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| 11/6/2013 12:00:00 AM

Con carta piden que Navas no sea embajador

Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia solicitaron a Cristina Fernández que no entregue el beneplácito.

El inminente nombramiento del general en retiro y quien hasta hace unas semanas fue el comandante de la Fuerza Militares de Colombia Alejandro Navas, como el nuevo embajador en Argentina, no cayó nada bien entre los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

En una carta dirigida a la presidenta de ese país, Cristina Fernández, le solicitan que no admita al oficial por considerar que es “una persona que apoya a quienes cometen desapariciones forzadas”.

La razón que expresan los familiares de las víctimas del holocausto es que a pesar de que el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado por los hechos, Navas, de manera pública, lo llamó “héroe nacional’.

“A pesar de las decisiones judiciales, donde se declara responsable al coronel Plazas Vega del delito de desaparición forzada de personas, el entonces general Alejandro Navas, quien se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional, públicamente manifestó que ‘estamos ante un héroe nacional, un hombre que defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia apoyamos por espíritu de cuerpo, con dignidad”.

Según la misiva dirigida a la mandataria a través de la embajada de ese país en Colombia y de organizaciones de Derechos Humanos en Argentina, se resalta que las manifestaciones de Navas alientan “la práctica de desapariciones forzadas en el continente, en contravía de los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos. Permitir que quien alienta este tipo de crímenes ocupe cargos honoríficos ante una República que ha proscrito este tipo de crímenes es una afrenta a la humanidad”.

La carta hace especial énfasis en que este tipo de actos además de “socavar” la justicia, revictimizan a las familias de los desaparecidos, que a lo largo de varios años han luchado por conocer la verdad.

“Quienes alientan la práctica de las desapariciones forzadas en el continente deben ser proscritos y separados de los cargos de poder, a fin de que nuestras sociedades transiten hacia la democracia, con la tranquilidad de la no repetición de los crímenes. Quienes alientan estos crímenes, considerando a sus autores ‘héroes nacionales’, no pueden ser objeto de beneficios de inmunidades diplomáticas”.

Los anuncios de la Fiscalía


Este miércoles el fiscal general, Eduardo Montealegre, al conmemorar un año más de la toma del Palacio de Justicia, aseguró que las investigaciones van encaminadas a establecer cuál pudo ser la responsabilidad de altos oficiales de la Policía durante la toma guerrillera y que antes de que termine el año se estará dando a conocer el futuro jurídico de algunos de tres generales que podrían estar vinculados con los hechos.

El nuevo rumbo del caso está bajo el mando de la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia Martha Lucía Zamora, quien con la ayuda de otros profesionales de la entidad y expertos extranjeros buscará ahondar en las indagaciones que ya completan más de dos décadas.

“Vamos a abrir tres nuevas líneas de investigación para verificar qué responsabilidad se puede atribuir al alto mando de la Policía en 1985 (…) en segunda medida, vamos a abrir una nueva línea de investigación para establecer posibles responsabilidades del director del DAS en esa época, el general (Miguel) Maza Márquez, y en tercer lugar, establecer, como lo pide el Tribunal Superior de Bogotá, qué tipo de responsabilidad penal se puede establecer a los ministros del expresidente Belisario Betancur”.

El fiscal indicó que además le solicitarán a la Comisión de Acusaciones un informe muy completo sobre el estado de las investigaciones del expresidente Belisario Betancur, para aunarlas al proceso que adelanta la Fiscalía, “teniendo en cuenta que hay una solicitud del Tribunal de Bogotá a la Corte Penal Internacional en el sentido que si la Comisión de Acusaciones no actúa, nos vamos a ver expuestos a una intervención de la Corte Penal Internacional en el caso del Palacio de Justicia”.
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