04 octubre 2011

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Carretera San Francisco-Mocoa, a revisión del BID por reclamos de indígenas

NACIÓNEl descontento de las comunidades indígenas kamentsá e ingá, por no haber sido consultadas durante el estudio social y ambiental para la construcción de la carretera, está siendo revisado por la oficina de reclamos del BID.

Carretera San Francisco-Mocoa, a revisión del BID por reclamos de indígenas.

La delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que está de visita en la zona del Putumayo donde se construirá la carretera entre San Francisco y Mocoa, evaluará la petición de las comunidades indígenas kamentsá e ingá, que piden detener un primer desembolso de la entidad por 53 millones de dólares para el comienzo de la obra.
 
El costo total de la vía es de 203 millones de dólares y será financiada por el BID. La solicitud de revisión se hizo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI),que eligió el proyecto para investigar las acciones y omisiones realizadas en el estudio y facilitar el diálogo para encontrar soluciones a la oposición indígena (ver documento). 
 
La vía, llamada Variante San Francisco-Mocoa, hace parte del mega proyecto de Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), cuyo objetivo es vincular y articular el comercio entre el Atlántico brasileño y el Pacífico colombiano. La obra es clave para solucionar el cuello de botella en el transporte entre las dos costas.
 
El taita José Narciso Jamioy resaltó la preocupación de las comunidades indígenas y aseguró que “el territorio sagrado por donde nosotros, nuestros padres, abuelos y antepasados caminaron y donde el Creador dejó en manos de la Madre Tierra el nacimiento del aire y las aguas puras para toda la humanidad, será destruido con la carretera que piensa hacer el gobierno colombiano”.
 
Aunque el MICI no tiene potestad para parar proyectos, sólo la Junta Directiva del Banco tiene esta potestad, la revisión se ha convertido en una esperanza para las dos comunidades indígenas, aunque las licencias estén aprobadas, los contratos estén firmados y el primer desembolso esté cerca de ocurrir.
 
La historia de este proyecto, considerado por el Ministerio de Ambiente la primera vía “ambientalmente sostenible del país”, esconde una serie de rarezas y acontecimientos que muchos desconocen.
 
Los indígenas kamentsá e ingá habitan en catorce resguardos en el área cercana a la carretera. Su vía de comunicación, desde tiempos ancestrales, es un camino real que llaman “camino de Sachamate”, “lugar donde caminaban y había totumo silvestre”. Este camino coincide en gran parte con el trazado de la variante, sin embargo, para el Instituto Nacional de Vías (Invias) y para el Ministerio del Interior y de Justicia no fue necesario hacerles consulta previa durante el estudio.
 
La consulta previa es el derecho que tienen los grupos étnicos de ser consultados cuando una obra o actividad de iniciativa gubernamental se va a realizar dentro de sus territorios. Es un derecho fundamental para proteger la integridad cultural, social y económica de los indígenas y garantizarles el derecho a la participación.
 
Pero los documentos en los que se basaron para dejar de hacer la consulta tienen algunas contradicciones. El 25 de octubre del 2001 el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, le certificó a Invías la “existencia de las comunidades indígenas ingá-kamentsá, kamentsá-biyá y Belén del Palmar” en el área de influencia de la carretera y dictaminó el inicio del proceso de consulta previa con las mencionadas comunidades (ver certificado).
 
A pesar de que en ese primer certificado se legitima la existencia de comunidades, no se hizo la consulta previa. Un año después, Invias solicitó otro certificado en el que recibió una aclaración del primero que estableció que “NO EXISTEN comunidades indígenas que se puedan ver afectadas por la realización del proyecto” (ver segundo certificado).
 
En total, Invias solicitó tres certificados a la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas entre el 2001 y el 2008 (ver tercer certificado). Teniendo en cuenta que los dos últimos reiteran que no existen comunidades indígenas en el área del proyecto, el Ministerio del Interior nunca hizo la consulta previa.
 
El interés del Invías por resolver si estaba en la obligación de realizar la consulta era clave para recibir licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente. De hecho, en 1997 el Ministerio revocó la licencia y pidió que se realizaran dos labores: estudio de impacto ambiental y consulta previa (ver auto del ministerio).
 
El estudio de viabilidad ambiental y social de la carretera también fue un requisito del BID para financiar el proyecto y firmar el primer contrato de crédito. Las políticas del banco son muy claras en cuanto al respeto y la consulta que se debe tener cuando un proyecto, financiado por ellos, potencialmente pueda afectar alguna comunidad indígena. El estudio debió integrar un Plan de Manejo Ambiental y Social Sostenible (PMASIS) para mitigar y compensar el impacto de la construcción y cumplir con la licencia ambiental. El BID aportó a los estudios una cooperación de 1,7 millones de dólares. El presupuesto para el PMASIS es de 11 millones de dólares.
 
Aunque el proyecto presentado por Invias recibió licencia y por lo tanto fue aprobado por el BID, su historial de estudios inconsultos y los argumentos de las comunidades ingá y kamentsá para detener el inicio de las obras generan muchos interrogantes entre los defensores de minorías étnicas y las poblaciones campesina, negra e indígena del alto Putumayo.
 
Sin embargo, hay un punto en el que todos parecen estar de acuerdo: la necesidad de una nueva carretera. La vía existente fue construida en 1930 y su estado es totalmente deplorable y peligroso. En algunas partes tiene ancho de tres metros, sus taludes tienen ángulos de más de 70 grados que generan deslizamientos de tierra en épocas de invierno, la velocidad promedio es de entre 10 y 20 kilómetros por hora y atraviesa varios cruces de agua. Los habitantes de la región la llaman “el trampolín de la muerte”.
 
La fuente de los desacuerdos está en el trazado de la vía. El terreno que atravesará le fue comprado a la Corona española por el gran taita Carlos Tamoabioy y protocolizado en la Notaria Segunda de Pasto el 28 de septiembre de 1927 (ver testamento). Según los indígenas, ese territorio es vital para mantener sus identidades étnica y cultural, pues allí siembran sus alimentos y sus plantas medicinales. Los seis cabildos ingá y kamentsá están esperando desde 1980 que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) les legalice este territorio (ver carta al Incoder). Ese reconocimiento, tal vez, habría impedido que se les dejara por fuera de este proceso.
 
El gran territorio ancestral que reclaman los indígenas envuelve la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa, que protege la biodiversidad de la región, y la cuenca donde nacen los afluentes que conforman el río Mocoa. Es un lugar privilegiado que baja del macizo andino al piedemonte amazónico.
 
La variante tendrá 45,6 kilómetros de extensión, de los cuales el 68 por ciento cruzará la reserva. Para mitigar el impacto ambiental que acarrea este diseño, el plan ambiental contempla ampliar la reserva de 94.465 hectáreas a 121.700. Con eso nace la segunda preocupación de los indígenas: la reserva alcanzaría sus resguardos y, de ampliarse, perderían otro pedazo de terreno.
 
Los indígenas, como es debido, han radicado las peticiones para el reconocimiento de su terreno ante el Incoder y han manifestado, en repetidas ocasiones, que aún no están resueltas.
 
Invías, consultores del BID y Corpoamazonía han realizado talleres para evaluar la viabilidad de la propuesta de ampliación de la Reserva, en los que los seis cabildos han manifestado que las ampliaciones planeadas traslapan sus territorios de títulos colectivos Kamentsá en Sibundoy, Ingá Kamentsá de San Francisco, Ingá Mocoa, Alpa Rumiyaco, Yunguillo, Condagua, San José Descanse, Musuiai, la Florida, Suma Uiai y Chalguayaco. 
 
De estos talleres, que comenzaron hace más de un año, no ha salido un informe final. Con el ánimo de defender sus derechos como grupo étnico, los 14 pueblos indígenas del Putumayo se han organizado en diversas movilizaciones con el propósito de reivindicar el derecho al territorio y a la consulta previa.
 
La primera movilización se realizó en el Valle del Sibundoy el 26 de junio de 2010. En la segunda movilización, los pueblos indígenas caminaron la ruta ancestral de Sachamates con pausas en los sitios sagrados para evidenciar que por donde transcurrirá la vía es territorio ancestral.
 
Por ahora, sólo queda esperar el informe de la delegación del Banco Interamericano de Desarrollo, y si este le da la razón a las comunidades indígenas o si por el contrario le da luz verde a un proyecto que espera la región, pero que -según los pueblos ingá y kamentsá- podría amenazar el bienestar de una minoría.
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Fase de consulta

El 13 de julio de 2011, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)1 recibió la Solicitud de Carmenza Tez, en representación de las Comunidades Indígenas Inga y Kamentsa (las Comunidades), en relación a los impactos ambientales y sociales que la construcción de la Variante San Francisco-Mocoa Fase 1 (el Proyecto) están y continuarán causando a sus representados.

Certificado 1

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Certificado 2

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Certificado 3

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Testamento Carlos Tamoabioy

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Carta al Incoder

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Revocación de licencia ambiental

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