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| 1/17/1994 12:00:00 AM

CARACOLES Y CORALES

Una pequeña emisora de provincia se ha convertido en el escenario para la más feroz -y pintoresca- batalla entre Ardila Lulle y Santo Domingo.

Doña Gloria de Espinosa es una venerable viuda que con la ayuda de sus hijos logró mantener a flote la Corporación Radial Colombiana (Coral), una cadena integrada por siete emisoras, de las cuales cinco están en Boyacá. En la medida en que la radio se ha convertido en un negocio industrial de grandes capitales, las emisoras familiares de provincia han ido perdiendo cada vez más terreno.
Sin embargo, a pesar de la creciente competencia, la familia Espinosa colonizó una audiencia que, si bien en Bogotá no era significativa, si lo era en Boyacá.
La familia trabajaba con las uñas y, aunque los equipos no eran de primera, la cadena Coral podría tener un valor del orden de los 600 millones de pesos.

LLEGO ARDILA LULLE
Pero así como el valor radial podía ser moderado, las emisoras de Coral tcnían un valor estratégico enorme: Boyacá va a ser el epicentro de lo que se ha denominado la guerra de la cerveza. Es decir, del enfrentamiento que se avecina entre Carlos Ardila Lulle -con su nueva cervecería que operará el año entrante- y Julio Mario Santo Domingo, que controla la industria cervecera actual.
En la planicie cundiboyacense se consume el 40 por ciento de la cerveza del país. Por tanto, las estaciones de radio boyacenses desempeñarán un papel muy importante en el duelo de publicidad que se va a librar.
Por esto la Organización Ardila Lulle decidió hacer una oferta por Coral. Se reunió el presidente de RCN Radio, Ricardo Londoño, con doña Gloria y le hizo una oferta de 1.300 millones de pesos por la cadena. El valor correspondía a consideraciones cerveceras y no radiales. Coral iba a ser el altoparlante para que todos los boyacenses oyeran las virtudes de la cerveza Leona, que es como se llamará la de Ardila Lulle.
La oferta para doña Gloria era demasiado buena. Llevaba años trabajando, sus hijos ya habían crecido y, si bien la radio les permitía un buen pasar, 1.300 millones contantes y sonantes parecían una mejor alternativa. El 15 de julio de este año se firmó el contrato entre ella y RCN. Se acordó la forma de pago, la fecha de entrega de las emisoras, el acuerdo de la liquidación de personal y demás detalles legales relacionados con el trámite ante el Ministerio de Comunicaciones.

LLEGO SANTO DOMINGO
La transacción se conoció en el mundo de los medios de comunicación. Y no había transcurrido una semana cuando se enteró Julio Mario Santo Domingo. Su reacción fue de todo menos de resignación. Le dio la orden a Augusto López de que hiciera cualquier cosa para torpedear ese negocio. La consigna era clara: Coral no podía ser de Ardila. No importaba el cómo ni el costo.
Cumplir la orden no era fácil. Al fin y al cabo se trataba de un contrato ya firmado. Pero órdenes son órdenes. Las directivas de Caracol contactaron inmediatamente a doña Gloria y le hablaron claro: el Grupo Santo Domingo quería hacer una contraoferta para comprar la cadena Coral. La señora de Espinosa les manifestó que lamentablemente ya estaba vendida a Ardila. Le preguntaron por cuánto la había vendido y ella respondió que por 1.300 millones de pesos. Para no darle muchos rodeos al asunto, le pusieron las cosas de frente: ¿Estaría dispuesta a echar para atrás la negociación con Ardila por una bonificación de 1.000 millones de pesos? En otras palabras, Caracol estaba dispuesta a comprar por 2.300 millones de pesos. Desconcertada, les recordó la situación jurídica. Los representantes de Santo Domingo le ofrecieron que el Grupo podía prestarle asesoría jurídica si decidía aceptar la oferta.
Doña Gloria es una mujer de principios, pero 1.000 millones de pesos son l.000 millones de pesos. Y si se tiene en cuenta que el costo real de las emisoras era del orden de 600 millones, Ardila se lo había doblado y Santo Domingo se lo estaba cuadruplicando. Se reunió con sus hijos en concilio familiar. A pesar de las excelentes relaciones que todos tenían con RCN después del acuerdo, llegaron a la conclusión de que esa suma no la volverían a ver. Y que si además contaban con el respaldo jurídico del Grupo Santo Domingo, valía la pena jugársela.
La familia Espinosa le pidió una cita el 30 de julio a Ricardo Londoño, presidente de RCN. El propósito era informarlo de esa decisión. La reunión no pudo haber sido más desapacible. Londoño, quien no salía de su asombro, les recordó que había un contrato firmado. Jaime, el hijo de doña Gloria, expuso los puntos de vista de la familia y manifestó que estaban dispuestos a renegar el contrato antes que vender las emisoras por 1.300 millones de pesos. Ahora había una oferta de 2.300 millones. RCN ni siquiera hizo una contraoferta. Simplemente exigió que se diera cumplimiento al contrato firmado.
Al día siguiente tuvieron lugar dos tipos de reuniones diferentes. En el Grupo Santo Domingo no había sino celebraciones; en la Organización Ardila Lulle citas con abogados. Revisado el contrato, la decisión fue inmediata: había que demandar por incumplimiento. Mientras se desarrolló el pleito, Caracol tomó posesión de sus nuevas emisoras y comenzó a meterle todas la baterías. Avisos de página entera en los periódicos anunciaron la "toma de Boyaca...

LA ULTIMA PALABRA
No obstante, las cosas se complicaron la semana pasada. Los procesos jurídicos iniciados por Ardila Lulle determinaron que el juez 16 de Instrucción Civil del Círculo de Bogotá, Israel Bosiga Higuera -quien conoció del litigio- resolviera embargar la cesión de las siete frecuencias de Coral. Esto quiere decir que, mientras se falla el caso, el Ministerio de Comunicaciones no podrá ceder esas frecuencias a Santo Domingo. En otras palabras, todavía no se sabe quién quedará en posesión de la pequeña cadena radial boyacense.
Ardila y Santo Domingo le están metiendo todo el vapor a esta batalla jurídica que se definirá a comienzos del año entrante. El juez Bosiga Higuera, quien tendrá que dirimir el conflicto entre estos dos gigantes del país, no ha abierto la boca. Se sabe que es un hombre discreto e independiente, que no tiene consideraciones diferentes que el acatamiento al Estado de Derecho. Será él quien diga la última palabra.
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