Capturado oficial de la Policía por masacre de La Granja

Por orden de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos fue capturado en las últimas horas el mayor de la Policía José Vicente Castro por su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en el corregimiento La Granja del municipio de Ituango, Antioquia, ocurrida a mediados de 1996.
 
Paramilitares al mando de Carlos Mauricio García, alias ‘Rodrigo Doble Cero’, Carlos Castaño y Vicente Castaño entraron a La Granja y allá asesinaron a cuatro personas que señalaron de presuntos colaboradores de la guerrilla y a varios campesinos y líderes sindicales.
 
El oficial había sido subteniente comandante de la estación policial local cuando se cometió la masacre. Por los hechos, en el 2004 fue procesado y absuelto en primera instancia por el delito de comisión, por omisión, de homicidio en concurso homogéneo.
 
Castro fue fue recluido el miércoles en la cárcel de Facativá, en Cundinamarca.
 
La matanza, según informó el portal Verdad Abierta, hizo parte de una ofensiva paramilitar por todo el norte antioqueño (incluida la masacre del El Aro) que se saldó con decenas muertos. Por ella Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación al derecho a la vida.
 
Respecto del caso del mayor Castro, la Procuraduría consideró que para la Fiscalía y el juez de primera instancia fue clara la omisión del oficial José Vicente Castro en la protección de los habitantes de La Granja.
 
Según la conclusión del procurador, el policía sabía que los ‘paras’ iban a cometer la masacre, pues en varios consejos de seguridad pobladores y autoridades locales habían advertido del peligro que había sobre la comunidad.
 
El Ministerio Público además recordó que la CIDH declaró que la responsabilidad del Estado se derivó de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública de Ituango.
 
La CIDH además concluyó que la participación de agentes del Estado no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que omitieron, además, el deber de asistir a la población civil durante la incursión.
 
Durante la investigación, la Fiscalía encontró pruebas que demostraron que las víctimas de la masacre no eran colaboradores de la guerrilla como aseguraron los paramilitares. Descubrió que se trataba de personas que en el momento de la masacre se encontraban indefensas y que no tenían vínculos con grupos guerrilleros.