Planeación de Cartagena tenía conocimiento de irregularidades en obras

Si algo ha quedado claro después de la tragedia ocurrida en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, en la que murieron 21 personas, es que la Secretaría de Planeación, la dirección de Control Urbano, los alcaldes locales y los organismos de control distrital tenían conocimiento de las irregularidades que estaban ocurriendo en la ciudad.

Esas que han quedado en evidencia con los resultados obtenidos por los 15 grupos de brigadas de inspección realizadas a las obras que se construyen en la ciudad. En ellas se encontró que más de 96 obras hasta el momento no tienen licencia de construcción, ni cumplen  con las normas mínimas de urbanismo.

Le puede interesar: Desplome de edificio en Cartagena, una tragedia que suma todos los males

Y no sólo las entidades locales tienen conocimiento de lo que ha venido ocurriendo en Cartagena. También lo sabían desde 2016 la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, entidades esta última que el miércoles pasado asumió con un equipo especial de trabajo la investigación disciplinaria y el acompañamiento a las víctimas en virtud del poder preferente. El Procurador Fernando Carrillo anunció la medida desde Cartagena y dejó encargado del equipo al Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa.

La Procuraduría Provincial y las entidades de control distrital, contraloría distrital y personería tenían conocimiento también desde junio de 2016 de las irregularidades que se venían presentando en la ciudad, porque fueron citados al debate. Y al terminar el debate, fueron notificados ampliamente por un oficio enviado por el concejal Cesar Pión.

A ese debate fueron citados la saliente Secretaria de Planeación, Luz Helena Paternina, la secretaria de Espacio Público, Carolina Arreola; el personero Distrital, William Matson; la contralora distrital Nubia Fontalvo; la directora de Control Urbano, Lady Ann Steer; los  alcaldes de las tres localidades, los dos curadores urbanos, la Oficina de Registro de Instrumento Públicos y el procurador Provincial de Cartagena de entonces.

En ese debate, el concejal David Caballero reprochó a los funcionarios comparecientes la falta de respeto con esa corporación al no entregar oportunamente los informes que les habían solicitado para poder preguntarles en el debate sobre las actuaciones de acuerdo con las funciones de cada entidad.

Cada funcionario tenía que contestar preguntas relacionadas con sus funciones. En ese orden de ideas, Instrumentos Públicos debía entregar una relación de licencias con objeciones y supuestas falsedades. A los curadores, por su parte, se les pidió informar del número de licencias expedidas desde 2012; a los funcionarios del Distrito, explicar a quién correspondía verificar si las construcciones cumplían con las licencias aprobadas por las curadurías pues estas decían que no estaba dentro de sus funciones.

En el debate, los alcaldes locales debían entregar una relación de todas la construcciones y los actos de vigilancia y seguimiento a cada obra en sus localidades, así como una relación de construcciones suspendidas por irregulares; además de relacionar las denuncias realizadas por los funcionarios de Control Urbano. La Contraloría fue exhortada a informar sobre los controles realizados a las curadurías, alcaldías locales y control urbano en las competencias de cada uno.

¿Qué respondieron?

Los curadores dijeron haber enviado la relación de licencias expedidas desde 2012, mientras la Curaduría 1 aprobó 1.589 licencias, la Curaduría 2 aprobó 1.100, para un total de 2.689 licencias durante cinco años, un promedio de 538 licencias por año lo que indica una gran actividad constructora.

¿Si las aprobadas eran 538 licencias legales por año, cuántas serían las ilegales? El concejal citante al debate, Cesar Pion, afirmó que de acuerdo con un informe del diario El Universal del año 2013, las licencias de construcción ese año aumentaron un 79%, pero ya en abril de 2012 el mismo diario cartagenero había informado que las construcciones ilegales en Cartagena eran –aproximadamente- el 80% del total de todas las obras que se estaban construyendo en la ciudad.

Le recomendamos: Cartagena: los otros edificios de arena

La pregunta es, ¿cómo hicieron los funcionarios del distrito para no ver esa cantidad de obras?

Durante la semana pasada, las brigadas encargadas de hacer el barrido de obras, encontraron 96 sin licencias, más otras 15 con documentación incompleta o que están violando alturas y retiro, sin incluir la calidad de los materiales.

Ante ese volumen, el balance de las sanciones, suspensiones y multas impuestas por los alcaldes locales en periodos anteriores resultó insuficiente. El alcalde de la localidad 2, Gregorio Rico dijo que a la alcaldía habían llegado 48 licencias, unas de demolición y otras de construcción, pero en sus funciones de control selló tres obras. En esa localidad, Control Urbano, los alcaldes e inspectores, en sólo tres días encontraron en 22 obras inspeccionadas, sólo seis tenían licencia. Pero de las seis, sólo dos reunían toda la documentación.

Igual ocurre con las otras dos localidades. En la número tres, por ejemplo, de 22 construcciones, 10 tenían licencia, 8 no tenían y de esas 8, tres no reunían todos los requisitos. En cuatro de las construcciones no había ni obreros ni vigilantes.

El mayor número de obras sin licencia encontradas esta semana estaban en la Localidad 1, la turística e histórica. Allí inspeccionaron 76 obras, de las cuales sólo 20 tenían licencia de construcción.

La directora de Control Urbano durante los primeros meses del gobierno de Manuel Duque, Lady Ann Steer, dijo que, al asumir su cargo, encontró 1.800 quejas a las que no le dieron trámite durante el gobierno de Dionisio Vélez, pero ella logró atender a 700 personas y diseñó un plan de acción que, por los resultados vistos hasta ahora, habría sido desatendido por su sucesor Olimpo Vergara.

A la indudable falta de control urbano en Cartagena, se suma lo que dijeron los alcaldes e inspectores de policía: con una arquitecta, un abogado y sin las herramientas logísticas para ejecutar un plan de vigilancia y control muy estricto les resulta difícil ejercer vigilancia e imponer sanciones a quienes violan las normas, que en su mayoría tienen o buscan respaldo en un jefe político para que no los sancionen o les sellen las construcciones. La Alcaldía tiene la responsabilidad de dotar todas sus dependencias de personal adecuado, pero eso no ha pasado.

Un exsecretario de despacho de la Alcaldía que pidió la reserva de su nombre, dijo a Semana.com que Control Urbano es la dependencia más apetecida en términos de clientela y favores políticos. Esa afirmación puede dar para una interminable polémica. Lo cierto del caso es que las funciones de vigilancia y control que no se ejercieron para evitar que ocurriera la tragedia del edificio Blas de Lezo tienen al alcalde Manolo Duque, a la exsecretaria de Planeación, al exdirector de Control Urbano y a los alcaldes locales bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación.

Semana.com se comunicó desde Barranquilla con la exsecretaria de planeación Luz Helena Paternina para conocer su versión sobre las gestiones realizadas durante el periodo en el que estuvo en el cargo, pero dijo que hablaría  personalmente para poder explicar con los soportes qué fue lo que ocurrió en estos 16 meses de la actual administración.