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Carlos Felipe Córdoba | Foto: Archivo particular

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Este es el nuevo auditor general

El Consejo de Estado eligió a Carlos Felipe Córdoba para el cargo que vigila a los contralores del país. La elección no estuvo exenta de polémica.

22 de julio de 2015

Este miércoles el Consejo de Estado eligió el nuevo Auditor General de la Nación. Un cargo que si bien no tiene tanta vitrina como el de otros organismos de control, es una pieza clave en engranaje del Estado.

Este funcionario, ni más ni menos, tiene como principal función vigilar la gestión fiscal de la Contraloría General y de las contralorías territoriales. Por eso es llamado el “contralor de los contralores”. La Auditoría general, además, maneja un presupuesto de 30.000 millones de pesos y una planta de personal de 222 funcionarios.
 
El elegido resultó Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien derrotó a los otros dos candidatos de la terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, Alma Carmenza Erazo Montenegro y José Luis Franco Laverde, quienes habían sido postulados para reemplazar a la saliente auditora, Laura Marulanda Tobón.
 
Como sucede en la mayoría de este tipo de elecciones, tras el resultado sus enemigos intentaron ventilar versiones y rumores sobre su idoneidad argumentando presuntas incompatibilidades para ejercer ese cargo. 

Córdoba, nacido en Pereira y según se puede constatar en su currículo, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, especialista en Alta Gerencia y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
 
Su perfil profesional fue la primera causa para quienes denunciaban que él era incompatible para ser elegido auditor. La razón es que el Decreto 272 del 2000, que regula las funciones de la auditoría y el mecanismo de elección del auditor establece como único requisito para aspirar al cargo, “ser profesional en ciencias económicas, contables, jurídicas, financieras o de administración”.

Según el reporte de programas de educación superior del Ministerio de Educación, la carrera cursada por Córdoba pertenece al área de Ciencias Sociales y Humanas, circunstancia que quizá no tuvieron en cuenta quienes eligieron.

En mayo del 2012, este risaraldense fue nombrado vicecontralor general durante la administración de Sandra Morelli. No estuvo mucho tiempo en el cargo. En septiembre del 2003 renunció aduciendo “motivos personales”, pero su dimisión coincidió con uno de los momentos más polémicos de la pasada Contraloría, cuando los medios de comunicación destaparon el escándalo sobre presuntas ‘chuzadas’ y por las irregularidades en el contrato de arrendamiento de las oficinas de la Contraloría, en el edificio del centro comercial y de negocios Gran Estación, en Bogotá.
 
Por haberse desempeñado como vicecontralor, Córdoba podría tener encima un conflicto de interés, toda vez que la Auditoría se encarga de investigar a la Contraloría. Es decir, Córdoba sería el encargado de vigilar y fiscalizar su propia gestión. La saliente auditora, Laura Marulanda, abrió investigaciones contra la antigua jefe de Córdoba, la excontralora Sandra Morelli, precisamente por el caso del edificio en el occidente de Bogotá.
 
Córdoba aseguró a Semana.com que la Auditoría vigila desde el año inmediatamente anterior, por lo que no se estaría auto auditando, como muchos lo pretenden hacer parecer. Además dijo que las investigaciones contra la anterior administración de la Contraloría ya fueron asunto de Laura Marulanda, la auditora saliente.  
 
El nuevo auditor está casado con Marcela María Yepes Gómez, actual directora nacional de apoyo a gestión de la Fiscalía General de la Nación, es decir, la ordenadora del gasto de este organismo. Marcela Yepes es hija de uno de los caciques políticos de Caldas. Es una de las funcionarias más poderosas de la Fiscalía.
 
En el año 2010 asumió como gerente administrativa y financiera de la Contraloría general, también en la administración de Sandra Morelli. Renunció a su cargo en mayo del 2012 cuando se produjo un “remezón” en el organismo de control, pues se removieron siete funcionarios de altos cargos jerárquicos de la institución. 
 
Y de haber sido una de las fichas clave de Morelli, pasó a testificar en su contra. Yepes entregó un testimonio que ayudaba a soportar la tesis de la Fiscalía en el sentido de que la excontralora sí estuvo al tanto de las irregularidades en el millonario contrato de arrendamiento de las oficinas de la Contraloría. Un tribunal descalificó dicho testimonio, precisamente por las circunstancias que rodean a la funcionaria.
 
Córdoba asegura que su trayectoria pública no tiene mácula. Y es así. Tanto, que eso le permitió  llegar a una entidad poderosa pero poco visible. De hecho, muy pocos conocen lo que allí se hace.