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| 7/17/2017 12:51:00 PM

Capturan al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

En un nuevo golpe a la Rama Judicial, Misael Alejandro Bautista es detenido para que responda por supuestamente recibir 150 millones de pesos al exalcalde de Cota para ayudarle en un proceso en su contra.

Después de varios años se comienza a desenredar el lío judicial que compromete al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista; al exalcalde de Cota Juan David Balcero, y a dos magistrados -Nelly Villamizar y Fredy Ibarra- que estuvieron enfrentados en un pleito por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia.

Frente a los usuarios de justicia y por el pleno del pasillo público del Tribunal fue capturado el secretario general, para que responda por un nuevo hecho de corrupción que sacude a la justicia. Deberá responder por supuestamente haber recibido 150 millones de pesos de parte del exalcalde de Cota para frenar un proceso de pérdida de investidura que cursaba en su contra. 

Puede leer: ¿Calumnia o corrupción?

Una vez salió electo como alcalde y antes de que se posesionara en 2011, la Procuraduría lo destituyó al encontrarlo responsable disciplinariamente de haber postulado a su socio comercial a la Personería. En ese momento era concejal, pero para cuando llegó la sanción del Ministerio Público, Balcero había salido electo como alcalde, cargo que tuvo que dejar en 2012, una vez quedó en firme la sanción.

Esta decisión de la Procuraduría dio pie a que se iniciara una demanda de pérdida de investidura contra el exalcalde en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; con esta acción se buscaba inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos de elección popular.

El caso le correspondió, por reparto, a la magistrada Nelly Villamizar. Aunque la magistrada presentó una ponencia en favor del exalcalde, es decir, consideraba que no había razones para darle la muerte política, sus compañeros de sala no la apoyaron y ordenaron declarar la pérdida de investidura. Esta decisión fue confirmada en definitiva por la Sección Primera del Consejo de Estado. 

Este trámite produjo un duro choque entre dos magistrados del tribunal. Nelly Villamizar denunció al secretario general y al magistrado Fredy Ibarra por haber recibido 150 millones de pesos para mantenerle la investidura al funcionario. Estos, a su vez, también la denunciaron por injuria y calumnia. El Consejo Superior de la Judicatura encontró que no existía fundamento probatorio para hablar del recibo de tales cantidades de dinero y suspendió a Nelly Villamizar por un tiempo de un año, al haber puesto en entredicho el "buen nombre" de sus compañeros.

Sin embargo, en un nuevo capítulo judicial se ordenó la captura del secretario general, que ahora deberá responder por las evidencias que saltaron al expediente. 

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