Carrusel de Bogotá (II parte)

En Colombia ha hecho carrera la idea de que la impunidad reina. Y más aún si se trata de un caso con personajes poderosos involucrados. Por eso, es una noticia decir que tal y como van las cosas existe alta probabilidad de que se destape toda la verdad –o al menos buena parte– del cartel de la contratación de Bogotá.

Solo hacía falta que un juez le diera el visto bueno al preacuerdo al que llegó el contratista Emilio Tapia con la Fiscalía para que los investigadores pudieran comenzar a utilizar toda la información de quien se ha convertido en el ‘ventilador’ de este escándalo.

Con el acuerdo aprobado, la Fiscalía puede comenzar a investigar, con pruebas en la mano, una por una todas las piezas del carrusel. Entre otras, ya están empapelados al menos diez concejales y exsecretarios del gabinete distrital. Y lo que hasta ahora era la investigación de tan solo tres contratos (dos de malla vial y uno de un tramo de TransMilenio de la 26) se podría abrir como un acordeón a cerca de 30 frentes de contratación, por un monto de decenas de billones de pesos, que tenía la Alcaldía de Samuel Moreno.

Uno de los frentes más impresionantes es el Acueducto en el cual las comisiones fluían como el agua por la llave en cientos y hasta miles de contratos de a 500 millones de pesos cada uno. Y así también se podrán abrir los capítulos de la contratación en salud, el del billonario contrato del Sistema Integrado de Transporte y hasta el de los diseños del metro.

¿Cómo se llegó a este punto? Se han cruzado dos fenómenos interesantes. Uno es que la Fiscalía al fin entendió que los beneficios por colaboración con la Justicia no pueden convertirse en una generosidad del Estado con los delincuentes, sino una sofisticada herramienta para desmantelar el crimen. Mientras en Estados Unidos los extraditados colombianos cantaban y daban todo tipo de pruebas para desarticular los carteles de la droga (no de otra manera se dio el fin de los grandes capos), en Colombia la Fiscalía solía dar grandes beneficios a detenidos, que tan solo se declaraban culpables.

Desde que llegó, el fiscal Eduardo Montealegre fue enfático en decir que iba a revisar todos los beneficios. Y en el caso del carrusel de la contratación de Bogotá, el vicefiscal Jorge Perdomo y el fiscal Juan Valbuena les pusieron freno de mano a los beneficios. Emilio Tapia fue el primero que sintió el apretón. Los cuatro años de cárcel con suspensión de la pena que le iban a dar antes, se los cambiaron por 13 años con detención domiciliaria. Julio Gómez que estaba feliz con cinco años que podían ser excarcelables, sin tener que decir nada ni devolver mayor dinero, vio como la Fiscalía tumbó su beneficio y ahora está recluido en el búnker cantando. Y Álvaro Dávila, que gozaba de libertad y tomaba del pelo cada una de las siete veces que lo llamaron a audiencia, terminó capturado en una clínica antes  de la navidad. 

Incluso Samuel Moreno. Desde su cómoda reclusión en la sede de carabineros del Parque Nacional, debe estar sintiendo los pasos de animal grande.

Otro detalle interesante es que, como ocurre en la Justicia de Estados Unidos, el que primero llega pega. Es decir, el que primero revela la ocurrencia de un delito o un implicado, es al que se le abona para sus beneficios. Por eso, los que vienen detrás de él tienen que buscar otra información, y sobre todo, otras pruebas para delatar. De esa manera se va cerrando el círculo. Y en el afán de buscar rebajas de pena va saliendo toda la verdad.

A eso se le suma que a quien está confesando también le ayuda para su rebaja de penas si sirve de testigo a la Fiscalía en juicios. En este momento, tanto Emilio Tapia, como el exsubdirector del IDU Luis Eduardo Montenegro, han acordado declarar contra el exalcalde Samuel Moreno. Esos dos testimonios, y las pruebas que ellos aporten, más el testimonio del exjurídico del IDU Inocencio Martínez, que también lo implica, le podrían costar a Samuel una condena de hasta 15 años.

Y como si fuera poco, los nuevos personajes que van saliendo a la palestra pueden a su vez traer con ellos otro arsenal de testimonios o pruebas para entregar. Puede que algunos se mantengan callados, pero sin duda una vez en La Picota o en el Buen Pastor, llega a ser una tentación muy grande lograr rebajas de la mitad de la pena o más por decir la verdad.

¿Qué está cantando cada uno? Emilio Tapia, por ejemplo, ha hablado al menos de cinco concejales. Entre ellos, Hipólito Moreno. Y ha contado y entregado pruebas de cómo la Alcaldía les daba contratos en los que se podían ganar hasta el 10 por ciento de comisión con el secretario de turno. Tal y como lo reveló SEMANA, en octubre pasado, como ocurrió con el contrato de las ambulancias.

También ha hablado de personajes que hasta hace poco no habían sido mencionados como Andrés Cardona, que según él era el eslabón para repartir entre concejales muchos de los contratos del Acueducto, e Iván Hernández, que según su preacuerdo era clave en la repartición de los contratos de repavimentación de malla vial local. Tanto Cardona como Hernández podrán implicar a su vez a más concejales y a destacados funcionarios de la administración de Samuel Moreno, que hasta ahora no han sido salpicados.

El contratista Julio Gómez también ha hablado. De hecho, está detenido en el búnker de la Fiscalía para tener permanente contacto con los investigadores. Él se ha dedicado a concejales distintos a los que mencionó Tapia. Pero además, como él tuvo influencia en el IDU durante la administración de Luis Eduardo Garzón, también podría implicar a funcionarios de esa Alcaldía.

En cuanto al abogado Álvaro Dávila, su posible acuerdo va más lento. Dávila podría hablar de los contratos de la Uaesp (basuras), de los primos Nule (pues trabajó con ellos) e incluso de Iván Moreno. Sin embargo, es vecino de celda de este último en el pabellón R-Sur de La Picota. Dávila, según pudo establecer SEMANA, podría enfocar buena parte de su colaboración sobre los negocios de los Nule en el ámbito nacional con lo cual involucraría a exfuncionarios del gobierno central.

Sin embargo, no se puede cantar victoria. Lo ocurrido esta semana muestra que todavía hay obstáculos que superar o enemigos al acecho. El pasado martes un juez debía dar el visto bueno al acuerdo entre Tapia y la Fiscalía, para que esta última pueda comenzar a utilizar la información que él le ha venido brindando desde 2011. Pero lo que parecía ser un simple trámite, no fue así. El procurador del caso puso objeciones y el juez decidió aplazar la audiencia para el 24 de abril. Es decir, tocaría esperar dos meses más para ponerle el acelerador a este proceso. Por eso, el fiscal general Eduardo Montealegre, con vehemencia, dijo que la actuación del juez era deplorable y que se le estaba poniendo “un palo en la rueda a la investigación”. De hecho, mandó una carta al Consejo Seccional de la Judicatura en la que pide que lo investiguen.

No es la primera vez que se aplaza este paso que podría destapar toda la verdad en este proceso. Ya Tapia había firmado desde octubre pasado el acuerdo con la Fiscalía, pero como los jueces estaban en paro, solo lo pudieron radicar en los juzgados en diciembre. Y por la congestión, la audiencia se fijó para dos meses después. 

La dilación del juez, tal vez, no evitará que la Fiscalía proceda. Están buscando alternativas para desatar de una vez por todas las pruebas acumuladas.

Javier de la Torre Galvis / Semana