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| 7/27/2017 5:08:00 AM

Bandas de exfarc trabajan unidas en los Llanos

La captura de Jairo Pineda, antiguo comandante de un frente de las Farc, puso en evidencia la operación conjunta de grupos "desertores" de esta guerrilla que mantienen un corredor de droga que une Colombia, Venezuela y Brasil.

Lo extraño fue que Jairo Pineda anduviera sólo en una finca de la vía a Apiay en el Meta, sin escoltas, en plena zona turística. Normalmente, los jefes criminales de ese nivel se quedan en sus zonas de influencia, lejos del tumulto y de las rutas concurridas. Pero en esta ocasión, alias Pando vino a visitar a una mujer y a su hija en una finca cerca de Villavicencio. 

Todavía no había terminado su cerveza cuando lo cogió por sorpresa un comando de asalto conjunto de la unidad anti terrorista de la Dijín y la cuarta brigada del ejército, el viernes 21 de julio por la tarde.

Durante el operativo que fue autorizado por la fiscalía 50 de Villavicencio, especializada en el combate al crimen organizado, se encontraron en su casa un revolver calibre 38 y dos granadas. Este hallazgo permitió que se le imputaran los delitos de tráfico de armas, explosivos y municiones, mientras se adelantan las diligencias de extorsión, terrorismo y narcotráfico iniciadas en su contra.

El verdadero nombre de Jairo Pineda es Eduardo Moreno Montaña. Un hombre que era buscado por ser el jefe de la estructura residual Camilo Tabaco: un antiguo frente de las Farc que reapareció como asociado al negocio del narcotráfico. 

Después de pasar 16 años en la guerrilla, en donde llegó a manejar los fondos provenientes del narcotráfico, las extorsiones y los secuestros en el Meta, Pineda se desmovilizó junto con sus compañeros concentrados en la zona veredal de Buenavista, en el municipio de Mesetas. De acuerdo con la minuta del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades conocida por SEMANA, desertó el 23 de abril de 2017; fue el número 65 de los 81 que habían sido censados por una comisión tripartita de la ONU, la guerrilla y el gobierno hasta el 31 de mayo de 2017.

En ese momento se convirtió en una pieza clave de la estructura residual del frente séptimo al mando de Gentil Duarte, con injerencia en los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia. Al mando de 30 hombres en armas, alias Panda se especializó en el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos a través de atentados con artefactos explosivos. Se estima que  recaudaba cerca de 600 millones de pesos mensuales por ese concepto al momento de su captura.

Entre otros actos, apenas el 12 de junio pasado, se le señala de ordenar el estallido de una motobomba frente a una cervecería del municipio de Calamar, que no pudo pagar las sumas exigidas. El 21 de abril mandó a atacar una base patrullera de la vereda La Tigra con un artefacto explosivo tipo Tatuco. También se cree que obligaba a los campesinos cocaleros de la zona a agredir a la fuerza pública durante los procesos de erradicación ocurridos los 17 y 19 de julio en las veredas La Tigra y El Danubio, en el municipio de Puerto Rico.

Pero lo realmente relevante para la fuerza pública, es que Pineda se había convertido en el quinto al mando de la estructura residual del frente séptimo, uno de los dientes del tridente criminal de exfarc que preocupa al gobierno.

Desde hace algún tiempo, el grupo dirigido por Gentil Duarte, junto con las agrupaciones de John 40 (exfrente Acacías) e Iván Mordisco (exfrente primero) han tratado de reagruparse para organizar un corredor de la droga que salga desde los Llanos, -donde se cultiva la cocaína- y llegue hasta Brasil y Venezuela para ser finalmente exportada hacia Europa o Estados Unidos.

Estas organizaciones que en algún momento fueron conocidas como disidencias y ahora son nombradas estructuras residuales tienen un modelo de organización federado en el que cada capo controla su territorio y sus hombres sin rendir cuentas a los otros. Es un modelo más cercano al accionar del ELN que al sistema jerárquico bajo el que operaban las Farc.

Casualmente, los tres hombres a su mando se conocieron durante su paso por el frente oriental de esa guerrilla, tienen órdenes de captura en Estados Unidos o circulares rojas por cargos relacionados con el narcotráfico y se han mostrado en desacuerdo con los acuerdos de paz llevados a cabo con el gobierno.

Iván Mordisco fue incluso el primero en indicar su oposición al proceso de paz y uno de los 5 cabecillas declarados en disidencia por las Farc desde un inicio. Los otros eran John 40, Giovanny Chuspas, Juan Chollo y Euclides Mora, todos ellos, parte de las nuevas organizaciones desplegadas en el Caquetá y el Meta, zona de influencia de Gentil Duarte; en el Guaviare y parte del Vaupés, perteneciente a Iván Mordisco, y en el Vichada, donde opera John 40. 

Si estos criminales han decidido instalarse en esas zonas es porque además de ser corredores estratégicos de drogas que ya conocían anteriormente, se trata de “zonas grises” con largas carreteras poco controladas a través de las cuales salen camiones e incluso aviones sin mayor dificultad.

En ese conjunto, Pando era importante porque manejaba gran parte del dinero de las extorsiones en el Meta y el Caquetá hasta su recaptura reciente. De acuerdo con un conteo que hicieron las autoridades en 2016, de los 161 hombres que componían el frente primero al mando de Iván Mordisco antes de los acuerdos de paz, 70 % se pasaron se pasaron al nuevo grupo residual. Lo mismo sucedió con los otros grupos y cuando se fugó Pineda, se llevó parte de sus compañeros con él a la nueva vida delictiva.

Para mantener su prestigio frente a la ciudadanía a la que extorsionan y a los narcotraficantes con los que negocian en Venezuela, los hombres de estas agrupaciones han decidido conservar sus signos distintivos como uniformes y fusiles, además del brazalete de las Farc que es su marca de fábrica.

Nunca se les ve andar vestidos de civiles y siguen identificándose con el nombre de las estructuras históricas a las que pertenecían. Sin embargo, las Farc han puesto distancia y negado toda vinculación con los que califican de disidentes y desertores, mientras que el gobierno ha dejado claro que los combatirá como una delincuencia común. 

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