Así se habrían perdido millonarios recursos de la salud en Caprecom

La liquidación de Caprecom en diciembre pasado no tenía vuelta atrás: la prestación de servicio era precaria, las denuncias por supuestos actos corrupción y posibles desvíos de recursos crecían como espuma y tenía una deuda que, hasta fin del 2015, sobrepasaba los 1,5 billones de pesos.

Pero aunque esta EPS llegó a su fin, las denuncias sobre irregularidades y malos manejos siguen apareciendo. Esta vez, un informe de 62 páginas de la Contraloría -conocido por Semana.com- alerta sobre 14 hallazgos a diciembre pasado, algunos con indagaciones preliminares, otros con alcances disciplinarios y otros más con incidencia fiscal por un presunto detrimento patrimonial por casi 3.400 millones de pesos.

El documento es alarmante. Deja en evidencia cómo la administración de Caprecom habría realizado algunos pagos sin facturación, habría dejado de hacer unos recobros al Fosyga -lo que habría ocasionado un posible detrimento-, se encontraron graves irregularidades en una auditoría forense que pagó la misma EPS y evaluó el incumplimiento a la prestación del servicio a los internos del Inpec.

Cárceles

En noviembre del año pasado, Semana.com denunció una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos y la posible desviación de recursos en Caprecom. Una de las presuntas inconsistencias reveladas por este portal, fue la contratación con la Unión Temporal UBA-Inpec para prestar la atención a los presos de 31 cárceles del país.

El contrato, que se ejecutó desde agosto del 2014 hasta julio de 2015 por casi 43.000 millones de pesos, se mantuvo hasta el final aun cuando desde el principio los supervisores afirmaban que el contratista no cumplía con el suministro de medicamentos, insumos quirúrgicos, odontológicos, en telemedicina, entre muchos otros servicios.

Ahora, la Contraloría vuelve a confirmar las graves denuncias y alerta sobre nuevas inconsistencias encontradas hasta diciembre de 2015. Según el organismo, el contratista prestó los servicios de salud intramurales a través de un tercero. Es decir, subcontrató sin tener autorización. Eso es considerado un incumplimiento.

Así mismo, en los centros penitenciarios que visitó la Contraloría se encontró con discontinuidad en el servicio y la inasistencia del personal contratado para atender el servicio de salud. Estas situaciones se presentaron, sobre todo, en Antioquia, Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Girón (Santander) y Villavicencio, entre otros.

La lista es larga. La Contraloría tampoco halló en algunos centros carcelarios equipos o medios para la prestación del servicio de medicina especializada o por subespecialidad a través de telemedicina, “de acuerdo con las obligaciones contratadas con el operador de salud”.

El ente además se percató que, en muchas cárceles, la Unión Temporal no resolvió las remisiones y solicitudes de servicios de salud. Por ejemplo, en la cárcel El Pedregal de Medellín había 409 solicitudes de actividades, procedimientos o intervenciones de especialidad represadas desde el 6 de agosto de 2014. Había pasado poco más de un año y la Unión Temporal no las atendía.

En La Picota de Bogotá encontraron 908 consultas represadas desde diciembre de 2013 hasta fin de año de 2015. Estas situaciones se repiten en otros centros de reclusión.

¿Pérdidas?

El hallazgo más sorprendente de la Contraloría es el pago que hace Caprecom a unas IPS por unos servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS), cuando se debió hacer un recobro a las Direcciones Territoriales de Salud y al Fosyga.

Un recobro -según la resolución 5395 de 2013 del Ministerio de Salud- es una solicitud que hace una entidad con el fin de “obtener el pago de cuentas por concepto de tecnologías en salud no incluidas en el POS, y cuyo suministro fue garantizado a sus afiliados y autorizado por el Comité Técnico Científico”.

En su informe, la Contraloría asegura que encontró 2011 facturas sin recobrar y que fueron pagados por la EPS a las respectivas IPS. Lo que ocasionó un presunto detrimento de 3.315 millones de pesos. Cabe anotar que, según el mismo Manual de Subproceso de Recobros de Caprecom, “la no realización de recobros en el tiempo establecido, ocasiona un detrimento patrimonial de la institución y acarrea sanciones a que haya lugar”.

Estas no son las únicas pérdidas. En la muestra revisada por la Contraloría encontró que la EPS pagó valores mayores a lo facturado por las IPS. Los casos específicos estudiados por la Contraloría muestran un detrimento de 81 millones de pesos.

Sin embargo, esta misma situación la denunció en noviembre Semana.com. Por ejemplo, este portal reveló que Caprecom –en cabeza de su directora, Luisa Fernanda Tovar- giró a la IPS UBA Vihonco S. A. S. (con sede en Cúcuta) 2.600 millones de pesos en septiembre cuando en el programa Seven de la entidad –el sistema donde se registra la facturación– no aparecía ni una sola factura por pagar. Es solo un botón, de varias actuaciones en las que están en juego miles de millones de pesos.

Supervisión, poco útil

La administración de Caprecom, en cabeza de Luisa Fernanda Tovar, contrató en diciembre de 2013 una auditoría con la Unión Temporal Auditoría Forense para que, en un plazo de seis meses, vigilara que los manejos administrativos se hicieran de manera correcta. Según la Contraloría, no sirvió ni arrojó resultados contundentes.

Las inconsistencias son varias. Según el organismo de control, el contratista -al que Caprecom le pagó 4.563 millones de pesos- no identificó, ni rastreó dónde estaban las inconsistencias, simplemente recolectó información.

"No se analiza el universo de las operaciones, de la contratación, de los inventarios, de los títulos, de los procesos judiciales, de las cuentas por cobrar y por pagar, entre otros". Incluso, se resalta que hay hallazgos de la auditoria que son inconsistentes.

La Contraloría también explica que esa auditoria tenía un contrato por seis meses y se debía pagar en tres cuotas. En las entregas de los tres productos se hicieron los pagos respectivos, con el aval de todos los supervisores, sin que se cumpliera a cabalidad lo pactado.

“Si bien la Unión Temporal AF presenta un resumen de 22 hallazgos que demuestran el alto impacto de situación financiera de la entidad, al realizar el análisis del informe final y los hechos en concreto no es posible identificar y tener certeza de quién, por qué, dónde y cómo se generó el posible hecho irregular”, puntualiza el informe.

Esta y otras aparentes irregularidades son las que la Contraloría que deberá seguir investigando, para luego determinar qué fue lo que ocurrió al interior de Caprecom y quiénes deberán hacer frente a las responsabilidades fiscales en este caso. Un camino que se anticipa todavía largo, pero que daría luces del que posiblemente sea uno de los más impúdicos desfalcos en la historia del país.