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CARROS CHOCONES

Una decisión de la Cámara esta semana podría empezar a desactivar el choque de trenes.

14 de diciembre de 1998

El jueves de esta semana la plenaria de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes tomará la decisión más importante desde que comenzó el llamado choque de trenes, que terminó enfrentando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con los congresistas que precluyeron la investigación contra Ernesto Samper durante el proceso 8.000. Los parlamentarios deberán decidir si continúan con la investigación, tal como lo recomendó el representante liberal Pablo Ardila, o declaran la cesación de procedimiento, es decir, precluyen la investigación. En caso de tomar esta última decisión estarían acogiendo la petición del abogado Nódier Agudelo Betancur, apoderado del magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien fue el primero de los nueve miembros de la sala que fue citado por Ardila. El abogado sostiene que ninguno de los miembros de la sala penal del alto Tribunal, entre ellos su apoderado, incurrió en prevaricato, ni obró contrario a la doctrina de la Corte Constitucional, ni cometió el delito de falsedad en las constancias notariales, como sostiene el representante Ardila en la citación a los juristas. El caso llegó a manos de la plenaria de la comisión de acusación luego de que el representante liberal por el Chocó, Odín Sánchez, quien es uno de los investigadores de los magistrados, expresara la semana pasada que había disparidad de criterios con respecto a las decisiones adoptadas por Ardila y que por ello se hacía necesaria la designación de un tercer investigador. Por esa razón Sánchez, al igual que la Procuraduría General, le solicitaron al presidente de la comisión de acusación, Francisco Canossa, que designara el reemplazo del conservador Mario Rincón, quien había sido seleccionado inicialmente pero se declaró impedido para investigar a los magistrados. El parlamentario conservador consideró que por haber sido uno de los beneficiados con la decisión de la Corte Suprema de decretar el auto inhibitorio a los representantes que votaron contra la preclusión del proceso a Samper, no tenía ninguna presentación que apareciera investigando ahora a quienes lo habían absuelto en el pasado. El presidente de la comisión de acusación aceptó los argumentos de Rincón y por esa razón designó la semana pasada al representante conservador Hugo Ernesto Zárrate para que sea el nuevo investigador de los parlamentarios. La comisión decide Aunque los miembros de la comisión de acusación han preferido mantenerse en silencio para no tener que declararse impedidos a la hora de la votación, SEMANA pudo establecer que la mayoría de ellos son partidarios de precluir la investigación realizada por Ardila, como lo solicita el abogado defensor del magistrado Gómez. De los 15 representantes que componen la comisión de acusación, cinco han tenido que declararse impedidos, quedando sólo 10 en capacidad de decidir la suerte de los magistrados. Para que la investigación precluya o, por el contrario, continúe, se requiere la votación de la mayoría, en este caso de seis representantes. De acuerdo con la información obtenida por esta revista en el Congreso de la República, entre los representantes que estarían de acuerdo con la preclusión de la investigación se encuentran Rafael Quintero, Emilio Martínez, Luis Fernando Velasco, Luis Alfredo Colmenares, Néstor Jaime Cárdenas y el propio Hugo Ernesto Zárrate. En caso de que ello ocurra se prevé que los parlamentarios decreten la nulidad del auto mediante el cual se abrió la investigación y que había sido proferido por Ardila. La consecuencia que esta decisión tendría sería la suspensión inmediata de las indagatorias que todavía tienen pendientes los restantes ocho magistrados de la sala penal de la Corte Suprema. La decisión será sometida posteriormente a la plenaria de la Cámara de Representantes. Así las cosas, es bastante probable que esta semana la comisión de acusación de la Cámara archive la investigación contra los magistrados de la Corte Suprema. Aunque todavía está pendiente la suerte que corra la demanda de la senadora Viviane Morales ante la Corte Constitucional, que podría hacer renacer todo el proceso (ver recuadro), lo cierto es que con la decisión de la comisión se desactiva, al menos por ahora, el tan temido choque de trenes. Por lo pronto, quien parece tener la razón es el politólogo Hernando Gómez Buendía, quien en su columna habitual de El Tiempo definió todo el escándalo, no como un choque de trenes sino como un "círculo de carros locos".