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| 3/19/2016 12:00:00 AM

Tres razones para una inminente tragedia en las cárceles

La crisis en los centros penitenciarios sigue en aumento. Sin solución a la vista, parece inevitable una catástrofe.

Hace pocas semanas, el país se escandalizó cuando la Fiscalía reveló los testimonios de un grupo de exparamilitares que confesaron cómo dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, internos, visitantes y personas que ingresaban al penal eran asesinadas y descuartizadas. El tema causó conmoción nacional. No era para menos.

Si bien los hechos ocurrieron entre 1999 y 2001, lo que pasó en ese momento, sin duda, es uno de los capítulos más macabros en la historia carcelaria reciente. La situación en las cárceles del país no solo sigue siendo crítica, sino que, incluso, tiende a empeorar. De hecho, muchas señales de alerta hacen pensar en que es inminente una tragedia de grandes proporciones, que incluso opaque lo que ocurrió en La Modelo.

Recientemente, varias voces autorizadas han alertado sobre el caos en los penales. “La crisis humanitaria es insostenible. La situación de las 120.000 personas detenidas en Colombia fue preocupante en 2015 y lo sigue siendo en 2016”, dice un informe presentado el pasado jueves 10 de marzo por el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–. “Colombia atraviesa por la peor crisis carcelaria de su historia, problemática que, lejos de superarse, se agudizó en 2015”, afirma la Defensoría del Pueblo en el último informe al Congreso, presentado hace pocas semanas, en el cual llamó fuertemente la atención sobre el tema penitenciario.

“La política criminal colombiana se ha caracterizado por ser reactiva, desprovista de una adecuada fundamentación empírica, incoherente, tendiente al endurecimiento punitivo, populista, poco reflexiva frente a los retos del contexto nacional, subordinada a la política de seguridad, volátil y débil”. Esta es una de las afirmaciones de un extenso fallo del pasado 16 de diciembre de la Corte Constitucional, en el que estudió 16 tutelas, instauradas en igual número de cárceles en el país, y en el que el alto tribunal realizó una descarnada radiografía de la situación de los penales y un contundente cuestionamiento al Estado.

A pesar de lo categórico de los conceptos y de la importancia de las entidades que realizaron estos informes, lamentablemente la mayoría de sus advertencias pueden quedar en letra muerta. La crisis de las cárceles colombianas no es algo nuevo ni reciente. De hecho, lleva décadas sin solución y posiblemente por esto las denuncias y advertencias han terminado por convertirse en ‘paisaje’ o en un tema cíclico.

Prácticamente todas las semanas ocurren graves incidentes que ocasionalmente son registrados por los medios de comunicación y que pocas veces, incluso, merecen un pronunciamiento oficial. Hace pocos días, el 70 por ciento de los internos de la cárcel El Bosque de Barranquilla se amotinó. Los 1.900 detenidos, confinados en un área con capacidad para 500, reclamaban atención médica urgente. Entre ellos estaban cerca de 10 presos con tuberculosis. Simultáneamente estallaron protestas en las cárceles El Pedregal y Bellavista en Medellín, ambas con un hacinamiento que supera el 200 por ciento, en donde los internos estaban en huelga de hambre, entre otras razones, por la falta de atención médica y porque físicamente no cabe un detenido más. A tal punto, que para poder dormir en el suelo los detenidos deben turnarse en una especie de ‘pico y placa’.

A comienzos de febrero de este año, se conoció de otro hecho que aún no tiene explicación oficial. Tres internos recluidos en una celda de castigo en la cárcel de Cúcuta resultaron con graves quemaduras al incendiarse el lugar, y uno de ellos murió. Hace pocas semanas, Noticias Uno reveló unos estremecedores videos en las cárceles de Valledupar y Bucaramanga, en donde se observa a varios guardianes que realizan tratos inhumanos contra algunos internos. Se advierte cómo dentro de la celda los uniformados lanzan una granada de gas lacrimógeno, y tras varios minutos, al borde de la asfixia, sacan al detenido a quien golpean en el suelo. En otro video se ve a un interno esposado, a quien arrastran por el piso y golpean hasta dejarlo inconsciente.

Durante el último mes, un centenar de internos de la cárcel Tramacúa, en Valledupar, están en huelga de hambre. Con un hacinamiento que supera el 150 por ciento, hacen parte de 1.400 detenidos que, a una temperatura de 40 grados centígrados, solo tienen agua dos veces al día por periodos de media hora. Las condiciones de insalubridad que esto acarrea sumadas a las denuncias de constantes torturas de la guardia, que incluyen choques eléctricos y gas pimienta, son algunos de los motivos de las protestas cada vez más graves. Lo irónico de toda esta situación es que para pocos son secretas las razones de esta crisis.

1. Hacinamiento

Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, las 138 cárceles del país presentan un hacinamiento del 53 por ciento. Los penales tienen capacidad para albergar 76.553 presos, cifra que para mediados del año pasado se superó con creces y llegó a 117.000 internos. Esto quiere decir que había un poco más de 40.000 detenidos por encima de los cupos disponibles, lo que equivale a la población de San José del Guaviare.

Los casos son dramáticos. Algunos están consignados en el fallo de diciembre pasado de la Corte Constitucional. Esta documentó que en la cárcel La 40 de Pereira había solo dos médicos para atender a 1.600 internos, y 800, solo tenían una ducha y tres sanitarios.

No menos complejos fueron los hallazgos en La Modelo de Bogotá. Con más de 5.000 presos, y un hacinamiento del 70 por ciento, los detenidos debían dormir en el suelo, sin cobijas y a orillas de los baños o al pie de las basuras. Adicionalmente, solo hay dos baños y una ducha por cada 246 presos.

El fallo de la corte también hace referencia a la cárcel Modelo de Bucaramanga que, con casi 3.000 presos, presenta un hacinamiento del 95 por ciento. Las instalaciones tienen más de medio siglo y se encuentran en un estado deplorable que ha creado un ambiente insalubre, el cual afecta a la población carcelaria en general y en particular a varios enfermos de cáncer y lepra que, adicionalmente, no reciben tratamiento.

Estas son tan solo tres de las decenas de ejemplos documentados también por la CICR y la Defensoría del Pueblo sobre los penales con mayor hacinamiento (ver gráficos). Si bien ya en el pasado el gobierno había decidido tomar medidas para ampliar los cupos y mejorar las condiciones de los reclusos, la realidad es que no se ha avanzado mucho.

La Defensoría constató que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) solo entregó en 2015 unos 1.709 cupos, de los 7.088 que estaban proyectados, es decir, tan solo el 43 por ciento. Parte de las razones por las cuales no se ha solucionado el problema es que los contratistas no han cumplido y se han presentado denuncias de corrupción al adjudicar algunas de esas obras.

No obstante, construir nuevas cárceles no son las únicas medidas para enfrentar ese problema. Entre las voces que reclaman acciones mucho más de fondo está la del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre: “Si queremos avanzar en una estructura penitenciaria que dignifique al hombre y cumpla con los fines de la pena, Colombia tiene que avanzar a una reforma integral de su política criminal”, dijo a SEMANA. “Hay problemas estructurales que deben ser discutidos como el manejo que algunos fiscales y jueces le dan a las libertades. La política criminal no puede seguir siendo que todo sea cárcel. Ahora la regla es privar a la gente de la libertad, cuando debe ser la excepción. No nos podemos limitar a mirar el problema sobre el tema de la sobrepoblación, el hacinamiento y la salud de los reclusos”, concluyó.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, lideró el año pasado el trámite de una ley para racionalizar la detención preventiva. Asegura que actualmente existe un abuso de esa figura pues más de 43.000 personas están detenidas preventivamente. Eso quiere decir que todavía la justicia no ha definido si son culpables o inocentes. A muchos les llega la absolución después de años de estar tras las rejas. En esa categoría existen 18.000 colombianos que han demandado al Estado. Las indemnizaciones podrían sumar 23 billones de pesos, es decir, dos ventas de Isagén. “Lo que se busca con esta medida es aterrizar la presunción de inocencia, un principio universal consagrado en la Constitución, porque el Estado no puede esperar diez años para decirle a una persona a la que le quitó la libertad ‘qué pena, me equivoqué’”, explicó a SEMANA el ministro.

Más del 35 por ciento de los detenidos en las cárceles colombianas están allá por delitos que relativamente no son graves, como inasistencia alimentaria o hurtos (ver gráfico). Aplicar medidas como detención domiciliaria y brazaletes electrónicos para esos condenados contribuiría sustancialmente a disminuir el tema del hacinamiento. A pesar de que los dos máximos responsables de trazar los lineamientos de la política criminal están de acuerdo con adoptar esas medidas, que sacarían de la cárcel a cerca de 20.000 detenidos, no encuentran mucho eco en sectores políticos que las consideran impopulares entre la población en general. Esto, sencillamente, implica que el problema del hacinamiento no tendrá una rápida y efectiva solución.

2. Salud y alimentación

Una de las principales bombas de tiempo tiene que ver con el precario servicio de salud con que cuentan los cerca de 120.000 reclusos del país. “La Defensoría constató una reducción sustancial de la atención prestada a los reclusos, tanto en términos de cobertura como de calidad”, dice uno de los apartes del más reciente informe de ese organismo, en el cual deja constancia de protuberantes fallas; casos aberrantes en los cuales, incluso, se documentan historias de internos que han muerto por falta de atención médica.

En el informe del CICR, que realizó visitas a más del 70 por ciento de los penales, relata la precariedad de la asistencia médica. En una cárcel encontraron, por ejemplo, a dos internos que llevaban varios meses esperando una cirugía en sus piernas fracturadas, que necesitan barras metálicas para estabilizar los huesos. Sin embargo, no ocurrió “a pesar de que ya mostraban signos de infección y podían, incluso, perder las extremidades”.

También relata el caso de un hombre de 62 años, detenido en la cárcel La Picota, que perdió la pierna izquierda en un accidente. Durante varios años, ese detenido se vio obligado a usar una vieja prótesis que consiguió en la cárcel pero que no correspondía a la pierna que le faltaba. También aparecen en los informes casos de enfermos de cáncer, VIH, tuberculosis y otras dolencias graves, a quienes no se les presta atención médica y se les suministran los medicamentos para calmar el dolor o garantizar su supervivencia.

De acuerdo con la Defensoría, únicamente 73 de las 137 prisiones del país cuentan con un médico. La mayoría de ellos no son especialistas y atienden de lunes a viernes. No hay servicio en las noches ni los fines de semana.

No menos complejo es el tema de los internos que tienen algún tipo de trastorno psicológico. Según los datos del Inpec, cerca de 2.000 hombres y 150 mujeres lo padecen y están recluidos en las prisiones del país. Ellos tampoco cuentan con tratamientos adecuados y en no pocas oportunidades han ocasionado tragedias. En penales de Medellín, Cali y Barranquilla se han registrado varios casos en donde este tipo de detenidos atacan a sus compañeros y a los guardianes.

La génesis de los graves problemas de salud en las cárceles comenzó en 2011, cuando ese servicio para los detenidos estaba a cargo de Caprecom. El año pasado, esa EPS entró en liquidación y se suponía que el Fondo Nacional de Salud de la Población Privada de la Libertad establecería un nuevo modelo de atención.

Sin embargo, esa nueva entidad solo fue reglamentada en diciembre del año pasado, por lo que durante todo 2015 la atención en salud de los internos siguió a manos de Caprecom. Para tratar de cumplir, esa EPS suscribió un contrato con la Unión Temporal UBA Inpec para prestar los servicios, por un valor de 52.000 millones de pesos. Sin embargo, los informes de la Defensoría del Pueblo y de los propios internos coinciden en señalar que a pesar del multimillonario contrato la atención ha desmejorado cada vez más.

No menos polémico ha sido el tema de la alimentación que reciben los internos. De acuerdo con los datos de la Uspec, el rubro destinado para comida en todas las cárceles vale 340.000 millones de pesos al año, cerca de la mitad del presupuesto total de unidad que es de 600.000 millones de pesos. Esto quiere decir que, de acuerdo con el número de internos existente, para las tres comidas diarias se destinan 7.960 pesos, lo que, en criterio de la Defensoría y los internos, explica y se refleja en la mala calidad de la alimentación.

3. Corrupción y tortura

Al igual que el hacinamiento, el tema de la corrupción en las cárceles se ha transformado en un algo recurrente al que muy pocos prestan atención. No obstante, este es uno de los grandes y más difíciles males que aquejan el sistema penitenciario. Y, como los demás, no parece tener una solución a la vista.

El tema es tan absurdo, y tan conocido, que el propio Inpec tiene elaborada una tabla con los promedios de lo que bien podría llamarse el ranking de la corrupción. Allí está consignado, por ejemplo, que ingresar un celular a un penal puede costar entre 50.000 y 200.000 pesos. Derecho a tener una celda, traslados de un patio, ingresos de prostitutas, hasta tarifas por fugas están establecidos (ver recuadro).

SEMANA documentó, por ejemplo, cómo funciona parte de ese complejo engranaje de corrupción. En la antigua entrada a la cárcel La Picota de Bogotá, la principal del país, hay una serie de casetas donde venden empanadas y gaseosas y guardan elementos a algunos de los visitantes. Pero varios de esos inofensivos negocios son realmente el punto clave para ingresar todo tipo de elementos a ese penal. En ‘la caseta de la Mona’ se dejan celulares, dinero en efectivo y hasta droga con destino a los internos. Al lugar llegan algunos de los guardianes quienes, a cambio de una suma de dinero, se encargan de ingresarlos. El mismo modus operandi ocurre en otros lugares del país.

Gran parte de la corrupción proviene de la propia guardia. No obstante, la impunidad se ha transformado en el mejor aliado para combatir ese flagelo. En la actualidad, existen 72 sindicatos en el Inpec. “Hace años los guardianes descubrieron que la mejor forma de impedir que se les pueda aplicar el peso de la ley era sindicalizarse, con lo cual tenían fuero automáticamente, lo que implica que, sencillamente, no es posible investigarlos, trasladarlos o incluso sancionarlos. Muchos de los que hacen parte de esos sindicatos están señalados de actos graves de corrupción o violación de derechos humanos. En cuanto comenten la falta y saben que los van a investigar crean un sindicato. Es tan absurda la situación que hay sindicatos de esos con cinco o diez miembros”, explicó a SEMANA un alto directivo del Inpec.

Esa estrategia se ha convertido en una patente de corso para impedir sacar las manzanas podridas de la guardia. Y casos aberrantes están en la absoluta impunidad. SEMANA conoció la historia de una madre y su hija adolescente que sufrieron vejámenes en la cárcel La Modelo el año pasado. Al intentar visitar a un familiar detenido en ese penal, algunos guardias las abordaron para solicitarles dinero por permitir el ingreso y garantizar la ‘seguridad’ de su pariente en el patio en el que se encontraban. Como no tenían recursos económicos, los uniformados ofrecieron como alternativa que tanto la madre como la hija sostuvieran relaciones sexuales a cambio de permitirles el ingreso. Historias como estas, o incluso peores, se escuchan con frecuencia en las afueras de los penales los días de visita.

Por décadas, los diferentes gobiernos de turno proponen comisiones especiales y plantean reformas para resolver los problemas estructurales de las cárceles. Varios ministros de Justicia han diseñado planes y soluciones sensatas para desactivar esa bomba de tiempo. Sin embargo, la mayoría de las veces esas iniciativas terminan archivadas. Las cárceles son un botín burocrático y económico gigante y no pocos políticos durante años se han repartido los dividendos de la torta carcelaria. Muchos viven de ese caos y son los más interesados en que la situación no cambie.

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