“Si llega a contar lo que pasó, matamos a su familia”

No es para él un honor, sino el sinónimo de una condena.

El sargento Carlos Eduardo Mora ha sido el primero -y hasta hoy el único- miembro de las Fuerzas Armadas que obtuvo a su favor una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Él está seguro de que en algún momento lo van a matar. Es un temor compartido por la CIDH, que en octubre del 2013 le solicitó al Gobierno que ofreciera protección para "preservar la vida y la integridad personal" de Mora y su núcleo familiar.

"Mucha gente lo tomó como la confirmación de que yo era un traidor", le dijo el militar a BBC Mundo.

¿Qué hizo Mora?

A fines del 2008 se presentó ante la Justicia para dar cuenta de lo que sabía acerca de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como "falsos positivos" y todavía sigue colaborando con procesos abiertos a soldados y oficiales.

Para mostrar "resultados"

En esta práctica, soldados y oficiales, presionados por sus superiores para mostrar resultados "positivos" en la lucha contra la guerrilla y la delincuencia, llevaban por la fuerza o citaban en lugares remotos, con promesas falsas -como ofertas de empleo-, a sus víctimas.

Luego las asesinaban y las hacían aparecer como combatientes enemigos, colocándoles armas o vistiéndolas con ropas militares.

Además de ser usados para demostrar "resultados", estos falsos positivos les daban a los militares que los ejecutaban ciertos beneficios, como vacaciones.

Hasta el momento hay más de 800 miembros del Ejército condenados por ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2002 y el 2008, los años en los que se concentra el mayor número de casos conocidos de falsos positivos.

Aunque hay algunos excomandantes de batallones y otras unidades presos por estos actos, en su mayoría los condenados son soldados de rangos inferiores.

16 generales investigados

Mora, al igual que otros testigos, está ayudando a la Fiscalía a excavar hacia arriba esa sólida montaña que es la estructura militar, a la que la Justicia puede acceder desde la base, pero cuyas partes más altas se le hacen más difíciles de alcanzar.

De esa aparente impenetrabilidad da cuenta un informe presentado este miércoles por la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en el que expone por qué considera que hubo responsabilidad por parte de generales y coroneles en los casos de falsos positivos y cuáles parecen ser los impedimentos para que sean llevados ante la Justicia.

El reporte señala que en Colombia hay investigaciones abiertas contra 16 generales del Ejército activos y retirados, pero ninguno ha sido acusado formalmente.

HRW asegura que comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos.

"Human Rights Watch examinó transcripciones o grabaciones de testimonios prestados a la Fiscalía -dice el informe- en los cuales se acusa de manera directa a varios militares que eran entonces comandantes de división, al entonces jefe del Comando Conjunto del Caribe, General (r) González Peña, y al entonces comandante del Ejército Nacional, el general (r) Mario Montoya, de haber tenido conocimiento de falsos positivos, o de haberlos planificado o intentado facilitar su comisión, mientras ocuparon estos cargos".

Eso los haría, según la organización, penalmente imputables. La responsabilidad puede llegar aún más lejos.

En un reporte interino del 2012 sobre Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) asegura que "existen bases razonables para creer que (los falsos positivos) fueron cometidos en virtud de una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas dentro de las Fuerzas Armadas".

De acuerdo con la CPI, se podría incluso considerar una política de Estado, ya que las mismas, de acuerdo con el organismo, no necesariamente deben ser concebidas al más alto nivel de la maquinaria estatal.

Brigada Móvil 15

HRW analizó 11 brigadas, algunos de cuyos comandantes luego ascendieron en la cadena de mando militar.

"Sus posiciones jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante del Ejército Nacional", indica el reporte.

Una de las unidades analizadas por HRW era la Brigada Móvil 15, que operaba en el departamento de Norte de Santander, bajo la 2ª división del Ejército, a la que el sargento Carlos Eduardo Mora llegó desde su fundación, en el 2006.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está investigando 38 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre el 2006 y el 2008 por esa brigada, según HRW.

Mora ha sido clave en las investigaciones que se realizaron y realizan sobre lo ocurrido allí.

En el 2007, el entonces cabo formaba parte del área de inteligencia de esa unidad.

Le contó a BBC Mundo que al empezar a notar actividades sospechosas intentó, sin éxito, levantar la voz de alarma con algunos de sus superiores.

Fue amenazado y terminó siendo trasladado a Bogotá. Antes de partir, asegura que los coroneles le dijeron: "Si llega a contar lo que pasó y lo que vivió acá en Ocaña y lo que usted sabe, le matamos a su familia".

Soacha

Ya en la capital, una noticia lo llevó a volver a intentar contar lo que sabía. En octubre del 2008 se hallaron en Ocaña, Norte de Santander, 17 cuerpos vestidos con ropas militares.

Eran muchachos de bajos recursos que vivían en la municipalidad de Soacha, a los que les habían ofrecido empleos cerca de la frontera con Venezuela.

Al llegar allí, miembros de la Brigada Móvil 15 los mataron.

Ante esos hechos, el Gobierno pasó a retiro a tres generales del Ejército y a los coroneles Rubén Darío Castro, entonces comandante de la brigada; Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada, y Santiago Herrera Fajardo, quien estaba en ese momento trabajando con el general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional.

En total el Gobierno retiró del servicio a 27 miembros del Ejército. El general Montoya renunció.

Condenas e investigaciones

A finales del 2008, el sargento Mora llegó hasta la oficina del entonces director de inteligencia del Ejército, el general Ricardo Hernando Díaz Torres.

Según Mora, tras contarle lo que sabía, Díaz Torres se comunicó con el comandante de las Fuerzas Militares y luego llamaron al ministro de Defensa, que en ese entonces era el actual presidente, Juan Manuel Santos.

Le dieron la orden de ir a radicar la denuncia al día siguiente a la Fiscalía ya la Procuraduría, dice el sargento.

La evidencia que brindó hasta ahora permitió a los fiscales conseguir las condenas de un teniente coronel y varios otros oficiales y soldados.

La Brigada Móvil 15, en la que se desempeñaba Mora, fue cerrada a comienzos del 2009.

De los oficiales que operaban en esa unidad, Santiago Herrera Fajardo está procesado y Jesús Rincón Amado fue condenado en marzo del 2014 a 35 años de cárcel por el homicidio en abril del 2007 de un un motociclista, quien fue presentado como baja en combate.

Este martes, la Fiscalía anunció que citó a declarar al excomandante del Ejército Nacional Mario Montoya Uribe, junto a otros tres generales, en el marco de investigaciones por falsos positivos.

Montoya Uribe había estado al mando de la Brigada 4 entre fines del 2001 y fines del 2003, período en el que según HRW, "al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales (fueron) perpetradas por soldados (de esa unidad)".

Según la información que HRW obtuvo de la Fiscalía, se están también investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales las brigadas dirigidas por el general retirado Óscar González Peña, y los generales en activo Juan Pablo Rodríguez Barragán (hoy es comandante general de las fuerzas militares) y Jaime Lasprilla Villamizar (actual comandante del Ejército).

Respaldo del presidente Santos

Sobre el señalamiento a Rodríguez Barragán y Lasprilla Villamizar, el presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles en un acto ante las Fuerzas Armadas que estos le "mostraron las respuestas de la Fiscalía y la Procuraduría (...) no hay una sola investigación en contra de estos altos oficiales".

"Entonces que no vengan a señalarlos y a causarles un daño enorme sin ninguna justificación, sin ninguna documentación", agregó.

BBC Mundo tuvo acceso a documentos de la Fiscalía que aseguran que esos dos generales no tienen condenas, antecedentes, ni órdenes de captura, pero no dicen nada respecto a la inexistencia de investigaciones (eso no quita que haya otros documentos que así lo demuestren, pero BBC Mundo no los conoce).

Santos también dijo: "Si hay ejemplos, como hay en cualquier institución, que hayan cometido errores, son las propias fuerzas las más interesadas en que se haga justicia".

"Que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución".

Amenazas

Desde el momento en que empezó a colaborar con la Justicia, Mora dice que comenzó a recibir nuevas amenazas e intimidaciones.

Según HRW, las amenazas y ataques a testigos constituyen uno de varios obstáculos a los que se enfrentan las investigaciones de falsos positivos.

El director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, teniente coronel Carlos Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo que en respuesta a esta situación hace dos años se estableció un esquema de protección para militares que actúan como testigos en estos casos.

"Estamos respondiendo por su vida y estamos dando todas las garantías de protección para que puedan seguir aportando al tema".
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Otros testigos afectados

Los tres primeros casos aparecen en el reporte de HRW, el último fue referido a BBC Mundo por el sargento Mora y ha sido registrado.

Nixon de Jesús Cárcamo

El 27 de octubre del 2014 Nixon de Jesús Cárcamo apareció muerto en el centro de detención del Ejército de la 11ª Brigada de Montería, departamento de Córdoba, donde estaba detenido por cargos de falsos positivos y por los que daba testimonio sobre el supuesto papel de oficiales y soldados en ejecuciones extrajudiciales.

Once días antes de su muerte les había dicho a los fiscales que temía por su vida, que había rumores en el centro de detención de que peligraba su vida por cooperarar con la justicia. Dijo que si algo le pasaba, hacía responsables a quienes estaba acusando.

Esposa de testigo violada

"Hay evidencias serias" de que en el 2013, un hombre que no identificaron violó a la mujer de un soldado, en represalia por el testimonio del soldado en contra de un coronel del Ejército, dice HRW. Ella contó que durante la violación los asaltantes la llamaban la esposa del "sapo".

Ataque en Soacha

El 12 de agosto del 2012, en Soacha, mataron a tiros a Jhon Fredy Garcés, un testigo que había dado testimonio a los fiscales sobre un caso de falso positivo en una unidad militar en la que sirvió como guía civil.

Alexánder Rodríguez

A finales del 2007 Alexánder Rodríguez, también, como Mora, de la Brigada Móvil 15 de Norte de Santander, denunció lo que creía eran falsos positivos.

"Lo echaron como un perro", dijo Mora.

Luego fue detenido, acusado de un supuesto delito de extorsión.

Falta de cooperación por parte de los organismos castrenses.

En una nota escrita, el Ejército le dijo a BBC Mundo que ha "dispuesto unos equipos de trabajo que tienen como objetivo brindar el apoyo en cada uno de los requerimientos, información relacionada con el personal militar vinculado a las investigaciones y con ello agilizar las mismas".

"Somos los primeros interesados en que se aclaren los hechos y se asuman las responsabilidades individuales por los mismos", agrega el texto.

Sin embargo, HRW señala que "los fiscales a cargo de casos de falsos positivos indican que, con frecuencia, miembros del Ejército interponen obstáculos al acceso a archivos que son cruciales para sus investigaciones".

Por otra parte, la organización cuestiona el hecho de que haya casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la jurisdicción de la Justicia Militar Penal, que "tradicionalmente (...) ha garantizado la impunidad para estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y credibilidad".

Y el organismo cree que dentro de la Fiscalía se han dado problemas de organización y distribución del trabajo que han ralentizado las investigaciones.

Aun con esas limitaciones, la Fiscalía continúa investigando al menos 3.700 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la órbita de más de 180 batallones y otras unidades tácticas, según HRW.

El director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, teniente coronel Carlos Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo que se ha sentenciado a algunos militares de forma injusta.

Dijo que a su entender hay al menos cuatro casos de suboficiales o soldados -no de oficiales- condenados indebidamente por falsos positivos.