Captura de Santiago Uribe: ¡se alborotó el avispero!

Es muy probable que el expresidente Álvaro Uribe estuviera informado sobre la inminente detención de su hermano. Eso explicaría por qué pocos días antes había pedido en Washington una cita con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. El propósito era denunciar que la justicia colombiana había montado una persecución política contra todo lo que estuviera relacionado con él. En ese momento se creyó que se refería a los casi 20 funcionarios de su administración que están tras las rejas o enredados penalmente. Sin embargo, aunque no mencionó a su hermano Santiago, la coincidencia de fechas hace pensar que era él a quien tenía en mente.

El resto del país no tenía idea. La noticia fue una bomba. Durante los días siguientes, la ya tradicional polarización de la política se convirtió en una especie de histeria colectiva. Un grupo de unos 40 uribistas, encabezados por Óscar Iván Zuluaga, marcharon hasta la Casa de Nariño a pedir la renuncia del presidente. La bancada de esa colectividad en el Congreso se declaró en rebeldía y se retiró de la discusión de la ley de orden público. Sus principales voceros aseguraron que Santiago estaba secuestrado por la Fiscalía. A los dos días se reveló que alguien había entrado al apartamento del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y había robado su computador personal. Perdomo ha sido asociado por el expresidente con la supuesta persecución en su contra, por lo cual ese incidente podría estar relacionado con el frenesí del momento.

El presidente Santos, indignado de que le atribuyeran esa decisión de la Fiscalía, trató de neutralizar la situación pidiendo garantías en el proceso, a través de un acompañamiento de la Procuraduría y de una veeduría internacional. Simultáneamente, les habría dado instrucciones a sus ministros de defender la institucionalidad del país al dejar en claro que la justicia es autónoma y no manipulada desde Palacio. A algunos de sus alfiles se les fue la mano al seguir esa recomendación y al argumento institucional se le sumó una andanada antiuribista. La más notoria fue la salida de tono de la ministra de Educación, Gina Parody, quien además agregó: “Una pequeña manifestación para protestar por la captura de un presunto paramilitar no les va a servir para esconder el rabo de paja”.

La respuesta de los uribistas no se hizo esperar. Durante los días siguientes se produjo una guerra de trinos entre los dos bandos de una ferocidad que para muchos puede haber sido el punto más alto que ha tenido la polarización del país. Independientemente de la validez judicial de las acusaciones, la decisión de arrestar a Santiago Uribe alborotó el avispero político. A nivel de opinión calificada, prácticamente nadie cree que las decisiones de la Fiscalía se puedan manipular desde la Casa de Nariño. Ni Santos le da órdenes al fiscal, ni este lo permitiría. Pero la circunstancia de que los uribistas consideren a Montealegre la cabeza de una conspiración contra ellos y el hecho de que el tema se reviva en forma inoportuna a escasas tres semanas de su retiro dejaron un mal sabor.

La primera víctima fue el presidente de la República. El día anterior a la detención de Santiago Uribe, una encuesta de Gallup había registrado su imagen favorable en 24 puntos y la desfavorable en 69, al final de la semana esas cifras seguramente habrían empeorado. En otro sondeo realizado por El Tiempo y La W, el 51 por ciento creía que su captura tenía razones políticas y solo el 18 por ciento consideraba que los argumentos eran jurídicos.  

A esto se suma que la justicia colombiana nunca ha estado tan desprestigiada como en la actualidad. La percepción de que la Fiscalía es antiuribista y la Procuraduría antisantista no es el único problema. Todo el sistema judicial está en el limbo. La Corte Suprema no tiene quorum y por eso no podrá elegir fiscal apenas se vaya Montealegre. La Procuraduría se asocia más con un púlpito moral que con un órgano disciplinario y el cargo de Ordóñez tambalea por una demanda ante el Consejo de Estado. La Defensoría del Pueblo quedó vacante por un escándalo sexual. La Corte Constitucional no se repone del caso Pretelt y sus peleas internas. La Judicatura no se ha acabado porque no se ha podido nombrar a su reemplazo, y los juzgados llevan más de un mes en paro.  

En ese contexto, la denuncia de los uribistas de que existe una persecución contra ese grupo ha calado en buena parte de la opinión pública. Persecución puede no haber habido, pero excesos definitivamente sí. A Uribe le habían encarcelado a los congresistas parapolíticos que habían sido sus aliados; luego a la cúpula de su gobierno y ahora los tentáculos de la justicia llegaron hasta su familia.

Muchos de estos personajes tienen responsabilidad en los términos que se les atribuye, pero otros no tanto. En algunos casos, episodios que eran considerados parte de la tradición política en el pasado quedaron convertidos en graves delitos por estar relacionados con la reelección presidencial. En esa categoría estarían los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt. Los procesos contra otros uribistas como Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Alberto Velásquez también son debatibles, pero no lo es que muchas condenas han sido exageradas. Los 17 años de Arias no tienen ninguna proporción con cualquier irregularidad que pudiera haber cometido. Lo mismo sucedería con los seis años de Diego Palacio, que lo único que hizo fue dar uno o dos puestos por instrucción de su jefe. Y así hay otros casos.

Muchas de las decisiones anteriores no dependieron directamente de la Fiscalía sino de la Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta que durante el gobierno de Uribe se presentó una guerra frontal entre el presidente y las cortes, las condenas de la cúpula del gobierno de la seguridad democrática no se pueden entender sin ese contexto. De no haber puesto el DAS una grabadora debajo de la mesa de esa corte para espiar a sus magistrados, el desenlace penal podría haber sido diferente. Esa situación, sin embargo, quedó atrás y el problema de Santiago es de otro orden. Por ser un particular no tiene fuero y su caso, por lo tanto, está en manos de la justicia ordinaria.  

Álvaro Uribe, que siempre reacciona con ferocidad ante lo que considera una injusticia contra los suyos, después de la detención de su hermano se limitó a escribir un trino melancólico y filosófico: “Hablaré sobre encarcelamiento de mi hermano más adelante en la semana, después de reflexionar más sobre mi tristeza”. Ha dejado saber, también, que tiene información en el sentido de que después de su hermano, la Fiscalía viene por sus hijos. Después de pensar en sacarlos del país decidió más bien adelantarse a cualquier situación al hacer que se presentaran a la Fiscalía con su abogado Jaime Lombana, para dejar clara la transparencia de su conducta en los negocios. Es muy probable que todo ese ruido no termine en nada. Aunque el éxito en las actividades comerciales de Tomás y Jerónimo ha sido controvertido, hasta ahora no han tenido enredos con la Justicia.

Sin embargo, así como contra sus hijos muy probablemente no habrá proceso alguno, las acusaciones contra su hermano sí son graves. Algunos de los testimonios que lo inculpan provienen de personajes extraditados o encarcelados por el gobierno del expresidente, por lo cual su credibilidad podría estar menguada. Pero otros testigos y una serie de evidencias circunstanciales demuestran que un grupo de autodefensas denominado Los doce Apóstoles sí existió. La participación o responsabilidad individual de Santiago Uribe quedará en manos de un juez. La verdad es que los Uribe Vélez pueden ser la única familia presidencial que ha sufrido en la vida diaria el conflicto armado en zonas de guerra como eje geográfico entre Antioquia y Córdoba. Los otros presidentes también fueron víctimas. Andrés Pastrana fue secuestrado, Ernesto Samper fue abaleado y a César Gaviria le mataron a su hermana. Pero estos han sido más episodios de violencia puntuales que de convivencia cotidiana con el paramilitarismo y la guerrilla, que es lo que vivían los Uribe en esos años en la región.

En todo caso, Eduardo Montealegre está arriesgando su reputación con la carta que decidió jugar. Si el juez al que le corresponde el caso no considera contundentes las pruebas, su controvertida Fiscalía quedará desprestigiada. Más allá del mérito judicial o probatorio, hasta ahora la medida de aseguramiento contra Santiago Uribe le ha hecho más daño al presidente Santos y al proceso de paz que al expresidente Uribe. La percepción en algunos sectores de que ha tenido lugar una persecución política repercute negativamente contra el actual mandatario. Aunque él no incide en las decisiones de la Fiscalía, mucha gente cree que sí. Con un plebiscito del cual dependerá su puesto en la historia, lo único que no necesitaba Santos es que por exacerbarse la polarización del país le cayera más agua sucia. No deja de ser desconcertante que vaya a acabar siendo más fácil firmar la paz en La Habana que la paz en Colombia.