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JUDICIAL
La sorpresiva libertad a familiar del general Patiño
La Fiscalía no tenía las pruebas para imputarles cargos a Jhon Norbey Patiño Mahecha y a dos personas más.
20 de noviembre de 2013
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Este martes la noticia de que un familiar del general Francisco Patiño estuviera presuntamente involucrado con una red de tráfico de armas sorprendió al país y de inmediato la información tomó fuerza, pero tan rápido como se le involucró, se le separó de la investigación.
Unas cuantas horas más tarde, la Fiscalía cambió el rumbo de la historia. El ente acusador determinó que no les imputaría cargos a Jhon Norbey Patiño Mahecha y otras dos personas capturadas.
Inicialmente se conoció que los capturados tendrían una fábrica donde presuntamente elaboraban armas y otros elementos para venderlos a las bandas criminales del Urabá antioqueño y en diferentes localidades de Bogotá, entre ellas Ciudad Bolívar.
De manera simultánea la Fiscalía realizó dos operativos de allanamiento en dos bodegas de Bogotá; en el primero, en la localidad de Engativá, se capturó a Patiño Mahecha y en el segundo, desarrollado en Barrios Unidos, fueron detenidos Jhon Alexánder Mahecha Cruz y Mizraim Rodríguez Herreño.
En el operativo fueron encontrados 183 proveedores, 14 pistolas 9 mm, un fusil, una subametralladora, seis cañones de diferentes calibres, un revólver, armazones para diferentes armas y moldes.
Pero la polémica noticia de que un familiar de un alto oficial de la Policía tuviera que estar frente a un juez por presuntamente infringir la ley al cometer el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, solo duró unas pocas horas. Entrada la noche, la Fiscalía tomó una determinación inesperada y luego de que un juez de garantías legalizó la captura, aseguró que no habría imputación porque era necesario investigar más.
Según el ente acusador, se pudo establecer a través de la Cámara de Comercio que en los lugares donde fueron capturados los tres procesados había legalmente una empresa dedicada a fabricación y reparación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, además de fabricación de uniformes de la Policía. Por esto era necesario realizar más indagaciones antes de endilgarles alguna conducta delictiva.
“Teniendo en cuenta todas esta situaciones y comoquiera que la delegada considera que se hace necesario ahondar más en la investigación”, señaló una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de La Granja, al tiempo que aclaró que se tomarán nuevas acciones si se comprueba que efectivamente se violó la ley.
La gravedad del delito en el que inicialmente se consideró que había incurrido el familiar de Francisco Patiño y los otros capturados, de llegar a ser encontrados culpables, los enfrentaría a una pena que supera diez años de cárcel.
El general Patiño, actualmente es cuestionado por la investigación que se le adelanta por los hechos posteriores a la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra en Bogotá. El oficial permanece en servicio, pero no está en un cargo de alto perfil como ocurrió en su momento, cuando se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y posterior a ello comandante de la Regional número 6 en Antioquia, Córdoba y Chocó.
Inicialmente se conoció que los capturados tendrían una fábrica donde presuntamente elaboraban armas y otros elementos para venderlos a las bandas criminales del Urabá antioqueño y en diferentes localidades de Bogotá, entre ellas Ciudad Bolívar.
De manera simultánea la Fiscalía realizó dos operativos de allanamiento en dos bodegas de Bogotá; en el primero, en la localidad de Engativá, se capturó a Patiño Mahecha y en el segundo, desarrollado en Barrios Unidos, fueron detenidos Jhon Alexánder Mahecha Cruz y Mizraim Rodríguez Herreño.
En el operativo fueron encontrados 183 proveedores, 14 pistolas 9 mm, un fusil, una subametralladora, seis cañones de diferentes calibres, un revólver, armazones para diferentes armas y moldes.
Pero la polémica noticia de que un familiar de un alto oficial de la Policía tuviera que estar frente a un juez por presuntamente infringir la ley al cometer el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, solo duró unas pocas horas. Entrada la noche, la Fiscalía tomó una determinación inesperada y luego de que un juez de garantías legalizó la captura, aseguró que no habría imputación porque era necesario investigar más.
Según el ente acusador, se pudo establecer a través de la Cámara de Comercio que en los lugares donde fueron capturados los tres procesados había legalmente una empresa dedicada a fabricación y reparación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, además de fabricación de uniformes de la Policía. Por esto era necesario realizar más indagaciones antes de endilgarles alguna conducta delictiva.
“Teniendo en cuenta todas esta situaciones y comoquiera que la delegada considera que se hace necesario ahondar más en la investigación”, señaló una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de La Granja, al tiempo que aclaró que se tomarán nuevas acciones si se comprueba que efectivamente se violó la ley.
La gravedad del delito en el que inicialmente se consideró que había incurrido el familiar de Francisco Patiño y los otros capturados, de llegar a ser encontrados culpables, los enfrentaría a una pena que supera diez años de cárcel.
El general Patiño, actualmente es cuestionado por la investigación que se le adelanta por los hechos posteriores a la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra en Bogotá. El oficial permanece en servicio, pero no está en un cargo de alto perfil como ocurrió en su momento, cuando se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y posterior a ello comandante de la Regional número 6 en Antioquia, Córdoba y Chocó.
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