Ante una juez responden funcionarios judiciales

En la noche de este jueves se realiza la audiencia de control de garantías a dos jueces, ocho funcionarios más y un particular.

Tras una captura masiva que tomó por sorpresa empleados y visitantes del complejo judicial de Paloquemao en la que fueron detenidas once personas, este jueves se inició la audiencia de control de garantías contra los procesados. La diligencia podría prorrogarse por varias horas e incluso ser suspendida para continuarla este viernes.  

La primera audiencia de allanamientos  se realizó a puerta cerrada, mientras se espera que la Fiscalía solicite al juez 52 penal municipal con función de control de garantías, que se legalice la captura de los jueces 26 y 38 penal municipal con funciones de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Villar y Francisco Javier Barbón, respectivamente.

También se solicitó el mismo procedimiento para Alejandro Francisco Navas (notificador), Anadelina Corredor (secretaria juzgado 26 penal municipal con función de control de garantías), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Javier Yesid Español Palacios (oficial mayor de un juzgado), Marvi Quecano Urueña (empelada Centro de Servicios Judiciales), Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), Daniel Esteban Hurtado Rey (estudiante derecho) y Manuel Humberto González Cuéllar (intermediario).

En una tercera audiencia la fiscal 13 delegada de la unidad de investigaciones de funcionarios contra la rama judicial luego les imputará los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias. Finalmente se espera que el ente investigador solicite que se les dicte medida de aseguramiento.

La captura

En la mañana de este jueves se presentó una movilización de agentes de la Dijín en el complejo judicial de Paloquemao para detener en sus propios despachos a quienes en ese momento aparentaban ser leales con la justicia.

Semana.com confirmó que entre 500.000 pesos y cien millones de pesos fue el dinero que presuntamente recibieron algunos funcionarios de la rama judicial de este sector en Bogotá por manipular procesos que allí se desarrollan.
 
Fuentes de la Fiscalía le aseguraron a Semana.com que una de las presuntas irregularidades cometidas era realizar varios repartos al mismo caso hasta que este llegara a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a ese proceso.
 
Otras de las irregularidades indican que en esos procedimientos se entregaban boletas falsas de libertad a reclusos que no cumplían los requisitos para salir de prisión, y a otros les concedían detenciones domiciliarias.
 
Sorpresa mayúscula por los capturados
 
Una de las grandes sorpresas es la captura del juez 26 penal municipal con funciones de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, quien recientemente envió a la cárcel a alias ‘Toledo’, por ser el presunto responsable del homicidio de un militar retirado en Bogotá. En esa ocasión, el juez criticó la actuación de la Fiscalía por permitir que una persona con antecedentes de asesinato estuviera libre para reincidir. El funcionario se destaca por hablar fuerte y de manera clara en sus audiencias.
 
“Estoy muy dolido porque en este país hacer justicia es muy difícil. ¿Cómo es posible que el señor ‘Toledo’ anduviera libre por la calle cuando debería estar en prisión por el homicidio de otros inocentes?”, clamó en su momento el juez. “No hay derecho a que ocurran estas cosas”, sentenció.
 
El segundo detenido es el juez 38 penal municipal con función de control de garantías Francisco Javier Barbón, reconocido en los juzgados de Paloquemao por usar un mazo o mallete (martillo) en las audiencias para solicitar orden en la sala. El funcionario legalizó la captura de Javier Velasco en un segundo proceso que se le adelantó por el abuso sexual de una trabajadora sexual. Velasco es el hombre que violó y asesinó a Rosa Elvira Cely. También actuó en una de las audiencias fallidas en las que se intentó imputar cargos por el ‘carrusel’ de contratos al abogado Álvaro Dávila. Recientemente Barbón había sido trasladado a la URI de la Granja.
 
Lo que llevó a su detención
 
El fiscal general, Eduardo Montealegre, contó los pormenores de la investigación que llevó a que junto con la Policía capturaran en un operativo simultáneo a las 11 personas.
 
“A través del centro de servicios administrativos de Paloquemao se estarían direccionando ciertos procesos hacia determinados jueces de garantías, con la finalidad de que ellos produjeran decisiones contrarias a la ley, como decretar libertades, distorsionar el sentido del derecho”, dijo Montealegre.
 
Según el fiscal, se investiga también la posible entrega de millonarias sumas de dinero a los funcionarios, esta es una primera fase que abarca a 11 funcionarios, la cual también tiene otras indagaciones para determinar si existe o no vinculación en estos hechos de algunos abogados y sujetos procesales.
 
“Gracias a la colaboración de la Policía, que adoptó instrumentos de lucha contra la criminalidad organizada, búsqueda selectiva de datos, entre otros temas, se pudo lograr este resultado que es el producto de una actuación conjunta que lleva más de un año”, dijo.
 
De ser condenados, los capturados podrían enfrentarse a una pena de hasta 20 años de cárcel.
 
La hora de los testigos
 
En el marco del proceso, la Fiscalía cuenta con diez testigos, uno de los cuales es una de las personas que habrían participado en los actos de corrupción. Esta persona actualmente está colaborando con las autoridades a cambio de beneficios, por medio de un preacuerdo con el ente investigador.
 
Las autoridades tienen decenas de conversaciones entre los miembros de la red reveladas en el momento de las imputaciones.
 
Esta investigación nació en la Fiscalía en el año 2011 y, pese a que desde tiempo atrás se habían manifestado las presuntas irregularidades, por algún motivo siempre el trámite quedaba inconcluso.
 
Los actos delictivos cometidos presuntamente por los funcionarios judiciales de distintos niveles, habrían afectado procesos judiciales de gran calado.
 
En uno de los allanamientos a la residencia de uno de los implicados, la Fiscalía encontró 11 millones de pesos que no pudieron ser justificados por esa persona. Este dinero sería de los pagos recibidos por alterar procesos.