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| 6/4/2014 12:00:00 AM

Capturan a Reginaldo Bray en Bogotá

Este empresario tiene que responder por el delito de peculado por apropiación por el viejo caso de Dragacol.

Reginaldo Bray Bohórquez aquel hombre cuestionado por un contrato irregular para el dragado en el canal de acceso a Barranquilla, volverá a las primeras planas judiciales.

Bray fue capturado este miércoles por efectivos de la Policía Metropolitana en el norte de la capital. Sobre él pesa una acusación de peculado por apropiación por el viejo caso de las famosas dragas y tiene una orden de captura expedida por el juzgado doce de ejecución de penas y medidas de Bogotá desde diciembre del 2013. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Guatibonza, "un juez ordenó que lo trasladáramos a la Picota". 

Su captura se da después de que un informante entregó su ubicación en un inmueble cercano al Cantón Norte. En la tarde de este miércoles las autoridades entregarán los detalles de este arresto.

El caso


La historia arrancó el 6 de noviembre de 1998, cuando el entonces ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, concilió con Reginaldo Bray, representante legal de Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S. A. (Dragacol), una serie de litigios que sumaban 26.000 millones de pesos, de los cuales el Estado alcanzó a girarle a Bray 17.600 millones.

Bray, dueño y fundador de esta empresa que se dedicaba a dragar ríos, había hecho siete contratos con el Ministerio de Transporte para dragar en diferentes regiones del país y consideró que por atrasos en pagos y otros incumplimientos del Estado, tenía derecho a un reclamo por 140.000 millones de pesos.

Sus exigencias pasaron de gobierno en gobierno hasta que, siendo presidente Andrés Pastrana, su ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, concilió con Bray un pago de 26.000 millones de pesos. Cuando se conoció esta conciliación ardió Troya, puesto que apenas hacía seis meses se había establecido oficialmente que su deuda con Dragacol era de apenas 4.000 millones.

El escándalo motivó aperturas de investigaciones de los funcionarios y particulares implicados en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Fiscalía acusó a Bray -que fue deportado de Miami (Estados Unidos) a Bogotá luego de buscar infructuosamente asilo político- y a ocho funcionarios del Ministerio de Transporte.

El proceso prescribió o hubo absolución para varios de los acusados, por falta de pruebas contundentes. Entre ellos, el exviceministro de Transporte Juan Alberto Páez, el exsecretario general Darío Velandia Triviño y el exsecretario jurídico Juan Carlos Chávez. Así mismo sucedió con los exfuncionarios Carlos Ramírez, Roberto Salom, Hernando Santisteban y el empresario Alfred Bray.
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