Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/06/28 16:40

Liliana Pardo sigue sin comparecer ante la justicia por el 'carrusel'

Tras cuatro años en la etapa de juicio, la Fiscalía solicitará para la exdirectora del IDU la máxima pena, que sería de 20 años. Pardo alega falta de garantías en su proceso.

Contra Liliana Pardo hay una orden de captura vigente. Foto: Archivo SEMANA

Pocos saben el paradero de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo, señalada de participar en el ‘Carrusel de contratación’. Desde octubre del 2014 se desconoce dónde está y se ha negado en reiteradas ocasiones a responder a los llamados de la justicia. 

Precisamente por no comparecer, un juez de la República avaló una orden de captura en su contra en el mes de julio del 2015. Pero Pardo sigue prófuga. 

No obstante, hace pocos días se creyó que la exdirectora del IDU reaparecería. Sería a través de Skype, en una audiencia durante el juicio que se adelanta en su contra por su presunta participación en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la capital. 

Sin embargo, a la hora de la diligencia lo único que se supo de Pardo fue que escribió una carta a la juez del caso y la audiencia no se pudo realizar.

Pero ¿qué decía la carta? Inicialmente, la exfuncionaria se excusó por no asistir a la diligencia judicial que estaba programada y manifestó que no había sido “posible lograr las condiciones tecnológicas requeridas para tal fin”. También aprovechó para expresar sus inconformidades con la Fiscalía frente a su proceso.

“Mi situación ha sido cada vez más compleja y, como se lo expresé en ese momento y lo ratifico hoy, mis derechos fundamentales y garantías procesales fueron flagrantemente violados (…). Es claro para mí en este momento que la medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad es utilizada por la Fiscalía General de la Nación como medio de presión para obtener resultados de manera anticipada”, dice en la misiva.

Agrega que en el ente investigador “omitieron informar a los jueces sobre mi asistencia a este juicio durante más de tres años (…) Así mismo obviaron informar sobre las distintas reuniones adelantadas durante el primer semestre del 2014, donde la Fiscalía pretendía lograr un acuerdo que evitara un proceso, entre otras informaciones que no fueron reveladas”.

Pardo también aseguró que su intención nunca ha sido evadir a la justicia, pero que en “este momento me encuentro buscando el restablecimiento de mis garantías fundamentales en las instancias que tienen la facultad de hacerlo. Desde el mes de octubre del 2014 presenté mi caso ante instancias internacionales”.

Agregó: “Estoy a la espera de esas decisiones fundamentales para la protección no sólo mía sino de mi hija, que terminó siendo igualmente víctima de todo este episodio. No tuvimos respuesta efectiva por parte de los organismos nacionales encargados de la defensa de los derechos fundamentales, razón por la cual, y frente a todo el escenario  y el temor que sentí como persona y como madre, busqué caminos diferentes para la garantía y la seguridad de nuestras vidas”.

Por su parte, el fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, aseguró que no entiende cuáles son las garantías que le han sido violadas en el caso de Pardo, si siempre se le han dado todas las condiciones necesarias para comparecer ante la justicia.

Agregó que ella actualmente se encuentra “prófuga de la justicia, con orden de captura vigente y circular roja de Interpol”.

Con la audiencia en la que Pardo no asistió se terminó la etapa de juicio del proceso judicial que se adelanta en su contra. Este, según Valbuena, sería el “juicio más largo del ‘Carrusel’ de contratos”, pues ajustó los cuatro años.

Ahora vienen los alegatos de conclusión y la decisión de un juez sobre el futuro de Pardo. Mientras tanto, el ente acusador solicitará la máxima pena para la exfuncionaria. En su caso, “no sería inferior a 20 años”, señaló el fiscal Valbuena.

Según la Fiscalía, Liliana Pardo deberá responder por los sobrecostos que se presentaron en las obras de la calle 26 de Bogotá en la cesión del contrato del Grupo Nule y Conalvías.

También por “la entrega irregular de contratos de valorización de la capital, la adición de contratos de valorización al sistema Transmilenio y los contratos de malla vial, por los cuales están condenados el excontratista Emilio Tapia, el exconcejal Julio Gómez y los Nule”, señaló el fiscal del caso.

 

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