Los bienes confiscados por la Fiscalía a implicados en el ‘carrusel’ de contratos

El conocido ‘carrusel’ de contratación, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la capital y donde el Distrito habría perdido cerca de 400.000 millones de pesos, no termina. Mientras se avanza en otras imputaciones y condenas, la Fiscalía ha hecho esfuerzos importantes por recuperar los dineros públicos extraviados.

De esta manera, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio sobre 171 bienes de la propiedad del Grupo Nule, Emilio Tapia y cabildantes que habrían participado en este escandaloso episodio.

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Hasta el momento, el ente acusador ha afectado 75 bienes de los concejales vinculados a la investigación. Estos tienen un valor aproximado de 9.144 millones de pesos.

Entre estos están ocho inmuebles de Orlando Parada -condenado a 13 años de cárcel por su participación en el ‘carrusel‘-, que tienen un valor aproximado de $5.599 millones de pesos. Del listado también hacen parte siete inmuebles del excabildante Ómar Mejía Báez -quien es procesado- por un valor de 250 millones de pesos.

En el caso de los contratistas se ha afectado un total de 96 bienes, de los cuales 61 pertenecen al Grupo Nule avaluados en 410.000 millones de pesos. Los 35 restantes son de Emilio Tapia y tienen un valor de 40.673 millones de pesos aproximadamente.

Pero la tarea del ente acusador no termina ahí. La entidad tiene proyectado culminar la fase de identificación y ubicación de bienes adquiridos de las actividades ilícitas de otras personas vinculadas al escándalo de corrupción. Incluso, el ente acusador ha adelantado labores con embajadas para identificar bienes en el exterior.

“Se están utilizando canales diplomáticos mediante cartas rogatorias a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, para la ubicación de bienes propiedad de los vinculados penalmente del proceso por el ‘carrusel’ de contratación”, se lee en el informe.

Sin embargo, la Fiscalía reconoce en su informe que “esta será una labor bien dispendiosa en el entendido de que se debe delimitar muy bien la línea invisible que existe entre los recursos adquiridos producto de la actividad lícita, por la labor pública conocida por todos, y la adquisición de bienes producto de la ilicitud por corrupción administrativa”.

El ente investigador también advierte que algunos de estos bienes todavía no tienen resolución judicial, lo que significa que serán los jueces de extinción de dominio los que determinen si el patrimonio afectado proviene de actividades lícitas o es producto de su participación en el ‘carrusel’.