Capturan a otro juez por presunta corrupción

Al escándalo de 11 personas capturadas hace unos días por presuntos actos de corrupción en el complejo judicial de Paloquemao, ahora se le suma la detención del juez 23 civil municipal, Germán Grisales Bohórquez. Al parecer, cometió irregularidades desde su cargo.

El nuevo hecho, que tiene que ver con que al despacho del juez 23 llegó una demanda por el incumplimiento de un pago por 75 millones de pesos producto de la venta que la empresa Cemex S. A. le realizó a la Corporación Semillas de Conciencia.

El no pago por parte de Semillas de Conciencia llevó a la empresa de cementos a entablar una demanda que terminó por provocar el embargo de algunas cuentas bancarias de la primera entidad, con lo que según el juez, en su determinación, le causó perjuicios a la corporación. Ante esto se ordenó el millonario pago a su favor.

La Fiscalía considera que el funcionario judicial ha incurrido en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación. En cuanto a la primera conducta se dijo que dentro del proceso ejecutivo entre Cemex y Semillas de Conciencia al decidir el incidente de trámite de regulación de perjuicios, el juez fijó la suma de 4.660 millones de pesos como condena a favor de la segunda entidad.

“Estamos ante un juez de la República, que, como servidor público en ejercicio de sus funciones, en el curso de un proceso en su despacho profiere una decisión manifiestamente contraria a la ley”, precisó el fiscal al considerar que el funcionario cuenta con una amplia experiencia en este tipo de procesos.

A la investigación también fue vinculado José Aristóbulo Vargas Martínez, quien recibió al parecer el dinero sin hacer parte del proceso, pues nunca le entregaron un poder de parte de la corporación. La Fiscalía dijo que a quien le correspondía recibir el pago era a Semillas de Colombia como incidentarios. Vargas deberá responder por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y abuso de confianza.

Según la Fiscalía, el juez 23 además no estudió a fondo el proceso en cuestión y aun así emitió un fallo que terminó por perjudicar a Cemex. “En el momento de tener la obligación legal de razonar la decisión encontramos que la misma carece de fundamentos, hace una serie de afirmaciones genéricas que no tienen ninguna importancia para decidir el asunto, son argumentos que se pueden dar en el encabezamiento de cualquier decisión y hace afirmaciones sin soporte”, dijo el fiscal.

En cuanto al prevaricato por acción, el ente acusador indicó que Grisales Bohórquez incurrió en esa conducta porque el 19 de enero del 2007 emitió decisión entre el proceso ejecutivo de Cemex en contra de Semillas de Conciencia, en la que designa un perito violando el código de procedimiento penal.

“Estamos ante un servidor público que en uso de sus funciones emite una determinación dentro de un proceso ejecutivo a su cargo contraria a la ley, porque la oportunidad procesal prevista a la ley civil para decretar las pruebas ya había perecido. La parte incidental que no solicitó en oportunidad dictamen pericial alguno, desconoció el proceso de preclusión”, dijo el fiscal.

Se espera que en la noche de este miércoles la Fiscalía solicite al juez que dicte medida de aseguramiento en contra de las dos personas capturadas por la Sijín de la Policía.