Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/11/24 21:00

¿El 'carrusel' de los contratos en Caprecom?

Semana.com investigó las denuncias de altos funcionarios de esta EPS pública, que advierten de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y el desvío de recursos de la salud.

Luisa Fernanda Tovar Pulecio Foto: Guillermo Torres / Cortesía La República

Desde hace años Caprecom –una de las pocas EPS estatales del país- viene en caída libre. Cada año que pasa las deudas crecen a pasos agigantados y la lista de pacientes que reclama un servicio digno de salud aumenta a borbotones. Nadie parece escucharlos.

Aunque el Gobierno le ha lanzado salvavidas, la situación de Caprecom ha ido empeorando. Ahora pasa por su peor momento y tiene una deuda con los hospitales del país que sobrepasa los 1,5 billones de pesos. El pasado martes 17 de noviembre se conoció que el Congreso aprobó 500.000 millones de pesos del cupo de endeudamiento para comenzar a pagar la astronómica deuda de esta entidad.
 
Pero con todo y eso, la única solución a la vista es la liquidación. Desde el próximo año, los ojos del Ministerio de Salud estarán puestos en el traslado de los 2,7 millones de pacientes que atiende Caprecom a otras EPS del régimen contributivo, en la venta de los activos de la entidad y en el pago de las pasivos.
 
Pero no sólo es la deuda. Una cadena de irregularidades en la contratación ha sido advertida por altos funcionarios de la entidad que, quizá cansados de lo que allí ocurre, han decidido contar lo que para ellos es un verdadero ‘cartel de contratos’ generado durante el lapso en que Luisa Fernanda Tovar -que renunció de manera repentina el pasado 13 de noviembre y que estará en la entidad hasta el próximo lunes-, se desempeñó como directora.
 
Ellos han pedido la reserva sobre sus nombres para no tener problemas internos. “Usted no se imagina la olla podrida que allí hay. Por más que le inyecten recursos, esta EPS está condenada al fracaso”, dice uno de ellos. “Todo es muy grave”, dijo a Semana.com otro de ellos.
 
Los giros sin factura
 
Para probar sus denuncias, estos funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad en la entidad mostraron documentos en los que se advierte que desde enero del 2013 cuando tomó posesión como directora de Caprecom, Ana Luisa Fernanda Tovar Pulecio llegó pisando fuerte y decidida a mostrar cómo sería su forma de trabajar.

No llevaba mucho tiempo y ella, a través la resolución 386 del 16 de abril de ese mismo año (ver resolución), se autorizó para encabezar los procesos de contratación de manera directa y sin límite de cuantía.
 
Y aunque luego lo modificó poco a poco, dicha potestad de contratar y de determinar las cuantías de pago sigue en cabeza suya. (Lea: El particular manual de contratación en Caprecom).
 
Son en promedio 150.000 millones de pesos los que Caprecom recibe mensualmente del Fosyga para garantizar la atención de los servicios de salud en todo el país. Pero, al parecer, esta suma es escasa y la EPS evidencia una carencia en su red de servicios. Tal vez por eso ha tenido que salir de cuatro departamentos y dejar los contratos que le permitían operar en las cárceles del país.
 
En la documentación revisada por Semana.com hay hechos que llaman poderosamente la atención. Mientras esta EPS debe miles de millones de pesos a los hospitales de la red pública, por el otro lado hace millonarios y curiosos pagos a algunas IPS privadas con las que contrató.

En septiembre pasado, por ejemplo, la EPS giró a la Organización IPS Vihonco, con sede en varias regiones del país, 1.693 millones de pesos, cuando sólo había facturas por apenas 338 millones de pesos. Y en octubre giró 811 millones de pesos con la misma facturación del mes de septiembre.
 
Pero esta no es la única presunta irregularidad. A la IPS UBA Vihonco S. A. S. (con sede en Cúcuta) le giró 2.600 millones de pesos en septiembre cuando en el programa Seven de la entidad –el sistema donde se registra la facturación– no aparecía ni una sola factura por pagar. En octubre, Caprecom le volvió a girar a esta entidad 4.455 millones de pesos, cuando sólo había facturas por 319 millones de pesos.
 
La misma situación ocurrió con la IPS Amvif (con sede en Barranquilla). Caprecóm le pagó en septiembre 747 millones de pesos cuando sólo había facturas por 192 millones de pesos. Y ni qué decir de Cmiac IPS Guajira S. A. S., a la que le canceló en septiembre 3.278 millones de pesos sin que existiera una sola cuenta por pagar y a sabiendas de que el único contrato de esta IPS con Caprecom es de 231 millones de pesos para prestación de servicios de oncología en un plazo de seis meses (julio-diciembre de 2015). Un valor ínfimo respecto a lo girado por la EPS (ver contrato).
 
Este último caso fue tan escandaloso, que varios medios de comunicación le dedicaron espacio. Pero la directora de Caprecom, con una desfachatez pasmosa, aseguró que había sido un problema de números y que se les había ido un “cerito” de más. Dijo que el dinero restante fue pagado a otras IPS por medio de un contrato de cesión, una de ellas -casualmente- pertenece al mismo representante legal.
 
Si bien ella supo sortear el tema con sus explicaciones, Semana.com conoció que ese proceso tampoco se hizo de forma adecuada y ni siquiera cumplió los protocolos requeridos por el Gobierno. Normalmente una cesión se hace con un formato establecido y debe tener una revisión jurídica y financiera. Eso no se hizo y el traspaso de los recursos, como por un acto de magia, se logró con una firma de la directora Tovar en muy poco tiempo. (Ver contrato de cesión).
 
“Menos mal este caso se conoció, si no el dinero se habría perdido por completo”, manifestó un funcionario de Caprecom que ha trabajado cerca de la directora.
 
Lo mismo ocurrió con la IPS Especializada (encargada de suministrar medicamentos de alto costo en todo el país). En septiembre Caprecom le giró 2.400 millones de pesos sin que existiera factura y en octubre le giró 7.246 millones de pesos: sólo tenía facturas por 1.234 millones de pesos. El pago de esa millonaria suma sin que tuviera soportes causó tanto revuelo dentro de la entidad, que Tovar volvió a justificar el envío con otro improvisado contrato de cesión (ver cesión).
 
Pero la lista de giros sin facturas es larga. Según los documentos, Caprecom le giró a Solinsa G. C., S. A. S. (una IPS con sede en Santander aunque sus servicios son para el Eje Cafetero y Valle) la suma de 1.949 millones de pesos en septiembre, cuando solo tenía cuentas por pagar de 79 millones de pesos. A la IPS Medicarte le giró 1.600 millones de pesos en septiembre y 1.380 millones de pesos en octubre, sin tener ni una factura por pagar en ninguno de los dos meses.
 
Aparecen los Ochoa

 
Algunas de las IPS a las que Caprecom les gira con esta atípica fórmula presentan un elemento adicional. Las firmas y consorcios descritos en las presuntas irregularidades están representadas, curiosamente, por distintas personas con un apellido en común: Ochoa. Así, las uniones temporales UBA-Inpec, UBA DOS-UT UBA 2, así como la firma UBA Vihonco S. A. S., está representada por Rolando Arbey Corredor Ochoa. Por su parte la Union Temporal Alianza Vihonco está representada por Juan Carlos Corredor Ochoa.
 
De igual forma, las empresas Amvif IPS S. A. S. y CMIAC IPS está bajo la tutela de Pedro Antonio Moreno Ochoa. Funcionarios de Caprecom aseguran que entre este grupo familiar y la directora Luisa Fernanda Tovar hay un grado de cercanía. Tanto que en julio pasado, tras una escandalosa fiesta de Caprecom cuyos recursos aún no se sabe de dónde salieron, la directora de la entidad y algunos de sus más cercanos colaboradores aparecieron en un lujoso restaurante con Pedro Antonio Moreno Ochoa en un alto ambiente familiar. De ellos quedó registro fotográfico.

Imagen izquierda: Luisa Tovar el día de la fiesta (15 de julio de 2015), el cantante Dionisio Díaz (centro) y Pedro Moreno Ochoa (der.). Segunda foto: Luisa Tovar (izq.) con Moreno Ochoa (der.) y algunos de sus colaboradores tras la fiesta en Caprecom. Foto: Exclusivo Semana.com.

La organización IPS Vihonco tiene un contrato para atender a los pacientes con cáncer en de Norte de Santander -aunque su registro esté en Antioquia-, por un valor de 399 millones de pesos por cinco meses (de agosto del 2015 a enero del 2016). Los pagos debieron ser de 70 millones de pesos mensuales. Sin embargo, esta entidad fue una de las que recibieron exagerados montos sin facturación (1.693 millones de pesos en septiembre).
 
Para completar, el servicio que se presta en este departamento no es el mejor. En un correo que enviaron siete funcionarios de Caprecom de esa seccional a la directora Tovar, manifestaron que la organización Vihonco no ha cumplido del todo con lo pactado en el contrato.
 
Las curiosidades o las coincidencias también aparecen en uno de los altos cargos de la entidad. Hasta el 30 de junio de este año la jefe de la División de Contratos y Licitaciones de Caprecom era Tatiana María Restrepo. Su nombre no tendría nada de particular sino fuera porque ella se desempeñó como coordinadora jurídica en la Organización Vihonco IPS S. A. S., donde asesoraba los contratos con Caprecom. Cuando ocupó su cargo en la EPS se declaró impedida para celebrar contratos con estas IPS, pero las suspicacias aparecen cuando son precisamente estas firmas a las que se le han girado millonarios recursos sin los debidos soportes (ver impedimento).
 
“Los contratos de todas las IPS de los Vihonco en todo el país suman más de 90.000 millones de pesos, contratos que se han entregado de manera totalmente irregular”, dijo un directivo de Caprecom.
 
También en las cárceles
 

Pero los contratos que Tovar ha entregado a este grupo van más allá. La directora entregó, desde agosto del 2014 hasta julio de este año, el servicio de salud de 31 cárceles del país a la Unión Temporal UBA Inpec (conformada, entre otros, por Organización IPS Vihonco y la UBA Vihonco). Ahí el representante legal es, nada más y nada menos, que Rolando Arbey Corredor Ochoa.
 
Según conoció Semana.com, para la entrega de este contrato –el valor total fue por 43.000 millones de pesos- hubo una presunta licitación irregular e incluso tiene apertura de indagación preliminar en la Procuraduría (ver oficio del Ministerio Público), pues, entre otros, se modificaron los pliegos de condiciones dos días antes de otorgar el contrato.
 
Lo más preocupante es que Caprecom mantuviera un contrato por casi un año con la Unión Temporal UBA Inpec, aun cuando desde el principio en los informes de seguimiento a ese programa, los supervisores afirmaban que el contratista no cumplía en las distintas cárceles en lo referente a medicamentos, en insumos quirúrgicos, odontológicos, en telemedicina, entre muchos otros servicios (ver informe de supervisión 1).

Dicha situación también fue denunciada por la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, por su parte, también adelanta una actuación especial a ese contrato, pues no se cumplió con lo pactado (ver solicitud de Contraloría). No obstante, Caprecom pagó casi el 100 % del contrato.
 
Este contrato generó fuertes críticas y la EPS hizo una invitación “para tener nuevos oferentes”. Entonces, terminado el contrato con UBA Inpec, Caprecom abrió otra licitación para dar continuidad a los servicios de salud en los centros penitenciarios. Sin embargo, la declaró desierta porque el único oferente, la Unión Temporal UBA DOS – UT UBA 2, no cumplía con los requisitos financieros estipulados en el pliego de condiciones y fue rechazada.
 
Aún así, Luisa Fernanda Tovar le adjudicó un contrato de más de 7.000 millones de pesos a este único oferente para la prestación de tecnologías en salud en 29 centros penitenciarios del país (ver contrato). ¿Por qué lo hizo a sabiendas que no cumplía con los requisitos?
 
No deja de causar suspicacias que el representante legal de esta Unión Temporal también sea Rolando Arbey Corredor Ochoa, el mismo de la otra unión temporal conformada por las IPS Vihonco. Semana.com buscó durante dos semanas a la directora de Caprecom para que diera su versión sobre las presuntas irregularidades, pero nunca respondió a la solicitud.
 
De esta manera, un sinnúmero de inconsistencias se han presentado en lo últimos años en la prestación del servicio de salud por parte de Caprecom. Tovar dejará su cargo este 30 de noviembre, pero quedan los problemas.

Aun así es posible que ella, por fuera de la entidad, deba entregar innumerables explicaciones sobre la contratación que, como lo advierten altos funcionarios de esa entidad, fue entregada prácticamente a ‘dedo’ a unas personas que, según su testimonio, tienen demasiada cercanía con ella.

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