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| 1/21/2016 6:00:00 PM

Concesión a la Drummond sería prorrogable hasta por 30 años más

El Consejo de Estado conceptuó que es posible renovar ese contrato para la explotación de carbón después del 23 de febrero del 2019, cuando expira el celebrado tres décadas atrás.

El Gobierno estudia la posibilidad de prorrogar el contrato de concesión carbonera que se le otorgó a la Drummond hace casi 28 años. A pesar de sus dudas sobre la legalidad de las condiciones actuales del compromiso contractual y las que debe tener en cuenta en una futura negociación, el Consejo de Estado le dio su visto bueno.

La Sala de Consulta emitió un concepto que, aunque no es vinculante, ofrece algunas certezas jurídicas sobre esa intención. Según ese órgano, es viable que el Gobierno le otorgue una nueva concesión a la multinacional hasta por 30 años más, una vez finalizado el contrato actual, que vence el 23 de febrero del 2019.

En 1988 la estatal Carbones de Colombia (Carbocol) y la Drummond celebraron un contrato de concesión minera para la producción de carbón en Cesar. En ese entonces, la explotación de recursos no renovables no estaba sujeta al pago de regalías, tan solo al pago de un impuesto de acuerdo con el precio base del mineral que fijaba el Ministerio de Minas.

Como la Constitución de 1991 estableció que quienes obtuvieran réditos de la explotación del subsuelo estarían obligados a retribuir a la Nación con el pago de una regalía, las condiciones de ese y demás contratos mineros quedaron sujetas a modificaciones.

La Ley 141 de 1994 estableció una fórmula especial para establecer el monto de las obligaciones de las concesiones mineras que habían negociado sus contratos antes de la Constitución. La legislación eliminó el impuesto que le cobraban a la Drummond y otras empresas que explotaban minerales. Además, estableció qué porcentaje del valor del producto debían pagar por concepto de regalías.

Al calcularse lo que correspondía cancelar a la multinacional, algunos sectores pensaron que la Nación estaría en desventaja, sobre todo teniendo en cuenta que la rentabilidad que obtendría esa empresa sería del 16,5 %. Las dudas fueron de tal magnitud, que en 1996 se produjo la primera consulta ante el Consejo de Estado sobre una eventual renegociación del contrato celebrado con la Drummond.

La Sala de Consulta negó esa supuesta desventaja. Señaló que el contrato celebrado en 1988 se ajustaba a las exigencias legales de la época y explicó que esa concesión se ajustaba a los requisitos posteriores establecidos por la Constitución del 91 y su desarrollo en la Ley de Regalías de 1994.

Casi una década después, el Ministerio de Minas y Energía efectuó una nueva consulta. Además de buscar certezas sobre la eventual prórroga, trataba de establecer si las condiciones del convenio eran o no legales y justas. La corporación respondió que sí.

Eso significa que si el Gobierno decide prorrogar la concesión durante tres décadas más puede hacerlo bajo las condiciones del actual contrato o de acuerdo al ordenamiento legal vigente a la fecha de la prórroga. Sin embargo, la Sala aclaró que eso no impide que la Nación modifique las características de la contratación, para hacerlas más favorables a sus intereses.

Por eso, dice el Consejo de Estado, es viable que la extensión de la duración del actual acuerdo incluya una nueva fórmula de liquidación de las regalías. Veremos si con este espaldarazo jurídico el Gobierno se anima a permitirle a la Drummond una estadía más prolongada en Colombia.

Ello, desde luego, en un marco en que el precio del carbón se ha deprimido de manera considerable (al igual que el del petróleo y otros bienes básicos), y del impacto ambiental que han tenido algunas de sus gestiones.

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