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| 8/11/2014 12:00:00 AM

Concejales implicados en ‘carrusel’ perderían su fortuna

La Fiscalía embargó propiedades avaluadas en casi $40.000 millones. Emilio Tapia entre los afectados.

La Fiscalía tomó la determinación de embargar la fortuna de nueve concejales y exconcejales, y del excontratista Emilio Tapia, todos implicados en el denominado ‘carrusel de la contratación’. Las propiedades están avaluadas en cerca de 40.000 millones de pesos. 
 
Según el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, los bienes fueron ocupados con fines de extinción. Entre casas, apartamento y fincas hay 21 propiedades afectadas. También fueron ocupados 24 vehículos, 10 establecimientos de comercio y 32 productos financieros (cuentas bancarias). “Es la primera fase que hace la Fiscalía sobre bienes que pueden ser objeto de corrupción, de delitos de cuello blanco”, aseguró Perdomo. 
 
Los cabildantes y excabildantes afectados con la medida son Julio César Acosta, Jorge Ernesto Salamanca, Fernando López Gutiérrez, Ómar Mejía Báez, Javier Manuel Palacios Mejía, Orlando Parada Díaz, Rafael Alberto Escrucería Lorza, José Fernando Rojas Rodríguez y Édgar Alfonso Torrado García.
 
En el caso de las propiedades de estos últimos tienen un valor catastral por 19.229 millones de pesos, por lo que el coto comercial podría ser superior, según dijo Perdomo. Mientras a Tapia le ocuparon 27 bienes “en su cabeza y de testaferros por un valor de 19.000 millones de pesos”. 
 
Perdomo le dijo a quienes están en la mira de que sus bienes sean objeto de una extinción de dominio que no traten de esconder sus propiedades porque la Fiscalía las tiene identificadas no solo en Colombia, sino en el extranjero y, por ello, les señala que lo mejor es que colaboren. 
 
“Están cursando más de 30 procesos de extinción de dominio contra personas vinculadas con el ‘carrusel de contratación’ que además están siendo procesados bajo la nueva ley de extinción de dominio 1708 de este año, que además permite la obtención de beneficios a quienes renuncien a la oposición a esta extinción de dominio que permite incluso que esas personas puedan contar con un porcentaje de esos bienes”, explicó Perdomo. 
 
El vicefiscal aseguró que los procesos de extinción de dominio son aparte de los penales que adelanta la Fiscalía contra cada una de las personas anteriormente mencionadas. Algunos de ellos indiciados, unos ya imputados por diferentes delitos y otros a la espera de que se les haga la audiencia. En el caso de Parada este está privado de la libertad en la cárcel La Modelo y afronta su juicio. 
 
“Las personas están vinculadas a procesos penales, sin que el proceso de extinción de dominio dependa de los resultados de lo que ocurra en el primer caso. La Ley de Extinción de Dominio es independiente. Podemos decirle al país que la Fiscalía no solo está desarticulando las organizaciones, imputando los delitos que se han cometido, sino que está atacando las finanzas de esas organizaciones delincuenciales. Bienes que no solo están encabeza de los investigados, sino de sus núcleos familiares, que se han prestado para ser testaferros y también pueden ser objeto de procesos penales”, dijo Perdomo. 
 
Con el embargo los bienes afectados no pueden ser vendidos o darle algún otro manejo por parte de los propietarios, mientras se desarrolla el proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía. Si los implicados logran demostrar que fueron adquiridos de manera legal, podrán salvarse de la medida del ente investigador. De lo contrario, pasarán a hacer parte de las arcas del Estado y a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales, que remplazó la Dirección Nación al de Estupefacientes. Su objeto será el de reparar las víctimas del ‘carrusel’. 
 
En el caso de los bienes localizados en el extranjero la Fiscalía trabaja de la mano con los gobiernos de los países donde se encuentran para lograr embargarlos.
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