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| 4/21/2015 6:02:00 PM

Orlando Parada, condenado a nueve años de prisión

El concejal, envuelto en el 'carrusel' de la contratación, fue condenado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

“Parada debe ser condenado por tráfico de influencias y cohecho impropio”. Con esta dura frase inició su intervención el fiscal que acusó al concejal por el Partido de La U Orlando Parada, quien fue procesado por cuenta del ‘carrusel’ contratación.

Durante ocho horas  fiscal y la defensa presentaron sus argumentos finales. Las pruebas de la Fiscalía lograron demostrar, a lo largo de un año de duración del juicio, que el cabildante tuvo una marcada injerencia en la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial (UMV) donde, incluso, tuvo poder para poner a los directores.

El juez de la causa no dudó en avalar las distintas pruebas de la Fiscalía y consideró culpable a Parada de los delitos tráfico de influencias y cohecho impropio, por lo que lo condenó a nueve años de prisión. Se acababa así la historia judicial de uno de los más importantes alfiles de La U en Bogotá.

El juez tuvo en cuenta los testimonios del abogado y testigo estrella del ‘carrusel de la contratación’ Manuel Sánchez, y el de los exconcejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno, así como la del exdirector de la UMV Iván Hernández Daza. También habló en su contra los polémicos contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, quienes movieron los hilos de la contratación en esa entidad.

Para la Fiscalía, “el cabildante formaba de un grupo de concejales de La U de Bogotá a quienes el alcalde de la época, Samuel Moreno Rojas, entregó el manejo de la UMV.

En razón de ello, Parada tenía voz y voto en la designación de quién fuera a desempeñarse como director, apoyando en última instancia a Iván Hernández Daza, quien quedó con compromisos con los concejales involucrado (haciendo referencia a Orlando Parada, Andrés Camacho Casado e Hipólito Moreno)”.

Según leyó el juez, Parada utilizó indebidamente en provecho propio y de terceros, las influencias derivadas de su cargo de concejal, para que Iván Hernández, como director de la UMV, le favoreciera en asuntos como: “La gestión del mantenimiento de la malla vial de Bogotá, el nombramiento de personas para ocupar cargos en la entidad, adjudicación de contratos de prestación y la obtención de los recursos para financiar su campaña política, contando con la intermediación del abogado Manuel Sánchez, persona de su entera confianza, encargada desde años atrás de manejar la financiación de sus campañas políticas”.

También se probó que a Iván Daza, como director de la UMV, le correspondía dirigir procesos contractuales y que, en atención con de los compromisos que tenía con los concejales (Parada, Camacho y Moreno) permitió que se recibiera cerca de 400 millones de pesos de un solo contrato con destino propio y para los concejales.

Uno de los testimonios que leyó el juez fue el de Iván Hernández, en el que vincula a Parada con el carrusel: “El alcalde me manifestó que para mi nombramiento necesitaba el apoyo de los tres concejales (Parada, Hipólito y Camacho) y que sólo tenía el de Camacho. Eso era una alianza criminal. Con el nombramiento entregué una parte de mi poder decisorio”, dijo.

Con esto, el juez subrayó que fue Hernández Daza a quien le correspondía designar los asesores jurídicos de la UMV, dirigir los procesos contractuales de la misma y administrar sus recursos y bienes, pero que todo lo dejó a merced de Parada.

El 24 de enero del 2014 la Fiscalía le imputó cargos a Parada como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público y el de determinador de cohecho impropio en concurso heterogéneo. Sin embargo, el cabildante no aceptó cargos.

Ahora, Orlando Parada, de 46 años y quien permanece privado de la libertad en la Escuela de Carabineros, deberá pagar nueve años de prisión su participación en uno de los capítulos más oscuros de la contratación capitalina.

Sumado a su decisión, el juez ordenó trasladar copias al congresista Javier Palacio; al excongresista Édgar Torrado; al presidente de Conalvías, Andres Jaramillo, y al gobernador, Álvaro Cruz, cuyos nombres aparecieron en medio de las investigaciones.
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