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| 1/31/2009 12:00:00 AM

Carta tapada

Una extraña denuncia de una fiscal delegada ante la Corte Suprema contra su propia institución puede ser el primer golpe en la lucha por la Fiscalía General.

Desde hace varios días en los corrillos de la Fiscalía no se habla de otra cosa que de una polémica carta que está circulando. El documento tiene serias repercusiones sobre algunas actividades de esa entidad pero, sobre todo, puede ser de mucha importancia para el futuro de la Fiscalía.

La controvertida carta tiene fecha del 22 de octubre de 2008 y está dirigida al fiscal general, Mario Iguarán. La remitente es Sara Magnolia Salazar, fiscal décima delegada ante la Corte. El documento, al que tuvo acceso SEMANA, tiene algunos apartes que son escandalosos. "En el día de hoy he tenido conocimiento de la intención de fraguar, por parte de personas adscritas a la Fiscalía General, un plan en mi contra, en el cual puede estar afectada no sólo mi integridad personal, sino también la de mi familia... Dada la gravedad y fidelidad de la información, me vi obligada a solicitar medida de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos...", dicen algunos de los apartes de la comunicación.

El que uno de los funcionarios con más alto rango y responsabilidades dentro de la Fiscalía, como lo es un fiscal delegado ante la Corte, denuncie que integrantes de la propia entidad tienen un plan para atentar contra ella no es de poca monta. El asunto se complica aun más si se considera que, como lo afirma en su carta, la denuncia hecha por Salazar fue formulada también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D. C., con lo cual el episodio adquiere niveles internacionales. En una época en la que Colombia y sus instituciones, entre ellas la Fiscalía, están siendo vigiladas con lupa por esa Comisión, una denuncia como la que hizo Salazar es supremamente delicada.

Salazar le ha contado a un gran número de personas las razones por las cuales, según ella, escribió la carta. Algunos de ellos, incluidas personas muy cercanas a la fiscal, le contaron a SEMANA que Salazar dice que la jefe de seguridad del Fiscal General, la coronel Luz Molta, y miembros del CTI habían fraguado un plan para asesinarla, el cual incluía seguimientos con vehículos e interceptación de sus comunicaciones, entre otras cosas. Según narraron a esta revista los conocidos de Salazar, ella escuchó por el radio de dotación de sus escoltas cuando la coronel dijo "vayan y continúen con la doctora Salazar". Para ella, según los amigos de la fiscal, eso era una clara prueba de un 'plan' en su contra.

El asunto ha generado varios interrogantes en algunos sectores. "Resulta ridículo pensar que alguien va a dar la orden de un asesinato por un radio de frecuencia abierta que escuchan decenas de personas", afirmaron a SEMANA funcionarios de la oficina de protección de la Fiscalía.

La fiscal tiene desde hace tiempo a su servicio uno de los esquemas de protección más grandes asignados a un funcionario que ocupe el cargo de fiscal delegada ante la Corte. Cuenta con dos camionetas y escoltas del CTI, el Ejército y la Policía. Cuando Salazar hizo su denuncia, la Policía, el Ejército y la Fiscalía, cada uno por su lado, realizaron investigaciones para determinar el nivel de riesgo y la veracidad de las graves acusaciones. SEMANA tuvo acceso a los resultados de las investigaciones. Básicamente coinciden en afirmar que Salazar no tiene un nivel de riesgo diferente al de cualquier persona que ocupe su cargo. "Incluso existen fiscales con casos mucho más delicados y peligrosos que los que tiene Salazar que se movilizan en un carro viejo con un conductor", le dijo a SEMANA uno de los funcionarios que participaron en esas pesquisas.

SEMANA intentó comunicarse con la fiscal Salazar, pero su asistente, Sandra Aragón, informó que estaba en reuniones.

El que pega primero....

¿Qué hay detrás de este episodio? Salazar ingresó a la Fiscalía en noviembre de 2005. Fue nombrada por el fiscal Iguarán coordinadora de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de activos (Unaim), y era considerada una de las personas más cercanas y de mayor confianza del Fiscal General. Su nombre empezó a ser popular en algunos sectores, gracias a sus buenas relaciones con algunos agentes de la DEA. En agosto de 2007 fue nombrada fiscal delegada ante la Corte.

Aunque faltan siete meses para que Iguarán cumpla su período, algunos de los que pretenden ser elegidos nuevo Fiscal, en agosto de 2009, ya comenzaron a mover sus cartas. En esa carrera por alcanzar uno de los cargos más importantes del país Sara Magnolia Salazar ha picado en punta.

Desde finales del año pasado, en diversos círculos existe el rumor de que el reemplazo de Iguarán será una mujer. Por eso, algunos sectores están impulsando desde ya el nombre de Salazar, a quien la idea, sin duda, le llama mucho la atención. Tanto, que allegados a ella y funcionarios de la Fiscalía no dudan en afirmar que ya está en plena campaña. Son bien conocidos los acercamientos y las reuniones que Salazar ha sostenido con personas y grupos interesados en que ella sea fiscal general. Cuenta con el respaldo de un reconocido columnista de derecha, ex ministro de este gobierno, quien se ha encargado de promover su nombre entre influyentes sectores.

Uno de los mayores empresarios del país, amigo personal del presidente Álvaro Uribe y quien es uno de los más grandes beneficiarios de contratos del Estado, es el encargado de promover y acercar a Salazar con influyentes círculos económicos, especialmente en Antioquia. En diversos escenarios Salazar ha afirmado que su aspiración cuenta con el respaldo de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

SEMANA estableció que si bien goza del aprecio de un sector de la DEA, no significa que la embajada vea con buenos ojos su pretensión de ser fiscal. Reserva que también tienen otras representaciones diplomáticas europeas.

Salazar también ha buscado acercarse a la Casa de Nariño y ha sostenido reuniones con algunos altos funcionarios de Palacio en busca de que Uribe la incluya en la terna. Esas reuniones no han caído bien en la Fiscalía y en la Corte de Suprema, pues no consideran prudentes ese tipo de acercamientos por parte de Salazar, quien es la encargada de adelantar la investigación contra funcionarios de la Casa de Nariño por el episodio de las

reuniones clandestinas con alias 'Job' y otros enviados de 'Don Berna'.

La carta y la denuncia ante la Comisión Interamericana son vistas como un seguro para Salazar, que le garantiza su permanencia en la Fiscalía por ahora.

Aunque no ha revelado su aspiración públicamente, Salazar ya empezó a moverse con fuerza. Lo malo es que en esa carrera por la Fiscalía, en la cual todo se vale, la más perjudicada pueda ser la propia institución.
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