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| 3/12/2016 12:00:00 AM

El largo camino judicial que le espera a Samuel Moreno

En el primero de los tres procesos contra el exalcalde de Bogotá, la Fiscalía pidió 24 años de cárcel. ¿Cuáles son los otros dos y qué posibilidades hay de que lo vuelvan a condenar?

Los abogados de Samuel Moreno lograron dilatar durante varios años su proceso pero finalmente la justicia, después de cojear, llegó. El pasado martes, el exalcalde fue condenado por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. El fallo está relacionado con las irregularidades en la contratación de ambulancias del Distrito. A Moreno lo hundió el testimonio de su secretario de Salud, Héctor Zambrano, quien para rebajar su pena aceptó su responsabilidad en ese desfalco y testificó contra su jefe. Aseguró que este había recibido 6.000 millones de pesos de soborno para direccionar ese contrato, suma que correspondería al 10 por ciento del monto total. La justicia lo encontró culpable y en una audiencia que se celebrará en los próximos días se tasará la pena. La Fiscalía pidió 24 años de cárcel, aunque se especula que el juez podría darle alrededor de 15.

Sin embargo, ese no es el único problema del exalcalde. Contra él se adelantan otros dos procesos penales no menos graves. Ambos están relacionados con los contratos del TransMilenio por la calle 26 y con los primos Nule, pero cada uno entraña delitos diferentes. Paradójicamente, Luis Eduardo Garzón les adjudicó a los polémicos empresarios esos contratos, por lo que los cargos contra Moreno no tienen que ver con la forma como se los dieron sino como se los quitaron.

En 2010 había estallado el escándalo y se comparaba a los Nule con una ‘pirámide empresarial’ que intentaba desfalcar al Distrito. El alcalde, contra la pared por esas revelaciones, decidió quitarles el contrato que tenían en la calle 26, la Fase III de TransMilenio, y cederlo a un tercero. En su momento, se dijo que esta era una de las obras más grandes del país, con un costo de más de 1 billón de pesos. Todo el proyecto se había dividido en varios tramos, pero los Nule se quedaron con el mejor pedazo unos días antes de la posesión de Moreno. El monto total de esa parte era 318.300 millones de pesos y ante el colapso del imperio de papel de los Nule era necesario cedérselo a otro contratista.

La transferencia de ese contrato terminó mal. Según las investigaciones, el proceso se adelantó sin cumplir los requisitos legales y las demás empresas que quisieron participar no pudieron hacerlo en igualdad de condiciones. Aunque se iba a reemplazar por licitación, el alcalde habría direccionado el proceso a la empresa Vías de Bogotá, cuyo principal accionista era Conalvías. Esta compañía se quedó con ese botín, a pesar de que no cumplía los requisitos jurídicos y financieros. El IDU, una vez le entregó el contrato a este grupo empresarial, modificó sus condiciones y aumentó su valor. De esta manera el contrato, que valía en sus inicios 318.300 millones de pesos terminó por costar 513.000 millones. Por cuenta de este caso, la Procuraduría consideró incompetente al alcalde y lo destituyó e inhabilitó por 18 años.

Esa diferencia de 218.000 millones de pesos adicionales constituye la base de ese proceso en contra del exfuncionario. Por esto, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir y peculado en favor de terceros, es decir Conalvías. En el país de los escándalos, donde la mayoría de los contratos terminan por ser más caros de lo pactado inicialmente, ese sobrecosto podría haber sido considerado un gol más. Pero dada la dimensión del escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá, la sensibilidad política del momento y el hecho de que hay más de 20 condenados por el carrusel (algunos dispuestos a testificar contra el exalcalde), el pronóstico del fallo por estos cargos no se ve muy alentador para Moreno.

El otro proceso también se desprende de esa cesión del contrato de la 26 a Conalvías, pero con una variable diferente. El testigo estrella de este caso es Miguel Nule, quien denunció que Moreno les pedía mordidas del 6 al 8 por ciento del valor de los contratos y que de esta manera ellos le entregaron a él más de 30.000 millones de pesos. Agregó que cuando se estaba discutiendo la cesión a Conalvías, el alcalde le pidió 5.000 millones de pesos para no quitarles el contrato de la 26. Nule aclaró que nunca giraron ese dinero y tiempo después el contrato fue cedido a Conalvías.

Miguel Nule hizo la anterior denuncia cuando estaba negociando su principio de oportunidad con la Fiscalía y anticipaba que a cambio de su testimonio podría lograr una significativa rebaja de penas. En ese momento los primos estaban en el exterior y ante la expectativa de un acuerdo muy favorable con la justicia regresaron al país. El principio de oportunidad no se dio, a ellos los mandaron a La Picota y desde ese momento consideran que les pusieron conejo. Por eso, cuando tengan que presentarse a testificar por esa supuesta extorsión de 5.000 millones de pesos no es seguro que lo hagan, pues no les representaría ventaja alguna y sienten que no tienen por qué hacerle favores a la Fiscalía que los engañó. Sin el testimonio de los primos, la condena a Samuel por este cargo es más difícil.

Pero haber pedido la coima de los 5.000 millones de pesos no es el único cargo. Como el Distrito les había entregado 28.000 millones de anticipo a los Nule y esa plata se perdió, la Fiscalía acusa al alcalde también del detrimento patrimonial, que constituye un peculado. Por cuenta de este proceso, un juez ordenó su detención preventiva en septiembre de 2011.

El proceso de Samuel Moreno es quizás uno de los más emblemáticos para la justicia. En primer lugar, porque pocas veces antes los fiscales y jueces habían recibido un entramado de corrupción de esa envergadura. A diciembre de 2015, ese proceso sumaba 20 condenas, 41 imputaciones, 23 medidas de aseguramiento, 103 personas vinculadas, 98 investigaciones en curso, 84.000 millones de pesos en bienes incautados y 37 procesos de extinción de dominio. Cada uno de estos tiene centenares de testimonios (muchos de ellos técnicos) y miles de folios de pruebas. Sacar adelante este megaproceso en medio de la congestión que caracteriza el sistema judicial, los paros y las dilaciones ha sido para la Fiscalía uno de los más complejos retos que ha tenido en este cuatrienio.

Por otra parte, el tiempo corría contra la justicia. El año pasado, el ministro Yesid Reyes lideró el trámite de un proyecto de ley para ponerle límites a la detención preventiva. Samuel Moreno era el ejemplo más burdo de ese exceso. Llevaba cinco años detenido y su juicio no había comenzado. Hoy en las cárceles del país la mayoría de personas están sindicadas y no condenadas, lo cual representa, si son inocentes, una enorme violación a sus derechos y millonarias demandas de indemnización económica para el Estado. Esa ley entrará en vigencia en junio de este año y, por esto, se había llegado a especular que Moreno iba a poder salir libre. Ante el escándalo político que esto significaría la Justicia se puso las pilas.

Ya se ha anunciado, sin embargo, que la condena de la semana pasada va a generar dos novedades en el proceso. Por un lado, Moreno podría ser trasladado desde la Escuela de Carabineros donde ha estado los últimos años, a una cárcel. Por el otro, su abogado ha dejado saber que, ante lo que ellos consideran una Justicia politizada, van a pedir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese organismo tiene que estar desconcertado por la fila de colombianos que están pidiendo citas para lo mismo.

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