Fiscalía allanó la oficina y la casa del gobernador Álvaro Cruz

Tras la columna de este domingo de Daniel Coronell en SEMANA, la Fiscalía allanó esta mañana la oficina del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señalado por el 'carrusel' de contratos de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.

Por eso este lunes las cosas comenzaron mal para el mandatario seccional. Unos 30 hombres del CTI, junto con personal de la Procuraduría, llegaron directamente a su despacho para hacer una inspección de alto calibre.

También hicieron presencia en su residencia, en un exclusivo sector del norte de Bogotá, a donde llegó otra treintena de agentes de la Fiscalía.

No se trata de visitas cualquiera. Los investigadores llegaron para encontrar evidencia sobre contratos o convenios suscritos entre la Gobernación o cualquier municipio de Cundinamarca con las empresas ICM o Incoasfaltos, empresas de las que presuntamente habría hecho parte el gobernador Cruz.

De hecho, ICM Ingenieros es la punta de lanza de una investigación de la Fiscalía en la que esta empresa fue mencionada en un capítulo del ‘carrusel’.

Todo indica que los cuestionados empresarios Julio Gómez y Emilio Tapia han dicho en su proceso de colaboración con la Justicia, que ICM pagó un presunto soborno a concejales (Hipólito Moreno, Andrés Casado y Orlando Parada) por unos 500 millones de pesos y a funcionarios del Distrito para que les otorgaran un millonario contrato para proporcionar asfalto en contratos de la Unidad de Malla Vial del Distrito, para la reparación de las maltrechas calles capitalinas.

Hasta ahora la controversia ha versado en que el hoy gobernador ha dicho que no fue representante legal de esa firma, como lo han dicho los contratistas. Sin embargo, la documentación que ya está en poder de la Fiscalía advierte que Cruz sí tuvo que ver con la empresa.

Otra evidencia es que Cruz aparece como cabeza de esa firma, cuando esta suscribió la compra de tierras en la Florida, lo cual termina de implicar al mandatario.

De hecho, la columna Daniel Coronell hizo en su columna semanal un recuento de lo que ha ocurrido con la empresa ICM y el gobernador.

“Hace unos días –escribió Coronell- la unidad investigativa de Caracol Noticias reveló que el gobernador había hecho un negocio –todo en inglés– para comprar una propiedad por 7,5 millones de dólares en Homestead, Florida. Una población al sur de Miami.

Lo revelador es que la propuesta de titulación de la propiedad salió del correo alvarocruzv@gmail.com, la misma dirección electrónica desde la cual el señor gobernador me envió un correo en el año 2013.

En la comunicación presenta un documento en inglés cuya metadata lo identifica como “first amendment Cruz proposal”.

La enmienda propuesta por Cruz contiene un párrafo según el cual es válido identificar a la empresa ICM como Álvaro Cruz Vargas y Luis Guillermo Mesa Sanabria: “ICM, Álvaro Cruz Vargas (‘Vargas’) y Luis Guillermo Mesa Sanabria (‘Sanabria’) que se unen en la ejecución de esta primera enmienda…”.

La enmienda consagra que en el resto del documento Álvaro Cruz se llamará ‘Vargas’ y su socio Mesa se llamará ‘Sanabria’. Luego establece cuál es la participación en la millonaria propiedad que incluye a un empresario cubano Manuel Dorta-Duque con el 37,5 %, un porcentaje igual para Abraham Casallas, un próspero excontralor de Cundinamarca, y el 25 % restante para ICM, es decir, “Vargas/Sanabria”.

Si estuviera en español el párrafo sería: “A cada uno de los beneficiarios le corresponde la siguiente parte: Dorta-Duque (37,5 %), Casallas (37,5 %) y Vargas/Sanabria (25 %)”.

El documento está firmado de puño y letra por el señor gobernador Álvaro Cruz Vargas y por su socio en ICM Luis Guillermo Mesa Sanabria. Copia de este documento está en los registros públicos de Florida. (Ver firmas)

El gobernador Cruz, hábilmente, le dijo al diario El Tiempo que si aparece algún registro de propiedades a su nombre en el exterior, debe tratarse de un homónimo”.

Todo este negocio probaría que Cruz si está íntimamente ligado con ICM, la misma sobre la que la Fiscalía busca pruebas de haber o no destinado recursos en un capítulo más de la larga novela de corrupción en el 'carrusel' de contratos.