de selección objetiva, que haya claridad en la evaluación de las propuestas y que con la publicidad de las adquisiciones se garantice transparencia (ver recuadro).

Pese a que el proyecto de reforma son sólo 34 artículos, hay debates en los que se invierten eternidades en la discusión de si un término u otro es el adecuado por sus implicaciones. Por ejemplo, en la actual ley, vigente desde 1993, sólo unas pocas palabras le abrieron un boquete enorme al permitir que de forma excepcional se pudieran hacer contratos sin licitación con organismos internacionales, cooperativas y universidades, entre otros.

En sí mismo que esto se pueda hacer pareciera no tener nada de perjudicial para el Estado. Parecieran más bien instrumentos que facilitan la relación con organismos multilaterales, o que ayudan a promover el sector solidario o que sirven para el fomento de la investigación académica. Desafortunadamente esto no fue usado así por todo el mundo, pues la ley permitió que estas instituciones subcontrataran de forma directa con los recursos públicos regidos por sus reglas internas, que muchas veces no existían.

Un ejemplo de lo sucedido con este régimen excepcional es lo sucedido con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos, que lograron multimillonarios contratos por todo el país para hacer obras desde torres de energía, hasta construcción de caminos. O el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo maneja nóminas enteras de cientos de consultores para varias entidades públicas. Hubo cooperativas de municipios como Comente, Coopmunicipos y Ecogestar que de igual forma se dedicaron a administrar los presupuestos de municipios de regiones diferentes a los que las conforman. Y universidades como la de Cartagena que de forma muy llamativa logró miles de millones de pesos en contratación de obras civiles en Casanare, al otro lado del país, o en el Capitolio. Todas estas entidades actuaron arropadas bajo el manto legal que les dieron unas cuantas palabras en la ley.

El representante Germán Varón, ponente de la reforma, dice que según lo que se ha acordado en el Congreso estos mecanismos quedan suprimidos en algunos casos, o muy controlados en otros. Pese a esto se mantuvo que las empresas industriales y comerciales del Estado, algunas vinculadas al sector salud y otras como Cotecmar y Ciac, entidades adscritas al Ministerio de Defensa y que manejan muchas compras en este sector, queden excluidas de dicha ley.

Otro de los puntos que despertó gran polémica es la prohibición para que las concesiones se prorroguen de forma automática y gratuita, como buscaban algunos representantes de estos gremios. El país ya tiene antecedentes en la materia. Por ejemplo en el caso de los canales privados de televisión la prórroga a finales de los años 90 se hizo sin ningún pago de por medio, argumentando la crisis económica que vivía el país en ese momento. Para los críticos es un beneficio que dejó algunas dudas sobre su trasparencia. Con variaciones también se encuentran situaciones controvertidas en el sector portuario y de infraestructura. Aunque los ajustes están por ahora incluidos en la ley, los intensos debates en torno al tema dejan en evidencia que la misma ley de contratación es insuficiente para un tema tan complejo como las concesiones y que es urgente tener mayor reglamentación al respecto. También han tenido buen recibo los artículos que ponen en cintura a los juegos de azar, donde no hay duda que hay una gran evasión de impuestos y que algunos utlizan esta actividad para lavar activos.

Entre los congresistas y funcionarios de los organismos de control entrevistados por SEMANA para esta nota, hay consenso en que medidas como la de un sitio en Internet que tenga la información de todos los contratos, y no varios como ahora, o que se busque controlar por ejemplo que una propuesta en una licitación se descalifique por no entregar de forma oportuna la copia de una cédula o un registro mercantil, o que las cámaras de comercio se encarguen de unificar el Registro Único de Proponentes, que refleja la trayectoria y capacidad de un contratista, son aspectos que brindan transparencia.

Despiertan inquietud figuras nuevas como la llamada selección abreviada que es el nombre que reemplaza a lo que se conocía como las compras de menor cuantía, la norma para la "adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización", y el estímulo a la contratación con pequeñas y medianas empresas, pues dependiendo de cómo quede el detalle de la ley y su reglamentación, se pueden abrir boquetes hoy no previstos. No hay que olvidar que el diablo está en los detalles, según dice el refrán.

El senador Germán Vargas, quien fue el ponente de esta reforma en su corporación dice que un proyecto más integral sería deseable, pero lo que va acordado hasta ahora logra atajar las fallas más protuberantes por donde se ha colado la corrupción. Su entusiasmo es moderado. No es gratuito. Aún hay chance que este proyecto trascendental para el país se queme en la puerta del horno. Son 99 las proposiciones que aún faltan por discutir, sumadas a las que seguro han preparado los que a punta de comas y términos rebuscados buscan amañar la ley. Son aquellos que al igual que los congresistas honestos, también han estado juiciosos haciendo su tarea.