Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1986/05/12 00:00

CARACOL SE LA JUGO EN PARO

El conflicto laboral se extiende en tiempo y en implicaciones

CARACOL SE LA JUGO EN PARO

Dos días antes de las elecciones del 9 de marzo, sin que nadie lo creyera, estalló por primera vez en su historia la huelga en Caracol. A pesar de que suscitó algunas impresiones en medio del barullo electoral prácticamente no se le paró bolas. No sólo porque nadie se imaginaba que fuera una cosa distinta de la que ocurre normalmente entre trabajadores y empresarios, en la que la amenaza de paro obliga inmediatamente a las partes a ponerse de acuerdo, si no que mucho menos se iba a pensar que la "Primera Cadena Radial Colombiana" fuera a dejar el escenario vacío para que Juan Gossaín, en RCN, se robara el show de la transmisión de un evento tan trascendental como las elecciones.
Pero para sorpresa de los trabajadores y de los radioescuchas, la empresa prefirió jugársela en paro antes que ceder en cuestiones que consideraba de principio. El sindicato, que tradicionalmente se había considerado como patronal, asumía ahora posiciones tan radicales que se llegó a pensar que estaba manipulado por factores ajenos a la empresa. Estas inquietudes por parte de las directivas de la emisora, sumadas a los temores de los trabajadores en relación con una posible actitud antisindical de la empresa, invadieron los ánimos y negaron las posibilidades de un arreglo en las primeras de cambio.
Esta situación había comenzado a gestarse desde principios de año. El 1° de enero de 1986, los trabajadores presentaron un pliego de peticiones, una vez vencida la vigencia de la anterior convención colectiva de trabajo.
Las exigencias de los empleados consistian en una lista de 41 puntos que en realidad se circunscribían a 4 rubros: garantías sindicales, estabilidad laboral, aumento salarial y seguridad social. Las negociaciones se desarrollaron dentro de los términos legales pero no avanzaron. La amenaza de huelga que había comenzado como rutinaria, se convirtió en un conflicto de principios que tanto trabajadores como empresarios defendían como irrenunciables y finalmente, se llegó a la hora cero decretada por los trabajadores el viernes 7 de marzo a la una de la tarde cuando Caracol salió del aire.
Decretada la huelga, con la ausencia de Caracol en la jornada electoral, la situación se salió de las manos.
Surgió entonces la controversia entre si el paro era legal o no. La empresa argumentaba que era ilegal. Se amparaba inicialmente en aspectos mecánicos, en los que incluía la no validez de la asamblea en la cual se votó la huelga y el hecho de que, según ella, el sindicato no tenía el número de afiliados que requería la ley para decretar un cese de actividades. Desmontados estos argumentos por el propio Ministerio de Trabajo, las directivas soltaron su caballito de batalla: "La radiodifusión es un servicio público y por lo tanto la huelga de los trabajadores es un acto ilegal".
Y fue en ese momento cuando las cosas tomaron otro rumbo. Surgió este nuevo debate y comenzaron a polarizarse las opiniones. La primera en lanzarse al agua fue la ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín Posada, quien aseguró que la radiodifusión sí era un servicio público, apoyada en el concepto que había emanado el jefe de la División Jurídica del Ministerio, Orlando Gallo Suárez. Simultáneamente la misma dependencia, pero en el Ministerio de Trabajo, tomaba partido por esta interpretación. El ministro de Trabajo, Jorge Carrillo Rojas, que había sido acusado de parcialidad por no haber decretado ilegal la huelga cuando lo solicitó la empresa, prefirió declararse impedido y más bien dejar las cosas en manos del Consejo de Estado, al que pidió su concepto sobre si la radiodifusión era un servicio público o privado. El viceministro de Trabajo, Germán Bula Escobar, quien quedó encargado por esos días como ministro aseguró que la interpretación del Consejo de Estado no tenía carácter de fallo y que era únicamente un concepto, lo que le valió también la descalificación por parte de la empresa y que el diario El Tiempo aprovechara la oportunidad para enrostrarle su pasado izquierdoso.
Inmediatamente comenzaron a llover editoriales de casi todos los periódicos alertando sobre el peligro que implicaba para la libertad de prensa, el hecho de que se tuviera en cuenta a la radiodifusión como un servicio público. La empresa, por su parte, reconociendo que tal vez estaba arriesgando mucho a largo plazo por consideraciones de corto plazo, optó por hablar cada vez menos del asunto. Los trabajadores, por medio de su asesor jurídico (un veterano de Fecode) Adalberto Carvajal, previendo las consecuencias laborales que tendría la declaratoria de ilegalidad de la huelga, atacaron en varios flancos con el propósito de neutralizar la acción de algunos funcionarios. denunciaron por prevaricato a la ministra de Comunicaciones ante el procurador y demandaron el nombramiento de la ministra de Educación Liliam Suárez de Melo, quien había sido nombrada por el Presidente, ministra ad hoc, ante las protestas de Caracol por falta de garantías en la cartera del Trabajo.
Pero al contrario de lo que parecía, la discusión sobre si era o no servicio público, no era tan fácil. Tanto, que el propio Consejo de Estado no logró ponerse de acuerdo y en la votación sus miembros quedaron empatados, dejando la solución en manos de un conjuez, Carlos Restrepo Piedrahíta, quien finalmente declinó el nombramiento. La empresa invocaba el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe la huelga en los servicios públicos, los cuales--según el código--son los que satisfacen necesidades de interés general e incluye el ramo de las telecomunicaciones.
Los trabajadores sustentaban su posición aferrados al artículo 4° de la ley 74 de 1966, en la que se define que la Radiodifusora Nacional es un servicio público porque es del Estado, pero que cuando una empresa particular recibe por concesión del Estado el de recho a la utilización de la frecuencia es un servicio privado. Ante la negativa de Restrepo Piedrahíta, fue nombrado conjuez, Mario Latorre Rueda, quien la semana pasada falló en favor del servicio privado aceptando la interpretación de los trabajadores.
A estas alturas era evidente que había llegado el momento de resolver e conflicto y era obvio que había un exceso de caña de ambas partes. En realidad los puntos no son tan indiscutibles como puede parecer. En más de una ocasión habían logrado avanzar hasta en un 90%, particularmente al entrar como negociador por parte de la empresa, Diego Fernando Londoño, el nuevo gerente de Caracol Televisión. Sin embargo, cuando las casas parecian a tiro de as, alguna de la partes se paraba abruptamente de la mesa de negociaciones. La empresa ha llegado a aceptar todas las cláusulas de carácter sindical y los trabajadores han renunciado a muchas de las cosas que pidieron inicialmente. Inclusive en las últimas negociaciones no ha existido desacuerdo en los aspectos económicos. Los puntos que todavía hoy son espinosos, son los de la estabilidad laboral y el derecho contrapliego. El primero significa en la práctica que los trabajadores exigen que nadie puede ser despedido después del conflicto. La empresa no está dispuesta a ceder en este terreno alegando que se estarían vulnerando principios fundamentales del sistem de libre empresa y propone como alternativa, núevas tablas de indemnización. El segundo punto es el de derecho a contrapliego. Esto significa que la empresa pueda presentar sus ofertas en la mesa de negociación al margen de las peticiones de los empleados. Los trabajadores no aceptan argumentando que es una medida que debilitaría seriamente al sindicato.
Al cierre de esta edición, estos dos puntos obstaculizaban aún cualquier arreglo y estaba próximo a vencerse el término de 40 días de huelga, que obliga al retorno a las labores suspendidas y a la constitución de un tribunal de arbitramento para que dirima el conflicto. --

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