El caso de ‘chuzadas’ que agita a Cartagena

En los últimos años, Cartagena ha sido foco de escándalos de corrupción en los que se han visto involucradas las administraciones locales, responsables de la perpetuidad de factores como la inseguridad, la mala movilidad, la desigualdad y la pobreza en gran parte de la población, entre otros. 

Pero cuando la marea parecía estar en calma, llega un escándalo que convulsiona nuevamente la situación de la capital de Bolívar. Ahora no está involucrada la administración local, sino los organismos de control. Patricia María Lozano, delegada de la Procuraduría en Bolívar, es acusada de haber grabado ilegalmente las conversaciones de un fiscal.  

En 2011 la abogada adelantaba un proceso disciplinario sobre un supuesto fraude en las elecciones al Congreso en 2010. Con su investigación en mente, el 7 de septiembre de 2011 Lozano se reunió con el fiscal Álvaro Hernández Pianeta, adscrito a la Unidad de Administración Pública y quien investigaba penalmente ese mismo caso.

Justo cuando estaban reunidos –según la Fiscalía-, llegó Germán Ordosgoitia, excandidato a la Cámara y denunciante de las irregularidades en los escrutinios, quien se refirió en la reunión al actual representante a la Cámara, Hernando Padaui Álvarez, uno de los cuestionados por su elección como congresista.

Sin consultarlo, Lozano grabó toda la reunión. Fuentes de Semana.com, aseguran que el objetivo de la abogada era favorecer al actual representante Padaui.  

Como parte de sus funciones, Lozano realizó un acta de visita en la que no dejó registro de  ninguna novedad. Sin embargo, después hizo otra distinta en la que reseñó cada uno de los puntos tratados.

Esa segunda acta y el audio llegaron a manos del congresista Padaui y de algunos medios regionales. Es decir, Lozano entregó una información que debería tener reserva absoluta por hacer parte de un proceso disciplinario.

Padaui utilizó la grabación para interponer una queja ante la Dirección Seccional de Fiscalía contra el fiscal Hernández Pieneta, por supuesto constreñimiento.

Pero la denuncia se invirtió. Ahora Lozano es acusada por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, utilización de información sometida a secreto o reserva y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

En marzo de este año, la abogada ya había sido detenida por agentes del CTI de la Fiscalía y puesta a disposición de las autoridades. El fiscal seccional encargado del caso solicitó arresto domiciliario, sin embargo el juez 8o. Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartagena se abstuvo de imponerla y le concedió la libertad.

En ese momento, a pesar de los graves señalamientos, Lozano pudo seguir al frente de su cargo en el Ministerio Público.

Sin embargo, hace unas semanas el juez Sexto Penal Municipal, dictó orden de captura contra la abogada y el CTI de la Fiscalía le arrestó a las 11:00 a. m. en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de la capital de Bolívar.

En este momento Patricia se encuentra con detención domiciliaria y está a la espera de que inicie el proceso en su contra. Será la justicia la que determine su culpabilidad y resuelva este verdadero embrollo que sacude la escena política cartagenera.