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| 11/28/2016 12:00:00 AM

En Antioquia se pagaron reparaciones a personas que no existían

Fiscalía capturó a siete personas, entre ellas el director regional de la Unidad departamental de Víctimas. Líderes de agremiaciones dicen que es inocente y que lo defenderán hasta que se demuestre que delinquió.

Desde el 2012, la labor de Jorge Mario Alzate ha sido aplaudida por ONG y los gobiernos locales, pues ha gestionado reparaciones colectivas a municipios que hasta hace muy poco estaban olvidados, como es el caso de Granada, Santa Ana, Cocorná y San Carlos.

Incluso, muchos se atreven a decir que de no ser por su gestión, el resurgir que se ha vivido en el oriente antioqueño no sería tal. Sin embargo, según una investigación de la Fiscalía, hace dos años empezaron movimientos extraños dentro de la Unidad de Víctimas de Antioquia, donde aparecieron reclamaciones de personas que ni siquiera tenían cédula, así que el dinero fue a parar a beneficiarios con identidades falsas.

En el operativo denominado Bolsillos de Cristal, encabezado por la Fiscalía y la Sijín, se capturó no solamente al director de la Unidad en Antioquia, también a dos funcionarios, dos exfuncionarios, un contratista y un gerente del Banco Agrario, lo que habla de un supuesto cartel de desfalco al erario público y a las compensaciones de las víctimas que tenía acceso a información privilegiada.

Puede leer: Capturan al director de la Unidad de Víctimas de Antioquia

El robo hasta ahora corroborado llega a 232 millones de pesos, sin embargo, la fiscal seccional de Medellín, Claudia Carrasquilla, dijo que podía ser mucho mayor y explicó que esta es la tercera fase de la investigación y que están en busca de más enlaces de la cadena criminal.

Carrasquilla explicó que la estrategia de la organización era crear cupos números con identidades falsas para luego hacer la correspondiente reclamación, aunque también se usaron documentos falsos de víctimas que no habían reclamado su compensación. Fue justo la denuncia de 11 personas que se encontraron con que la indemnización que les correspondía había sido entregada a un tercero, lo que llevó a la captura de estas siete personas.

Entre los delitos que se les imputaron este sábado a Alzate y a los otros seis acusados del desfalco están el de concierto para delinquir, falsedad en documento y peculado por apropiación. Sin embargo, las víctimas dicen que hasta que se compruebe el delito y sea condenado, seguirán creyendo en el director de Víctimas que los ha acompañado por cuatro años.

Justo este viernes en la mañana Teresita Gaviria, directora de la organización Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, estaba llamando a Jorge Mario Alzate, que ha sido su gran aliado, para que “atendiera una viejita, para que nos ayudara porque por su edad en su caso de prioridad”. Lo que no sabía Teresita era que en ese mismo momento se estaba realizando la captura.

Y es que desde antes de llegar en la Unidad, Alzate ha trabajado de la mano con las víctimas de del conflicto armado, por lo que no es un desconocido, antes bien ha estado en la entraña de la lucha por la búsqueda de desaparecidos, por el reconocimiento de asesinados y masacres, “ha sido muy querido y nos ha entendido, sin embargo uno no sabe nada de la gente, yo lo conozco en la superficie, uno no sabe cuáles son las cosas que puede hacer.

"Sin embargo, creemos en él hasta que se demuestre que es verdad de todo lo que lo acusan”, dijo Gaviria. La Mesa de Víctimas anunció su apoyo para Alzate, la coordinadora Anaidalyt Delgado aseguró: “Nosotros siempre hemos tenido una buena imagen del él, ha trabajado de la mano con nosotros, estamos a la espera del proceso y no queremos decir nada en su contra. Por los diferentes cargos que ha desempeñado hemos visto una persona correcta, accesible. Estamos consternados con la noticia”.

Semana.com conoció que desde hace varias semanas empezó un revuelo en la Unidad de Víctimas en Medellín porque crecía la defraudación por parte de tramitadores, quienes engañaban a las víctimas para, supuestamente, agilizar el pago de indemnizaciones, mientras lo que hacían era, por medio de claves de uso único por parte de funcionarios, averiguar en cuál fecha llegaba el dinero y así cobraban hasta el 40 % del dinero a los beneficiados.

Desde ese momento, la Unidad empezó a encerrarse en sí misma y a entregar información de manera individual y personal para evitar el desfalco o, quizá, la atención por parte de las autoridades, que podían advertir que algo no andaba muy bien.

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