Congreso colombiano al gringo: versión de la paz de Uribe es sesgada

"Incompleta y sesgada", así fue como más de medio centenar de congresistas colombianos definieron la versión del proceso de paz que el senador Álvaro Uribe le describió al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos, en la carta que envió la semana pasada. Por eso, los miembros del legislativo decidieron mandar su propia misiva a sus homólogos gringos, en la que resaltan el descenso de los homicidios en el país desde el comienzo de los diálogos de paz y explican varios de los puntos del acuerdo pactado entre el Gobierno y las Farc. El documento está firmado por más de 50 senadores y representantes a la Cámara, conservadores, liberales, de la U, el Polo, la Alianza Verde y Opción Ciudadana. Este es el texto:

Congreso de los Estados Unidos de América
Washington, D.C.

Apreciados Miembros del Congreso

Escribimos esta nota formal en nuestra condición de Senadores y Representantes a la Cámara miembros de la Comisión de Paz de la Cámara Alta y la Cámara Baja respectivamente del Congreso de Colombia, conociendo de primera mano que la democracia norteamericana tiene su pilar
fundamental desde sus orígenes en la fortaleza y autonomía del Congreso de los Estados Unidos de América.

Afortunadamente para la democracia en el mundo, las más importantes decisiones en las que Estados Unidos interviene, pasan y deben pasar siempre por el análisis del Congreso norteamericano, lo cual representa uno de los más claros ejemplos del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, indispensable para que sobrevivan nuestras democracias.

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Los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Velez, jefes de la oposición, han estado en una abierta y franca campaña contra el proceso de paz por motivos electorales internos. Estos dos importantes miembros de la oposición en Colombia han venido transmitiendo en días pasados una versión en carta abierta -a nuestro juicio incompleta y sesgada- tanto al Señor Presidente Trump, como al Congreso Norteamericano. Nos parece absolutamente necesario que los señores Senadores de los Estados Unidos conozcan la voz y la versión del Congreso de Colombia, no sólo del partido de gobierno, sino de diversos partidos políticos colombianos de gobierno y de oposición, pero que coinciden y coincidimos todos en el apoyo a un proceso de paz que ha sido respaldado por los Estados Unidos; apoyo que hemos agradecido porque éste proceso de paz ha sido ejemplo para el mundo.

Lo primero que queremos resaltar con nuestro reconocimiento por el papel que ha jugado el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos en el éxito de este proceso, es que quizá éste es uno de los mejores ejemplos de iniciativas de política exterior de ese país, que ha sido claramente exitoso. Su apoyo a Colombia permitió la reincorporación a la vida civil de las Farc, la guerrilla más grande y antigua de América Latina e indiscutible factor de inestabilidad e ilegalidad, no solo nacional sino continental. El éxito de este proceso -que en mucho se le debe a la ayuda norteamericana-, ha sido gracias al apoyo bipartidista que ha sido constante en nuestra relación de Estado a Estado. Apoyo bipartidista que esperamos se mantenga con el mayor entusiasmo posible por parte de su Congreso.

Colombia vive un cambio histórico por el decisivo acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y las Farc, el cual contiene cambios esenciales para la democracia colombiana, relacionados con la reforma rural, la reforma política, cambios en el tratamiento al problema del narcotráfico, y la transformación de una estructura armada ilegal a una organización política legal.

De manera paralela a ese proceso se consiguió un cese de hostilidades definitivo que conllevó una reducción sin precedentes de la violencia por cuenta del conflicto armado con esa guerrilla. Según datos del Ministerio de la Defensa, desde el 2 de octubre de 2016 hasta la fecha, no se han presentado muertes, extorsiones, ni atentados contra la infraestructura por parte de las Farc.

Las cifras generales de homicidios en el país también han sufrido una disminución importante: según Cerac y el Instituto de Medicina Legal, en 2016 se presentaron 10.667 asesinatos, mientras que en 2012 se registraron 15.727, es decir 5.060 homicidios menos, una reducción del 32.2%. La política de paz actual, es una política que ha demostrado resultados que no lograron administraciones pasadas, que ensayaron la vía militar como la de los diálogos, sin obtener resultados como los presentes, que son evidentes en los planos económico, social y del bienestar de los colombianos. En este ambiente, se avista la extinción de otros factores de violencia que persisten: el conflicto con el Eln, a través del diálogo y una lucha frontal de la Fuerza Pública contra
las bandas criminales y las estructuras narcotraficantes.

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El acuerdo está dirigido a fortalecer el desarrollo del campo y de las regiones más golpeadas por la violencia, creando mejores condiciones para el bienestar de sus habitantes. Estos cambios ayudarán efectivamente a la superación de los conflictos sociales y políticos, que han sido la base del conflicto armado y la ampliación de los espacios democráticos.

La implementación que se realiza después de cumplir los requisitos de la normatividad vigente para llevar a cabo las reformas y construir la reglamentación necesaria. Se realizó un plebiscito el 2 de octubre de 2016, en el que ganó el No. Por esta razón, se inició una negociación en la que participaron representantes de diferentes partidos y grupos de ciudadanos que apoyaron el No, se produjo un nuevo acuerdo que incluyó múltiples recomendaciones y puntos presentados por ellos en su pliego de modificaciones al Acuerdo de La Habana.

A finales de 2016, el Congreso de la República refrendó los acuerdos y la Corte Constitucional avaló la acción del Legislativo. La Corte también declaró constitucional el trámite legislativo especial o fast track, para la creación de dichas leyes. Si bien estos proyectos han sido presentados por el Gobierno Nacional, los diferentes partidos políticos con asiento en el Congreso, han tenido la oportunidad de refutarlos, complementarlos o modificarlos.
De ninguna manera se ha evadido el orden constitucional ni el Estado de Derecho, sino que por el contrario, este proceso de paz se hizo bajo el amparo de la legislación colombiana y conforme a los estándares de justicia internacionales, especialmente, bajo el Estatuto de Roma, por primera vez en un proceso de paz en el mundo. Adicionalmente, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que le hará seguimiento a la aplicación de justicia en la implementación del acuerdo.

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En este proceso de reglamentación, se avanzó en la concentración total de la guerrilla de las Farc, en unas zonas de carácter transitorio, en las cuales se comenzó el proceso de dejación de armas verificado por la ONU. Se está cumpliendo, igualmente, un protocolo para la entrega de los menores de edad reclutados por las Farc.

Un ingrediente a destacar en este proceso de paz, es que la satisfacción de los derechos de las víctimas es el eje central del Acuerdo y la implementación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, encargado del esclarecimiento del alto número de violaciones cometidas en  medio del conflicto, las causas que rodearon y establecieron patrones de macro criminalidad, así como el reconocimiento de la responsabilidad por parte de los diferentes actores implicados. En este contexto jugará un papel crucial la Comisión de la Verdad creada en la Jurisdicción Especial de Paz.

Por otra parte, la Jurisdicción Especial de Paz consagra como necesaria la legitimidad de los magistrados colombianos que la conformarán, al ser delegados por un comité de escogencia independiente a las partes, integrado por académicos y juristas reconocidos.

Las organizaciones de víctimas han desarrollado una importante experiencia en los temas departicipación, como actores políticos importantes en la exigencia y concertación de las normas sobre víctimas y de restitución. Igualmente las víctimas serán factor importante en el plano regional para impulsar mecanismos de defensa de derechos humanos, generar y exigir garantías de no repetición, así como para desarrollar procesos de reconciliación, siendo factor de generación de diálogo social y de transformación pacífica de conflictos.

Otro de los puntos relevantes del acuerdo es el que ofrece una solución integral al problema del narcotráfico y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Se contemplan beneficios para los campesinos que de forma voluntaria accedan a la sustitución de cultivos, sin desestimar la
continuidad de medidas de carácter represivo para quienes se nieguen a esta alternativa. Los abajo firmantes, más de medio centenar de Senadores y Representantes colombianos del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de Gobierno del Presidente Santos), Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Polo Democrático (de oposición), Partido Alianza Verde (independiente) y Partido Opción Ciudadana, estamos seguros que el fortalecimiento de la
comunicación interparlamentaria brindará a sus señorías mejores elementos de juicio para sus próximas decisiones en lo que tiene que ver con el indispensable apoyo a la etapa de posconflicto que vive Colombia y que se condensa en la segunda fase del Plan Colombia, que hemos llamado Plan Paz Colombia.

Quedamos atentos a cualquiera de sus inquietudes, comentarios o intercambios de ideas.